El 4 de febrero pasado se conoció la noticia de la adjudicación de la obra del puente Santo Tomé- Santa Fe a la empresa Pietroboni S.A de la provincia de Entre Ríos, por un costo de $39 mil millones. Poco después el juez federal Sebastián Casanello procesó a once personas y a las empresas constructoras Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. en una causa que investiga el pago de coimas, fraude al Estado y falsificación de documentos. Recientemente, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos a las dos empresas por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436. Firmaron el fallo de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

 

 

 

 

La lista de los procesados incluye a tres directivos de las firmas: Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández. En los casos de Losi y Pietroboni, son hijos de los fundadores de las respectivas compañías: Luis Losi y Lemiro Pietroboni, recordados por haber colaborado como arrepentidos en la Causa Cuadernos y fallecidos en 2020 y 2016. 

 

Están involucrados también exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y es una de las primeras investigaciones que aplica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos.

 

 

 

 

En diciembre pasado se habían abierto los sobres y de las 10 ofertas presentadas, la más baja fue la de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por Lemiro Petroboni Sa – SE.MI.SA - Cosivial SA. La oferta había sido de $39.811.464.459,07 y tras ser analizada por Vialidad Provincial, se anunció a principios de febrero la adjudicación. La otra empresa investigada es Luis Losi S.A, una constructora con sede en Paraná quien también tiene una fuerte presencia en la obra pública de Santa Fe. 

 

En septiembre pasado Casanello ya había procesado a los principales imputados pero la Sala II de la Cámara Federal había revocado esa decisión y le había ordenado al juez evaluar nuevamente los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez dispuso nuevas medidas como peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos y afirmó que esos elementos “echaron luz sobre los interrogantes planteados” y volvió a procesar a los acusados y sumó a nuevos procesados. Luego, la Cámara confirmó lo decidido por Casanello y dejó a los acusados y a las empresas a un paso del juicio oral.

 

 

Todo comenzó en diciembre de 2017 debido a  una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los dos testimonios clave los aportaron una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos y un supervisor de obra de Vialidad, a quien su jefe Guillermo Crisci (excoordinador de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.

 

 

 

 

Se trató de las obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo Cañada Jeanmarie-Arroyito y en la misma ruta en el tramo Arroyito-Río Primero. El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles trabajos de construcción en la obra vial de la Ruta Nacional N° 8 del tramo Pergamino-Fontezuela. También están procesados trabajadores de menor rango dentro de las compañías Losi y Pietroboni; los exfuncionarios Crisci, Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo) y quienes actuaron como presuntas personas interpuestas de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.