Los propietarios del terreno ubicado en Rufino ya habían sido notificados en otras oportunidades por hacer trabajos no habilitados que alteraban los escurrimientos naturales de aguas a la Laguna La Picasa. Tras sucesivas denuncias, el gobierno provincial informó que a través del Ministerio de Obras Públicas se volvió a intimar a la familia dueña de la estancia por la construcción de canales clandestinos para conducir el agua de sus hectáreas de campo, que generó graves daños a los vecinos rurales de región, principalmente anegamientos.
Debido a la falta de respuesta, las fuerzas de seguridad acompañaron a operarios del área de Recursos Hídricos que actuaron de oficio para resolver la situación. Los responsables ahora deberán afrontar los costos que demandó el operativo y una multa establecida por la Ley de Aguas.
“Esta obra había sido clausurada en 2017. Con los expedientes verificamos el estado actual de cada una de las denuncias que se habían iniciado durante 2015/2019 y otras en el período 2019/2023. En este caso fuimos y constatamos con un equipo técnico que la obra había vuelto a ser activada. Como consecuencia se incrementaron los caudales que llegaban a la laguna y luego de la constatación en febrero, intimamos los propietarios del campo a que retrocedieran y no hicieron caso”, relató el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich a INFOROSARIO.
“Con el acompañamiento del Ministerio de Seguridad y al poder entrar a la propiedad se hicieron tres tapones sobre el canal y quedó cerrado por completo .Era irregular y conducía un mayor caudal del que naturalmente iría hacia el sector de descarga, generando daño a otros productores. En este caso se vieron afectadas las propiedades rurales cercanas por los anegamientos de sus parcelas productivas y todos aquellos que se vieron perjudicados por el crecimiento de la laguna”, amplió el funcionario.
Según informó la Provincia, el allanamiento fue realizado por la Unidad de Atención de Procedimientos perteneciente a la Secretaría de Recursos Hídricos junto a personal policial. Los equipos llevaron a cabo el procedimiento de sumario administrativo cumpliendo con la “Ley de Aguas” (Nº 13740) y las resoluciones reglamentarias, lo que determinó la clandestinidad de la obra. Además del trámite administrativo que se abrió para cobrar una multa y los propietarios deberán pagar los costos del operativo que se llevó adelante. El caso será tomado por Fiscalía de Estado.
Nicolás Mijich dejó en claro que la decisión del gobierno provincial y en particular de su área es apuntar al ordenamiento hídrico: “Claramente es una prioridad de la gestión como también el control del cumplimiento de la ley, no es esta la primera obra que desactivamos en estos meses de gestión. Tomamos un rol protagónico por ley y por ser autoridad del agua apuntamos al ordenamiento hídrico en todo el territorio de la provincia. En ese marco buscamos jerarquizar el tratamiento de obras irregulares y para ello retomamos algunas gestiones que habían quedado pausadas”.
Por otro lado, el secretario de Recursos Hídricos señaló que las personas que quieran denunciar una obra pueden hacerlo presentándose en alguna dependencia pública o de manera anónima a través de www.santafe.gob.ar. “Si comprobamos que la obra genera daño vamos a estar llevando adelante los procedimientos como el antes mencionado”, concluyó.
