La funcionaria subrayó que, aunque existe controversia, "ya llegó el momento de poner en debate esta situación", señalando que el legislador es quien debe decidir el mínimo de la edad a partir de la cual un menor puede ser procesado.

Sostuvo que la discusión no debe limitarse únicamente a una cifra numérica. Entiende que es imperativo "analizar como sociedad qué es lo que está pasando", haciendo hincapié en que actualmente "los niños hacen vidas de adultos también".

A su parecer, una futura Ley de Responsabilidad Penal debe contemplar el espectro de delitos que se tomarán en cuenta para reducir la edad, y las condiciones y circunstancias en que se cometen.

LIMITACIONES DEL MARCO LEGAL VIGENTE

Del Sastre cuestionó la precariedad de la normativa actual, que cuenta solo con once artículos.

"La doctrina y la jurisprudencia han tenido que terminar definiendo cosas que no están en la ley", advirtió, citando como ejemplo la imposibilidad de aplicar prisión perpetua a menores según los tratados internacionales.

LOS INSTITUTOS DE CONTENCIÓN

Durante la entrevista, se abordó el caso de un joven de Avellaneda que, tras reiteradas fugas de dispositivos abiertos, fue derivado a un instituto cerrado. La doctora explicó la diferencia entre ambos regímenes: el abierto se basa en la "autodisciplina" y personal civil, mientras que el cerrado cuenta con perímetro del Servicio Penitenciario.

Sobre la situación del joven, confirmó que se encuentra "bastante bien". "Tuvimos que llegar a esta máxima instancia porque de otra manera no podía", concluyó la fiscal, quien coincidió en términos generales con la visión planteada previamente por el juez federal Aldo Alurralde.