Según informó Análisis, a los Tórtul la magistrada les trabó embargos millonarios y dispuso que continúen cumpliendo prisión preventiva en dependencias de Gendarmería. A los tres gerentes también los embargó por fuertes sumas y les prohibió salir del país, aunque les anticipó penas de cumplimiento condicional.

Se trata de la causa iniciada tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada Securitas en la cual se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios públicos para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas, entre ellas Enersa.

En la resolución de 217 páginas con fecha 3 de mayo a la que accedió Análisis, la magistrada confirmó la prisión preventiva de Claudio Raúl Tórtul y Marcelo Javier Tórtul y dictó su procesamiento por considerarlos prima facie autores de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizadores en concurso real con cohecho activo (coautores) y negociaciones incompatibles con la función pública (partícipes necesarios). A cada hermano le trabó embargo por 30 mil millones de pesos.

Respecto de Alejandro Cis, ex gerente de Logística de Enersa, la magistrada resolvió procesarlo por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionarios público y negociaciones incompatibles con la función pública. Le trabó embargo por 1.000 millones de pesos.

Por último, a Marcelo Morales -gerente de Asuntos Legales- y Juan Carlos Pimentel -ex gerente general y actual gerente de Innovación Tecnológica-, la jueza los procesó sin prisión preventiva por considerarlos presuntos autores de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Los embargos para estos dos imputados fueron de 100 millones de pesos a cada uno.

Para extender las prisiones preventivas de los Tórtul, la jueza consideró que “los imputados revisten calidad de empresarios del rubro de la seguridad con importantes medios económicos y aceitados vínculos con personal militar y de fuerzas de seguridad”.

Sumando los presuntos pagos indebidos a miembros de fuerzas de seguridad, la jueza consideró que “los medios al alcance de los imputados constituyen parámetros a tener en cuenta de cara a los peligros procesales”. Acto seguido, mencionó que “desde la óptica del riesgo de fuga existen elementos objetivos para considerar que poseen amplias facultades para abandonar el país o permanecer ocultos”.

También aludió a la posibilidad de entorpecimiento e influencia sobre testigos, dado que muchos implicados fueron o son sus subordinados.

Respecto de Cis, Morales y Pimentel Arroyo Salgado les dictó la prohibición de salir del país. “Basta, de momento, para asegurar los fines del proceso a su respecto”, mencionó. También sobre estos tres imputados indicó que “no se descarta la posibilidad de la aplicación de penas de ejecución condicional”.

La causa se inició por una “autodenuncia” de apoderados de Securitas, enmarcada en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los apoderados reportaron que los ejecutivos de diversas empresas del grupo, entre ellos Claudio y Marcelo Tórtul, gerentes de la Regional Litoral de Securitas, “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo Securitas, con el fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”, reseñó Arroyo Salgado.

Los hermanos Tórtul están presos junto a los ejecutivos Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alberto Alesci, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare y Fernando Azpiroz.