Starlink, la ciberdefensa y Malvinas: la redundancia que puede convertirse en dependencia estratégica

El titular del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD), general de brigada Luis Guimpel, solicitó el servicio de Starlink -que ya está activo en el Ejército- con el objetivo de “contar con la necesaria redundancia para asegurar el acceso al dominio del ciberespacio de manera independiente de las conexiones físicas y su exposición a eventuales cortes, que resultarían en una debilidad en los sistemas propios”.

El pedido del CCCD parte de una premisa correcta: una red militar que depende exclusivamente de conexiones físicas puede quedar expuesta si esos enlaces son cortados o degradados.

En la redacción del memo no queda claro si la opción contempla capacidades específicamente militares o si se trata simplemente de disponer de un servicio de conectividad comercial estándar.

El Comando Conjunto de Ciberdefensa tiene precisamente como misión proteger las redes informáticas de la Defensa y las infraestructuras críticas asignadas y garantizar de manera permanente las operaciones militares. Bajo la óptica de la ciberdefensa y la soberanía tecnológica, la solicitud es, por lo menos, alarmante.

Una cosa es utilizar Starlink para comunicaciones administrativas, conectividad en lugares remotos, emergencias ante desastres naturales o para facilitar el despliegue de unidades en zonas donde no existe infraestructura convencional.

Otra, muy diferente, es incorporar la red comercial extranjera como redundancia de acceso al dominio del ciberespacio. La acción implica una serie de actividades estratégicas, operacionales y técnicas, garantizar soberanía, la resiliencia nacional y la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el entorno digital.

La capacidad de Starlink para establecer con rapidez conexiones de alta velocidad en lugares aislados es conocida. En enero de 2025, a 6.960 metros de altura desde el Cerro Aconcagua, miembros del Ejército Argentino comunicaron por videoconferencia en tiempo real la culminación de la escalada al Estado Mayor General del Ejército, en su sede del edificio "Libertador".

Un hito de expertise en alta montaña de los miembros del Ejército que además validó (¿promocionó?) la funcionalidad del ingenio Starlink usado en la trasmisión satelital en ambientes extremos.

El 19 de agosto pasado el director general de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa del Ejército, general de brigada Pablo Gallo adjudicó a la empresa Elipgo Technology - revendedor comercial autorizado (reseller) de Starlink- el contrato de provisión de “Servicio administrado de conectividad satelital para la Red Satelital de la Defensa” por la suma de $467.687.200.

Bajo este arreglo se encuadraría el pedido de Guimpel por plataformas satelitales de la empresa estadounidense destinadas al CCCD.

La Especificación Técnica de aquel contrato dio la clave que aumenta la alarma sobre la petición de Guimpel. La contratación que ganó Elipgo Technology es para proveer “un servicio de conectividad satelital mediante tecnología de orbita baja (LEO), destinado a proporcionar enlaces de datos que permitan asegurar la continuidad de las comunicaciones en los distintos entornos operativos del Ejército Argentino”.

“El servicio deberá permitir el despliegue de capacidades de comunicación en forma flexible y oportuna, particularmente en escenarios donde la infraestructura terrestre resulte inexistente, limitada o insuficiente”, indica el texto.

No quedan dudas de que se trata de enlace satelital redundante para comunicaciones operacionales militares y no meramente administrativas.

La experiencia del Ejército abrió la puerta a un interrogante que ya es debatido en organizaciones militares del mundo, ¿puede considerarse independiente una comunicación satelital militar cuya infraestructura esencial no controla el Estado que la utiliza?

 

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