Batalla en Funes: Santacroce vs Rossetti

Esta semana, el Concejo derogó una ordenanza clave que databa de 2001 y regulaba el cobro de la TGI en barrios cerrados y clubes de campo. La decisión llegó en medio de la pelea entre la Municipalidad y Kentucky por una deuda de casi $40 millones vinculada a comercios que funcionan dentro del barrio.

El desarrollador Juan Félix Rossetti tomó el caso como una bandera más en su histórica disputa con el Municipio. De conocida ideología libertaria, cuestionó el aumento de la tasa y sostuvo que la ciudad pretende cobrar por servicios que no presta. “Acá en Funes gobierna un patrón de estancia sin estancia, que no rinde cuenta de nada”, disparó contra el intendente Roly Santacroce.

Según acusaron desde la Muni, hay dos problemas de fondo con Kentucky. Por un lado, a más de veinte años de su inauguración todavía no se dieron de alta todas las cuentas tributarias correspondientes. Por otro, nunca se terminó de ordenar correctamente la división de espacios comunes.

Eso hizo que lotes que todavía no fueron vendidos y sectores utilizados por comercios quedaran incluidos dentro de esas áreas comunes. Como consecuencia, el consorcio de propietarios termina pagando TGI por terrenos que no posee y por espacios explotados por privados.

Dentro del propio barrio, los propietarios ya habían pedido avanzar con esa división, justamente para dejar de hacerse cargo entre todos de impuestos que corresponden al desarrollador o a los operadores comerciales.

La regla de los tercios que llevaba 25 años vigente

Cuando se sancionó la primera normativa para barrios cerrados y clubes de campo, en 2001, el Concejo estableció un sistema particular para dar de alta las cuentas tributarias. Los desarrolladores podían hacerlo por etapas de tercios.

En un emprendimiento de 900 lotes, por ejemplo, primero podían habilitarse 300 cuentas. Una vez vendidos esos terrenos, se avanzaba con otros 300 y luego con el último tercio.

Entre el momento en que se daba de alta la cuenta y la venta del lote, el pago de la TGI quedaba a cargo del desarrollador. La lógica de la norma era darle cierto alivio mientras el barrio todavía estaba en plena construcción y comercialización.

El problema apareció con el paso del tiempo. Veinticinco años después, Kentucky todavía mantiene lotes sin alta tributaria, según sostiene el Ejecutivo, y parte de esos terrenos quedaron incorporados a los espacios comunes que terminan pagando los propietarios.

Kentucky deberá presentar un plan de altas

Frente a esa situación, el Concejo decidió derogar la ordenanza de 2001 y cambiar el mecanismo. Desde ahora, cada desarrollador deberá presentar un plan de altas de cuentas tributarias, que tendrá que ser aprobado por la Municipalidad y el propio cuerpo legislativo.

Kentucky también deberá hacerlo. La intención es ordenar definitivamente qué lotes siguen en manos del desarrollador, cuáles son realmente espacios comunes y qué sectores corresponden a actividades comerciales, para que cada uno se haga cargo de la TGI que le corresponde.

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