El jueves pasado Javier Milei, rodeado por los miembros de su gabinete, miró fijo a la cámara y dijo lo que ningún funcionario de gobierno, ni él mismo, pensó decir durante dos años: que las Malvinas son argentinas, que los isleños son "una población implantada en territorio usurpado" y que no tienen derecho legítimo a la autodeterminación, un cambio tan drástico con lo que el universo libertario declamaba hasta no hace mucho tiempo, que no se sabía si eran clones o los auténticos que sufrían algún tipo de conmoción.
Ya en la de madrugada del viernes, mientras el país todavía procesaba el anuncio, el Boletín Oficial publicó dos decretos que hablan menos de las islas que de otra cosa: presupuesto reforzado para las Fuerzas Armadas, una base naval en Ushuaia que Washington negocia ayudar a financiar, y un Consejo de Seguridad Nacional que junta, por primera vez, a la SIDE con Defensa, Cancillería y Economía bajo un mismo mando. La épica fue el 3 de septiembre. El resto empezó mucho antes, y en algunos tramos toca 1982.
La cadena nacional, medida por medida
El discurso presidencial trajo cinco anuncios concretos. El primero, sanciones más duras: inhabilitación y "juicio en ausencia" para empresas —y ahora también proveedores, accionistas y directores— que exploten hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina. El segundo, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso con carácter urgente. El tercero, la creación formal del Consejo de Seguridad Nacional, que integra por primera vez bajo un mismo mando a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El cuarto, la promesa de acelerar "mediante un DNU" la Base Naval Integrada de Ushuaia. Y el quinto, la letra chica: dos decretos publicados esa misma madrugada.
El DNU 867/2026 refuerza los presupuestos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Estado Mayor Conjunto y la CONAE. El DNU 868/2026 traslada la autoridad de aplicación de las sanciones petroleras de Energía a Cancillería. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó el anuncio pero pidió "presupuesto, plazos y una articulación efectiva" con la provincia: una manera elegante de decir que, con los antecedentes que siguen, tiene motivos de sobra para desconfiar.
Un Consejo que ya venía firmado: el Escudo de las Américas
El Consejo de Seguridad Nacional no salió de la galera la madrugada del 4 de septiembre. Es la traducción institucional de un compromiso que Milei asumió siete meses antes. El 7 de marzo de 2026, en Miami, Donald Trump anunció la creación del Escudo de las Américas: una alianza de doce mandatarios —Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guyana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago— bajo el argumento de combatir el "narcoterrorismo" ligado a Irán y contener el avance comercial de China en la región. A la cumbre viajó una delegación completa: Karina Milei, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno. El compromiso se asumió sin pasar por el Congreso de ningún país firmante.
El 28 de mayo esa alianza se volvió papel: el "Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional", con la firma de Quirno y de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, que incluye coordinación fronteriza, fuerzas de tarea especializadas, intercambio de información en tiempo real, trazabilidad de flujos financieros ilícitos, equipos mixtos de investigación inter fronterizos y extradiciones expeditas. Ninguno de los dos documentos menciona a la SIDE, a Defensa ni a la base naval de Ushuaia por su nombre. Pero el organigrama que crea el Consejo de Seguridad Nacional en septiembre —inspirado, según trascendió, en la ley estadounidense de 1947 que fundó el National Security Council y la CIA— es exactamente la estructura que ese compromiso necesita para funcionar puertas adentro: un mando único que integre Seguridad, Defensa, Cancillería, SIDE y Estado Mayor Conjunto.
El capítulo Palantir
Hay, además, un dato que no apareció en ningún anuncio oficial. En junio de 2026, sin pasar por el Congreso, el ministro de Defensa Carlos Presti firmó con el embajador estadounidense Peter Lamelas dos acuerdos bilaterales de defensa: acceso a combustible militar preferencial y la incorporación de la Argentina al mercado digital de drones y antidrones del Ejército de EE.UU. Alrededor de esa cooperación militar orbita, según trascendió, "cooperación" tecnológica canalizada a través de una empresa llamada Arsoft US y sus asociadas MeetKai, XRF.AI y Grupo Arecco, que operan en el mismo ecosistema de tecnología de defensa e inteligencia artificial que Palantir, la compañía de Peter Thiel. Presti asistió, de hecho, el 22 de mayo de 2026 a una demostración de sus sistemas orientada a crear un "Gemelo Digital de la República Argentina" con fines de mando y control militar.
El nombre de Thiel no es una asociación libre: se reunió con Milei en Casa Rosada el 23 de abril de 2026. Un mes después, el 22 de mayo, el propio Presti y la ministra de Capital Humano presentaron el "Gemelo Social Digital", un proyecto de modelado poblacional con fines de "mando y control" que la Fundación Vía Libre vinculó directamente a Palantir, aunque el Gobierno lo negó públicamente. Puertas adentro de La Libertad Avanza, según trascendió, el proyecto abrió una disputa entre Patricia Bullrich y Karina Milei por quién controla esos datos.
Especialistas en privacidad advirtieron sobre riesgos concretos: Maximiliano Firtman alertó que la inteligencia artificial permite "desanonimizar" información supuestamente agregada; Marcelo Temperini recordó el fallo de la Corte Suprema conocido como "Torres Abad" (2025), que limita el acceso estatal a datos personales; y Enrique Chaparro, de Vía Libre, sumó una alerta que conecta con el otro extremo de este expediente: el riesgo de espionaje derivado de memorandos de cooperación en inteligencia artificial firmados con Israel, con antecedentes en la Unidad 8200.
En el Congreso, el diputado Agustín Rossi pidió informes por el Gemelo Digital, y la senadora Cándida Cristina López junto al diputado Pablo Juliano presentaron proyectos exigiendo explicaciones sobre soberanía y propiedad de los datos de inteligencia que quedarían en manos de estas empresas. No es la primera vez que el aparato estatal argentino sufre filtraciones: hay antecedentes de vulneración de datos de RENAPER, ANSES, unos 50.000 legajos militares en 2025 y más de 900 dominios gubernamentales comprometidos en mayo de 2026.
La contrapartida y los que no firmaron
La contrapartida visible de todo este esquema: Washington aprobó la venta de helicópteros Black Hawk y carros blindados Stryker a la Argentina, condicionada a que el Congreso estadounidense la autorice antes de septiembre de 2026, en un paquete que la propia prensa liga sin vueltas a litio —Argentina provee cerca del 43% del litio que importa Estados Unidos —y junto con Chile, un 97%—— y a Vaca Muerta. Brasil, México y Colombia no firmaron el compromiso original de marzo. Sobre por qué, hay versiones cruzadas: Gustavo Petro sostuvo que los tres países ni siquiera fueron invitados, mientras Trump aseguró lo contrario y dijo que "tal vez no quisieron venir".
Los tres compartían, en ese momento, gobiernos identificados como de centroizquierda frente a un bloque de firmantes mayoritariamente de derecha, y Brasil venía de rechazar los ataques militares de Estados Unidos contra Irán, socio suyo en los BRICS. Colombia sí terminó sumándose, el 7 de agosto de 2026, pero no bajo Petro: fue ya con su sucesor en la presidencia, Abelardo de la Espriella.
El Escudo, mientras tanto, ya tiene forma operativa concreta. Entre mayo y junio de 2026, durante 42 días, se realizó "Daga Atlántica", el mayor ejercicio conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales hecho hasta ahora en el país: unos 15 efectivos de boinas verdes, Navy Seals y otras fuerzas especiales estadounidenses junto a al menos 70 militares argentinos —más de 350 efectivos en total, sumando apoyo logístico y civil—, en fases realizadas en Punta Alta, Moreno y Córdoba, buscando interoperabilidad "nivel OTAN".
El Gobierno había confirmado en abril que lo sostendría pese al paralelo conflicto en Medio Oriente. El 4 de agosto el Comando Sur lanzó la "Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental" (JTF-WHEM) con dieciocho países, incluida la Argentina, rebautizando la estrategia regional como "Doctrina Donroe". Y en el ejercicio Panamax 2026 la Argentina asumió, junto a Estados Unidos, la conducción del componente de operaciones especiales. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata lo resumió claramente: sin una integración regional propia, la Argentina "terminará una vez más siendo objeto de estrategias ajenas".
1982, otra vez
Es tentador —y arriesgado— trazar la línea recta entre el 3 de septiembre de 2026 y el 2 de abril de 1982. Pero hay demasiados puntos de contacto como para no intentarlo, y el primero es el más incómodo: en los dos casos, un gobierno con la economía en llamas encontró en Malvinas una salida. A mediados de 1981 la dictadura del Proceso atravesaba una crisis económica severa que llevó a los partidos políticos a formar la Multipartidaria, exigiendo el retorno de la democracia. El 30 de marzo de 1982 la CGT marchó a Plaza de Mayo bajo la consigna "Paz, Pan y Trabajo"; el régimen respondió deteniendo a unas 2.074 personas en el Microcentro porteño. Tres días después, la Argentina desembarcó en las islas. La guerra funcionó, al menos por unas semanas, exactamente como se esperaba: las protestas sindicales y políticas desaparecieron, y buena parte de la dirigencia —incluida la opositora— se subió al apoyo nacional.
El segundo punto de contacto tiene nombre propio: Jeane Kirkpatrick, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que simpatizaba abiertamente con el régimen encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri, al punto de que su propia crónica diplomática la señala como quien alimentó en la dictadura la creencia de que Washington respaldaría la operación. La lógica era la doctrina que ella misma había formulado para la era Reagan: la distinción entre dictaduras "autoritarias" —aliadas útiles contra el comunismo— y regímenes "totalitarios" (el enemigo).
El propio Departamento de Estado admitió después que no quería "alienar a los argentinos", vistos por la administración Reagan como socios clave para frenar el avance soviético en el hemisferio. Esa cercanía, sumada a la cooperación militar previa de la dictadura argentina con Washington en Centroamérica, alimentó en el entorno de Galtieri la lectura de que Estados Unidos no se opondría a una acción militar en el Atlántico Sur. Kirkpatrick chocaba puertas adentro del propio gabinete de Reagan con el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, que favorecía a Gran Bretaña desde el primer día. Cuando la mediación diplomática terminó de fracasar, a fines de abril, Estados Unidos giró y terminó apoyando abiertamente al Reino Unido —con inteligencia satelital, combustible y misiles Sidewinder—: la misma potencia que había alimentado la ilusión de vía libre terminó, cuando llegó el momento, del otro lado del mostrador.
Hay un tercer punto de contacto, menos citado, que el filósofo León Rozitchner señaló en Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia. A fines de abril de 1982, en plena guerra, la dictadura sostenía en danza el programa de desregulación y privatización de empresas públicas más agresivo de su historia hasta entonces. Lo conducía Roberto Alemann, el ministro de Economía que había asumido en diciembre de 1981 con el objetivo declarado de "desregular, desestatizar y desinflacionar", ni siquiera había sido consultado sobre el desembarco del 2 de abril: se enteró volviendo de una reunión del BID en Cartagena, y no compartía la decisión.
Los primeros tres meses de disciplina fiscal habían empezado a bajar la inflación; con la guerra, ese plan "prácticamente desapareció", y con la derrota y la salida de Galtieri en junio, desapareció también Alemann del gabinete y de la escena pública, sin volver a ocupar un cargo público. La promesa de privatizaciones quedó, en la lectura de Rozitchner, cancelada por la propia guerra que la tapaba. Cuarenta y cuatro años después, un gobierno que también corre en paralelo un programa de desregulación y privatizaciones —con un astillero estatal en el centro de la escena, como se ve más abajo— vuelve a montar su relato sobre Malvinas al mismo tiempo. La pregunta no es si la historia se repite calcada: es qué tan casual es que, otra vez, la gesta y el ajuste caminen juntos.
La actualización de 2026 tiene su propia versión del aval frágil. El supuesto "documento del Pentágono" que circuló en abril de 2026 —con mención a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte de una revisión de respaldo a "posesiones imperiales" europeas— nunca fue un informe oficial enviado al Congreso estadounidense: fue un correo electrónico interno filtrado, reproducido primero por Reuters y luego por la prensa británica, cuya autenticidad nunca se verificó de manera oficial.
Y el propio embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, salió a desmentir cualquier giro de política el 16 de agosto de 2026: "Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado", dijo, y sobre el memo agregó: "Yo no sé eso específicamente, pero sí sé que había un correo electrónico, solamente un email". El Departamento de Estado reafirmó esa neutralidad oficial el mismo 4 de septiembre, mientras Milei hablaba por cadena nacional.
Especialistas como Garrett Martin, de American University, describieron el enfoque de Trump como "muy transaccional": una ambigüedad calculada para presionar a Londres por gasto en la OTAN y por Irán, no un giro de política de fondo. Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), calificó el discurso de Milei directamente de "aprovechamiento político" de cara a las elecciones de 2027. Es, otra vez, la distancia entre un gesto y un compromiso que ya le costó cara a Galtieri.
El presidente que hace tres años decía que era "un disparate"
El giro no es solo de tono: es de contenido, y queda documentado con las propias palabras de Milei a lo largo de los años. En 2018 dijo, sobre la guerra de 1982: "cuando Argentina recupera las Malvinas […] yo dije que era un disparate porque nos iban a hacer de goma". En 2022 propuso el modelo Hong Kong: "automáticamente Inglaterra le devolvió Hong Kong a China. Acá hay que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta la voluntad de las personas que viven en las islas" (la autodeterminación de los isleños, en su propia fórmula).
En el debate presidencial de 2023 dijo, sin épica, como un dato de gestión: "nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos". En 2024, a la BBC, fue más lejos todavía: "no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan […] y admiro profundamente a Winston Churchill" —la primera ministra que condujo la guerra que la Argentina perdió, elogiada sin matices—. La admiración no quedó solo en palabras: el 14 de octubre de 2024 Milei recibió en Casa Rosada al ex primer ministro británico Boris Johnson —que en más de una ocasión desconoció la soberanía argentina sobre las islas y llegó a plantear usar al ejército británico para "defenderlas"— y lo llevó a saludar con él desde el balcón, un gesto sin precedentes para un ex mandatario británico, que generó fuertes críticas por su significado simbólico. Y todavía en 2025, apenas un año antes de la cadena nacional, seguía sosteniendo la autodeterminación como criterio: "anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros". A eso se suma un dato de agenda que no necesita comentario: en enero de 2024, en Davos, Milei calificó su encuentro con el entonces canciller británico David Cameron como "excelente y muy cordial". Menos de tres años después anuncia sanciones contra empresas británicas por Malvinas.
Tres cancilleres, tres posturas
El vaivén no es solo del presidente: pasó por tres cancilleres distintos. Diana Mondino, en 2024, priorizó "no discutir soberanía, sino otros temas de mucha importancia" —vuelos y temas humanitarios por sobre el reclamo territorial—; fue desplazada en octubre de ese año, tras el voto argentino en la ONU contra el embargo a Cuba. Gerardo Werthein, entre 2024 y 2025, profundizó la relación comercial con Londres sin ningún avance en soberanía.
Y Pablo Quirno, desde octubre de 2025, giró hacia el reclamo duro: ya en junio y julio de 2026 denunció la "militarización" británica ante la ONU y protestó por el movimiento del buque HMS Medway. El propio Milei, meses antes, había anunciado en diciembre de 2025 —en una entrevista con The Telegraph— que negociaba con Londres el levantamiento del embargo de armas por la guerra de Malvinas; el gobierno británico lo desmintió ese mismo día.
El vaivén tampoco se limita a la Cancillería: otras funcionarias del propio gabinete muestran la misma tensión. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, avaló apenas seis semanas antes de la cadena nacional —el 14 de julio de 2026, en la previa del partido Argentina-Inglaterra del Mundial— prohibir el ingreso a la cancha con banderas o remeras que mencionaran Malvinas por considerarlas "contenido político", una medida que generó una ola de indignación en redes. Y Patricia Bullrich, hoy en la mesa chica que diseña la respuesta sobre Malvinas, tiene su propio historial: en 2021 dijo que a Pfizer "le podríamos haber dado las Islas Malvinas" a cambio de vacunas, y el mismo 4 de septiembre de 2026, horas después de la cadena nacional, salió a bancar sin fisuras a Margaret Thatcher —"una cosa es Thatcher economista y otra cosa es Thatcher al frente de la guerra"—, sin animarse a llamarla "enemiga" pese a haber conducido la guerra que le negó la soberanía a la Argentina.
¡Es el petróleo, estúpido!
Hay una sola empresa israelí perforando en aguas de Malvinas, y este Gobierno la conoce bien: se llama Navitas Petroleum, y es socia de la británica Rockhopper Exploration en el proyecto Sea Lion, el yacimiento que puede llegar a los 180.000 barriles diarios. Es, literalmente, uno de los blancos del DNU 868/2026. Y es, también, la prueba de que este Gobierno viene mirando para otro lado desde hace más de dos años.
El 2 de abril de 2026, en el aniversario de la guerra, Milei calificó las operaciones de Navitas de "unilaterales e ilegítimas". Pero desde diciembre de 2023 su Gobierno no impulsó una sola medida punitiva nueva contra la empresa: dejó vigente la inhabilitación por 20 años que ya existía —dictada en 2022, durante la administración de Alberto Fernández— pero no avanzó con ninguna acción administrativa o judicial adicional. El CEO de Navitas, Amit Kornhauser, fue explícito: la Decisión Final de Inversión del proyecto avanzó "sin ninguna interferencia" del Gobierno argentino, algo que interpretó como un respaldo tácito al derecho de autodeterminación de los isleños.
Mientras tanto, el propio Gobierno describe su vínculo con Israel como de "alineamiento total": entre el 19 y el 22 de abril de 2026 —dos semanas después de llamar "ilegítima" a la operación de Navitas— Milei viajó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu por los festejos de independencia. No trascendió ninguna reunión con ejecutivos energéticos ni ninguna mención pública a Sea Lion.
Acá aparece la parte que el anuncio de septiembre prefiere no subrayar: la Argentina no necesitaba una ley nueva. La Ley 26.659 —conocida como "Ley Pino Solanas"— fue aprobada por unanimidad en marzo de 2011, en pleno primer mandato de Cristina Kirchner, y ya preveía inhabilitaciones de 5 a 20 años para quien explore o explote hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. La Ley 26.915, de 2013, le agregó penas de cárcel: de 5 a 10 años por exploración, de 10 a 15 por extracción o transporte, extensibles a "directores, gerentes, administradores y representantes". Con ese arsenal legal, Rockhopper ya había sido inhabilitada por 20 años en 2013, y Navitas en 2022. Ninguna de las dos pisó una causa penal contra una sola persona.
El motivo, investigado a fondo, es la jurisdicción. Hay una sola causa judicial activa: en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, iniciada en septiembre de 2026 por el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados de Ambiente y Recursos Naturales para frenar las operaciones de Sea Lion —pero dirigida contra las sociedades, no contra sus directivos, y todavía debatiendo su propia competencia—. El Gobierno reconoció el nudo del problema al anunciar que impulsará el "juicio en ausencia" contra ejecutivos extranjeros, una herramienta creada en 2025 para causas de terrorismo —como el atentado a la AMIA— y crímenes de lesa humanidad, hoy inaplicable a delitos económicos sin una reforma legal previa del Congreso.
El ex secretario de Malvinas Guillermo Carmona lo resumió en una frase que este expediente suscribe: "el desafío no pasa por crear nuevas sanciones, sino por aplicar las herramientas que ya contempla el ordenamiento jurídico argentino". Lo que hace la reforma que Milei manda al Congreso en septiembre de 2026 es, en los hechos, una mudanza de escritorio: traslada la autoridad de aplicación de Energía a Cancillería y suma como responsables a "proveedores, accionistas y directores". Amplía el universo de sancionables. No resuelve por qué, quince años después de la ley original, la Justicia federal nunca avanzó una causa penal contra un solo directivo.
2022: la otra herencia kirchnerista
Hay una segunda decisión heredada del kirchnerismo en esta trama, además de la ley de hidrocarburos: la Base Naval Integrada de Ushuaia. Y su historia, otra vez, tiene quince años.
El Ministerio de Defensa redactó el primer "plan de necesidades" para una base naval integrada en Ushuaia en 2010-2011; un año después, con financiamiento del BID, la provincia presentó un proyecto conexo: un enclave logístico multimodal hacia la Antártida. En 2016 un proyecto legislativo en Diputados detalló por primera vez las funciones específicas de la futura base. El 4 de marzo de 2022 el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana colocó la piedra fundamental: nació el Polo Logístico Antártico, y trascendió que Rusia y China podrían participar del financiamiento, una posibilidad que generó ruido meses después, con la invasión a Ucrania de por medio.
En junio de 2023 la empresa LeoLabs —fundada en California como spin-off de SRI International, con filiales en Reino Unido e Irlanda y contratos por más de US$20 millones con "agencias gubernamentales de EE.UU. y aliados"— pidió instalar un radar espacial en Tolhuin, a 600 kilómetros de Malvinas. Taiana recomendó no autorizarlo: "afecta la soberanía argentina y habilita el acceso a información clave del país a una potencia extranjera". El permiso quedó suspendido.
En abril de 2024 Milei frenó el impulso de la obra y entró en escena el Comando Sur: viajó de sorpresa a Ushuaia para reunirse con la generala Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de EE. UU., después de que el gobernador Gustavo Melella se negara a recibirla. El presidente rebautizó el proyecto como "centro logístico" y habló de la Argentina y Estados Unidos como "la puerta de entrada al continente blanco".
Entre mayo de 2024 y abril de 2025, según el informe 142 de la Jefatura de Gabinete, el avance físico de la obra quedó congelado en 9,13%; el presupuesto 2025 no previó un solo peso para la base. En noviembre de 2024 el almirante Alvin Holsey relevó a Richardson al frente del Comando Sur, y en abril-mayo de 2025 visitó la Argentina para retomar las conversaciones, remarcando la importancia de la zona para "la protección de rutas marítimas vitales para el comercio global"; según cobertura fueguina de esa fecha, el Gobierno ya analizaba entonces la reactivación del radar de LeoLabs como parte de las condiciones técnicas que EE.UU. propondría a cambio de financiar la base.
El caso del radar nunca se cerró: en septiembre de 2024 el propio Gobierno se había inclinado a habilitarlo alegando que "no tiene fines militares"; en abril de 2026 la Justicia anuló la inscripción societaria de LeoLabs; y desde junio de 2026 una comisión investigadora de la Legislatura fueguina, presidida por el diputado Pablo Villegas, sigue tomando testimonios —la propia empresa "sigue manteniendo firme su intención" de que el radar se habilite, según reportes de agosto de 2026—. Y así se llega a septiembre de 2026: con la SIDE, la Cancillería y Defensa reunidas en el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, Milei anuncia por cadena nacional que acelerará la obra "mediante un DNU". Quince años después del primer plan, y dos y medio después de que su propio Gobierno la frenara, el proyecto sigue, literalmente, en la etapa de los cimientos.
La propuesta que Milei relanzó
Lo que el Gobierno describe en público es una ampliación del muelle existente: unos 1.050 metros lineales de atraque, con profundidades de entre 6 y 16 metros, capacidad para buques de gran porte, talleres y logística antártica, con un costo estimado del proyecto completo de unos US$300 millones. El financiamiento saldría del mismo DNU 867/2026 que refuerza el presupuesto de Defensa. Puertas adentro, la discusión es otra: Milei impulsa un esquema de financiamiento directo del Pentágono —a cargo del secretario de Defensa Pete Hegseth— y no del Departamento de Estado o el Tesoro estadounidense.
El argumento oficial es "cooperación técnica", con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. como modelo, el mismo que ya opera en la Hidrovía Paraná-Paraguay desde el convenio firmado en marzo de 2024 con presencia del entonces embajador Marc Stanley, un convenio que también generó controversia por su falta de paso por el Congreso y por lo que varios sectores calificaron como una forma de injerencia militar en una vía navegable estratégica.
Pero el propio Comando Sur fue más lejos: ya desde 2025 el almirante Holsey le presentó a funcionarios de la Casa Rosada una propuesta, con planos ya elaborados, para instalar además una base de submarinos en Tierra del Fuego —un plan que la prensa fueguina seguía reportando como vigente y con los planos "ya finalizados" en mayo de 2026—. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, lo resumió apenas trascendió: "Ushuaia no se entrega. Esto es una cesión inadmisible de soberanía". Hay, también, un cronómetro corriendo: fuentes oficiales admiten que el Gobierno quiere cerrar el acuerdo antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos de noviembre de 2026, por temor a que el Partido Republicano pierda el control de alguna cámara del Congreso norteamericano.
Y hay una contradicción de fondo que este expediente encontró al cruzar las dos versiones oficiales: en julio de 2026 trascendió que el objetivo era que "el Pentágono financie y construya la base militar integrada" de manera directa, mientras el Tesoro estadounidense —con Scott Bessent de visita en Buenos Aires semanas antes— negociaba créditos por otra vía. Pero el propio Ministerio de Defensa le informó formalmente al Congreso, el mismo 4 de septiembre de 2026, que "no existe un acuerdo con Estados Unidos para construir una base conjunta", que Washington no aportó materiales ni fondos, y que la ejecución sería de "control exclusivo del Estado Argentino". Ninguna de las dos versiones trae montos ni plazos públicos. O el Gobierno le dice una cosa a la prensa y otra al Congreso, o el proyecto todavía no tiene ni siquiera eso resuelto puertas adentro.
El astillero partido en dos
Para entender por qué esta obra sigue en los cimientos hay que retroceder a 1991. Ese año se privatiza Tandanor y, en apenas veinte días, se vende la Planta I —8,5 hectáreas sobre Dársena Norte, detrás de Migraciones— a Puerto Retiro S.A. En 1999 esa sociedad pasa a manos de IRSA y Eduardo Elsztain asume como vicepresidente. Entre 2006 y 2013 la Justicia dicta sucesivas cautelares que prohíben modificar el predio o firmar contratos sobre él, hasta que el Decreto 315/2007, firmado por Néstor Kirchner, declara esa operación de "nulidad absoluta e insanable" —la Corte Suprema recién confirmó la constitucionalidad de ese decreto en noviembre de 2018—.
Ninguna de esas prohibiciones impidió que, entre 2017 y 2025, el lote funcionara como helipuerto y amarradero de lanchas, generando una renta que ningún tribunal convalidó: veinte años de una ocupación objetada por la Justicia que, aun así, nunca se resolvió. En junio de 2026 la propia Armada mostró alarma puertas adentro por un renovado interés de Elsztain y del Grupo Román sobre ese mismo predio, con lobby activo sobre el entorno de Santiago Caputo.
La empresa estatal —Tandanor propiamente dicho, 90% del Ministerio de Defensa y 10% en manos de los trabajadores por un Programa de Propiedad Participada, y la que efectivamente construye la base naval— es harina de otro costal: en 2023 cerró con un superávit de $1.278 millones sobre ingresos de más de $14.156 millones. No es una empresa quebrada que haya que rescatar: es, en los papeles, uno de los principales astilleros de la región, con capacidad para buques de hasta 15.000 toneladas y a cargo del mantenimiento del rompehielos Almirante Irízar, la nave que sostiene la presencia argentina en la Antártida. Aun así, en enero de 2024 el Gobierno remueve el directorio completo. El 18 de abril despide a 49 trabajadores —46 varones, 3 mujeres— y jubila a otros 36. El área más golpeada es Ingeniería y Construcciones, con 20 bajas: la que efectivamente construye la base naval que hoy promete acelerar. La segunda es Control de Gestión, con 10 despidos: el sector que concentraba, según fuentes internas, "toda la información referida al avance físico de los proyectos". "Va desarmando toda la estructura ósea de la empresa", resumió Jonatan Pucheta, secretario general del sindicato de Talleres y Astilleros Navales, con veinte años en la planta.
El interés inmobiliario de Elsztain tiene nombre puesto y ya está en marcha: Ramblas del Plata, un desarrollo de torres residenciales y espacios comerciales que IRSA construye sobre la ex Ciudad Deportiva de Boca —una propiedad que ya era suya, apenas unos metros al norte de Tandanor— y que ya lleva recaudados más de US$80 millones en comercialización según la propia IRSA. Ramblas del Plata no se levanta sobre las 34 hectáreas de Dársena Sur donde opera el propio Tandanor —ese predio sigue siendo, por ahora, de la empresa estatal—, sino sobre ese terreno vecino que Elsztain ya tenía.
La Legislatura porteña ya rezonificó esa zona para permitir oficinas y torres financieras. Dentro del propio Gobierno, algunas fuentes admiten fuera de micrófono que, sobre el predio de Tandanor, "el interés es inmobiliario y apunta a Elsztain". Y hay un dato de organigrama que no necesita interpretación: Nicolás Pakgojs, que venía de trabajar en IRSA, ocupa un cargo dentro del organigrama de privatizaciones del Gobierno. Vale subrayarlo porque es la clave de todo lo que sigue: el organismo que decide, en última instancia, qué empresas públicas se privatizan, se liquidan o se venden —Tandanor entre ellas— es la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y su titular es Diego Chaher. El vínculo Elsztain-Milei no es nuevo ni secreto: fue Elsztain quien acercó al entonces candidato a la comunidad judía ortodoxa Jabad Lubavitch, y buena parte del DNU de desregulación y la Ley Bases —la norma que habilitó el actual proceso de privatizaciones— se gestó en el Hotel Libertador, propiedad de Elsztain e IRSA, que funcionó como búnker de campaña y oficina de transición mientras Milei se alojaba ahí antes de asumir la presidencia.
La privatización formal de Tandanor, mientras tanto, sigue sin cerrarse pero tampoco se cayó —y la decisión final pasa, otra vez, por el escritorio de Diego Chaher—: la Ley Bases de 2024 la incluyó y después la excluyó del texto votado, pero en abril de 2026 Luis Caputo la volvió a poner en la lista de un plan de privatizaciones y concesiones por US$2.000 millones para ese año, junto con AySA, Transener, Intercargo y la Casa de la Moneda. Un mes después, sin embargo, el propio Ministerio de Economía aprobó por resolución el plan de acción y presupuesto 2026 de Tandanor como empresa estatal —señal de que, en los hechos, sigue operando como sociedad pública sin un proceso de venta cerrado—.
Dentro de La Libertad Avanza no hay unanimidad: en enero de 2024 la diputada Rocío Bonacci pidió que Tandanor, junto con VENG y Fabricaciones Militares, quedaran afuera de cualquier lista de privatización por su valor estratégico para la defensa nacional. El Gobierno nunca le contestó formalmente, y el proyecto no avanzó en comisión; en 2026, mientras Bonacci atraviesa una interna dura dentro de su propio bloque, no hay una sola nota que retome el reclamo.
El otro vecino: Chile
Una parte de la Base Naval Integrada se construye, literalmente, sobre suelo en disputa. En 2024 la Armada instaló paneles solares que invadían territorio chileno; el entonces presidente Gabriel Boric fue directo: "Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros". La Argentina los retiró. No fue un incidente aislado: la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2021 ya definía al Estrecho de Magallanes como un área para "reforzar la exploración, el estudio y el control conjunto", una frase que en Santiago se lee como ambición territorial disfrazada de cooperación. En enero de 2026 el contraalmirante Hernán Montero cuestionó la soberanía chilena en la boca este del estrecho, generando molestia diplomática sin protesta formal. El 25 de agosto de 2026 el brigadier Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea, dijo en un podcast que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" argentina; Chile envió una nota de protesta formal, y la canciller Pérez-Mackenna la calificó de "indiscutible". En septiembre, Milei se reunió con el presidente chileno José Antonio Kast: declaración conjunta, con ambos gobiernos reconociendo la soberanía chilena "sobre la totalidad" del estrecho.
El giro de septiembre no es casual: entre el episodio de Valverde y la declaración conjunta con Kast media el cambio de gobierno en Chile —de Boric a un presidente ideológicamente más afín a Milei— y la necesidad argentina de mostrar un flanco sudamericano ordenado justo cuando busca el respaldo de Washington. El encuentro fue en La Moneda, el jueves 3 de septiembre, y duró menos de una hora: el comunicado conjunto estableció que el Tratado de Límites de 1881 y el de Paz y Amistad de 1984 "establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho". Kast devolvió el gesto: ratificó el respaldo chileno a los "legítimos derechos soberanos" argentinos sobre Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y pidió a la Argentina y el Reino Unido "reanudar las negociaciones" por una solución pacífica.
El canciller Pablo Quirno lo dijo con todas las letras: Chile "también va a apoyar a la Argentina" si Buenos Aires necesita usar suelo chileno como apoyo logístico para la disputa por Malvinas. Pero la solidaridad diplomática convive con el negocio: navieras y autoridades de Punta Arenas, en la región chilena de Magallanes, avanzan en conectar comercialmente con las islas Malvinas —un intendente local llegó a proponer "utilizar otra bandera para los buques" para esquivar las sanciones que la propia Argentina exige aplicar—. Quirno ya avisó que las empresas que operen en las islas quedarán afuera de Vaca Muerta. Falta ver si esa amenaza alcanza también a los vecinos.
Lo que pide Washington
Ordenado, el pedido estadounidense tiene tres capas. La primera es control: financiamiento directo del Pentágono sobre una infraestructura que hoy es de la Armada argentina, con la Casa Blanca —no el Congreso ni la diplomacia tradicional— como interlocutor. La segunda es geografía: acceso a la única puerta bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico fuera de Panamá, y a la ruta más corta hacia la Antártida, justo cuando la competencia por recursos y presencia en el continente blanco vuelve a tensarse con Rusia y China de fondo. La tercera es tiempo: cerrar todo antes de que un Congreso distinto, después de noviembre, pueda revisar lo pactado. Una fuente del propio Gobierno, consultada por la prensa especializada, lo resumió así: "nunca, en ningún gobierno argentino, se había cedido tanto territorio y tanta Defensa al mismo tiempo".
Militares en actividad y retirados van más lejos: temen que el desenlace se parezca al de la base de Rota, en Cádiz, España, donde Estados Unidos opera y mantiene la instalación y el país anfitrión administra, como advirtieron fuentes de las Fuerzas Armadas citadas por la prensa, "un pedacito". La sospecha convive con una contradicción que el Gobierno no explicó: el mismo Federico Sturzenegger que sostiene que las Fuerzas Armadas están "sobredimensionadas" y no necesitan más recursos integra el gabinete que ahora promete modernizar buques, aviones y muelles con una inversión que, según las propias fuentes castrenses, no se condice ni con los sueldos ni con el estado real de las tres fuerzas.
Las partidas: Defensa y la SIDE
Todo lo anterior —la cadena nacional, la base, el astillero, las sanciones que no sancionan, el Escudo de las Américas— se paga con algo concreto: presupuesto. Y hay un capítulo de ese presupuesto que este medio viene siguiendo desde su primera entrega, porque es, literalmente, la caja que le da nombre a esta investigación: los gastos reservados de la SIDE.
El primer movimiento fue el DNU 614/2024, del 16 de julio de 2024, que disolvió la AFI y refundó la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Sergio Neiffert —hombre de confianza de Santiago Caputo— al frente. Una semana después llegó el salto más grande de toda la serie: el DNU 656/2024 sumó $100.000 millones íntegros a gastos reservados, un aumento del 778% que llevó la proporción de reservados sobre el presupuesto total del organismo del 8,6% al 75%. El Congreso lo rechazó en agosto y septiembre —Diputados primero, el Senado después, el 12 de septiembre, por 49 votos a 11—, la primera vez desde 1994 que ambas cámaras derogan un mismo DNU. Para entonces ya se había ejecutado cerca del 75% de los fondos. El DNU 186/2025, del 13 de marzo de 2025, sumó $7.366 millones —$1.625 millones a reservados— ocho semanas después de la asunción de Donald Trump, a la que Milei había asistido en Washington.
La Decisión Administrativa 10/2025, del 5 de mayo, sumó $25.250 millones más: solo el rubro de reservados había crecido 254% desde enero. Un mes después, la SIDE firmó un contrato con la consultora estadounidense de Caroline Wren para "servicios de lobby y asesoramiento" —parte de una red más amplia de consultoras (Tactic Global, CRB Global, Forward Global) que este medio documentó cobrándole a la SIDE por servicios de dudosa ejecución—. El DNU 849/2025, del 1° de diciembre, sumó $26.118 millones más (+32%), sin que la cobertura pública detallara cuánto de eso fue a reservados. Y el DNU 594/2026, del 16 de julio, sumó $49.261 millones (+50,7%; $7.466 millones a reservados) en plena instancia final del Mundial 2026 —coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá— y de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, con Marco Rubio, en el marco de la creación del Centro Nacional Antiterrorismo, asesorado por el FBI y coordinado por Cristian Auguadra bajo el concepto de "amenaza interna". Ese mismo decreto ordenó, casi de paso, un aporte "extraordinario" de más de $280.510 millones de la SIDE al Tesoro nacional —casi el doble del presupuesto anual completo del organismo—.
El decreto de septiembre —el DNU 867/2026, que modificó el Presupuesto 2026 ya votado por el Congreso— también es, en los hechos, un nuevo aumento a la SIDE: una revisión del Anexo del decreto, con la gran cantidad de partidas que modifica, permite identificar $30.519 millones adicionales para el organismo, sin que la cobertura pública detalle cuánto de eso fue específicamente a gastos reservados frente a otras partidas. Sumado a los $49.261 millones que ya había recibido en julio por el DNU 594/2026, el presupuesto de la SIDE pasó de los $97.135 millones que aprobó el Congreso para 2026 a casi $176.915 millones: un aumento acumulado del 82% en un solo año —o, dicho de otro modo, por cada 1.000 pesos que el Congreso autorizó, el organismo ya recibió 1.820, con cuatro meses todavía por delante—. El DNU 868/2026, el otro decreto de esa misma madrugada, es el que traslada la autoridad de aplicación de las sanciones petroleras de Energía a Cancillería. Y el mismo paquete de septiembre crea, además, por primera vez, un mando conjunto que incluye a Inteligencia junto con Defensa y Cancillería —la contraparte institucional argentina del Escudo de las Américas que Milei suscribió en marzo—.
Cuarenta y cuatro años después de que un plan de privatizaciones se cayera junto con una guerra perdida, otro gobierno argentino vuelve a levantar la bandera de Malvinas mientras negocia, en simultáneo y con la misma potencia, una base militar, el control de datos de inteligencia y el destino de un astillero público que Diego Chaher tiene la llave para vender. Puede que esta vez el aval de Washington sea más sólido que el que creyó tener Galtieri. O puede que no: el propio embajador de Estados Unidos ya avisó que la "neutralidad" sobre las islas "no ha cambiado". La única certeza, con lo que hasta ahora se puede documentar, es que la gesta y el negocio —otra vez— caminan exactamente al mismo ritmo.
Gentileza Mauro Federico - Ivy Cángaro
