La oposición logró habilitar el debate de la cripto estafa en Diputados
- Mar 12, 2025

El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, promotor de un pedido de interpelación a funcionarios que incluye a la hermana del Presidente, apuntó contra Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, que deberá abocarse al tratamiento del criptogate. “Hubiera bastado con que se comprometiera a abrir la comisión”, le reprochó. Advirtió que “los votantes de La Libertad Avanza están esperando una explicación” y aclaró que los cuestionarios le llegarán a los interpelados con anticipación.
“Si no tienen nada que esconder, aprueben el emplazamiento”, toreó el referente de la izquieda, Nicolás de Caño.
La postura del Gobierno la defendió Nadia Márquez, quien trató de frenar la afrenta con el argumento de que “el emplazamiento es para una comisión en retardo y ningún diputado pidió el tratamiento de estos proyectos”. Esta justificación fue replicada por el legislador de la Coalición Civica, Juan Manuel López, así como el radical de Democracia, Fernando Carbajal.
El quorum
La sesión especial, que comenzó cerca de las 12.20 con 130 diputados presentes, fue impulsada por los radicales de Democracia -alineados con Facundo Manes y el senador Martín Lousteau-, parte de Encuentro Federal y Álvaro González (Pro). Unión por la Patria (UP) se mantuvo en las sombras, consciente de que su presencia podía alejar apoyos clave, pero dipuesta a sentarse en sus bancas: contribuyó con más de 90 diputados.
Se sumaron los bonaerenses Fabio Quetglas y Karina Banfi, de la UCR, y el radical santafecino Mario Barletta, de Unidos. El resto del bloque conducido por Rodrigo de Loredo prefirió no aportar voluntades para abrir el recinto, aunque luego se sumaron al debate en mayoría.
Estuvieron presentes los seis legisladores de la Coalición Cívica, los cinco de la Izquierda, los tres del Movimiento de Integración y Desarollo (MID) de Oscar Zago. También lo hizo la exoficialista, Lourdes Arrieta.
El oficialismo recurrió a su manual de supervivencia para evitar un revés. Se apoyó en sus aliados habituales, así como en los gobernadores, que buscan mantener abiertas las negociaciones con la Casa Rosada para asegurar recursos para sus provincias. La estrategia dio resultados: casi todo el Pro y el radicalismo se ausentó. También los legisladores referenciados con los mandatarios provinciales macristas Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); los peronistas no kirchneristas Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán); y los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes).
El martes, en pleno conteo de voluntades para alcanzar los 129 diputados necesarios, se decidió ampliar el temario con un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y otras regiones afectadas. La iniciativa, impulsada Victoria Tolosa Paz (UP), cuenta con el respaldo de casi todos los bloques, salvo el oficialismo, y propone destinar una partida extraordinaria del presupuesto “para intervenir y asistir inmediatamente en la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de las actividades económicas, sanitarias, educativas y sociales”.
La estrategia tuvo éxito. Forzó el quorum y acorraló a los libertarios, que en plena reunión de labor parlamentaria definieron presentar su propio proyecto de emergencia, de la mano del bonaerense José Luis Espert, que especifica que la partida extraordinaria deberá ser destinada a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli.
El inicio de la sesión significó un golpe para el oficialismo, aunque no será letal. Sin embargo, marcará un primer paso para poner en aprietos a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La presión busca obligarlos a abrir el debate en comisión, con tres caminos posibles: interpelar a funcionarios del Ejecutivo, pedir informes o crear una comisión investigadora. Si se habilita el debate, el caso $LIBRA volverá al centro de la agenda y el oficialismo sumará otra crisis.
Un inicio acalorado
La sesión comenzó con la declaración de emergencia a Bahía Blanca. Los libertarios pidieron incorporar su proyecto. Lo mismo solicitaron los diputados de Izquierda, que contaban con su propia iniciativa. En ambos casos, se necesitaban tres cuartos de los votos de los presentes, una mayoría imposible de conseguir sin el aval de casi todos los espacios de la Cámara.
Se incorporó exitosamente el de los libertarios, pero cuando llegó el turno del proyecto de la izquierda, el oficialismo se negó a levantar la mano para incluirlo al temario. Esto generó el repudio de sus compañeros de bancada, que los acusó de “no tener códigos” y de “falta de reciprocidad”.