La delgada línea entre la burocracia administrativa y el riesgo de vida se volvió a cruzar en la provincia de Santa Fe, y esta vez la víctima es Analía Leishner, una vecina de Funes de 40 años y empleada municipal, quien atraviesa horas críticas debido al corte de su medicación por parte de la obra social IAPOS. Diagnosticada a los 26 años en Buenos Aires con angioedema hereditario, una enfermedad genética, irreversible y potencialmente mortal, Analía depende de un costoso tratamiento biológico importado de Europa para poder llevar una vida normal. Sin embargo, desde hace tres semanas las dosis no llegan y los síntomas de la patología ya empezaron a manifestarse en su cuerpo.
El calvario de la mujer no es nuevo, pero se agudizó dramáticamente en el último semestre. A pesar de contar con un certificado de discapacidad sin fecha de vencimiento y un amparo judicial dictado a su favor en octubre de 2017, la obra social comenzó a desoír los mandatos legales y médicos. El punto de inflexión ocurrió en diciembre del año pasado, cuando una auditora de la entidad la llamó de forma anónima para interrogarla y anticiparle que le recortarían la cobertura. A partir de enero, la entrega se redujo a la mitad de lo prescrito por su especialista, bajo el argumento de que el médico debía documentar cada crisis posterior para liberar el resto del tratamiento.
La situación actual roza el absurdo institucional y la deja en un estado de total vulnerabilidad. Su médico de cabecera, provisto por la propia obra social, dejó constancia de los episodios en la historia clínica digital el pasado 8 de mayo y emitió las recetas correspondientes. No obstante, ahora que el profesional se encuentra de vacaciones y sin medios para emitir nuevos documentos, IAPOS le exige a Analía una nota firmada de último momento donde se detallen las crisis de los últimos 30 días y el número de lote de cada medicación usada, un requisito insólito que nunca antes le habían solicitado.
“Mi urgencia es que estoy sin medicación, los auditores siguen evaluando las recetas, se toman todo su tiempo, hace casi un mes ya de todo esto, yo no puedo seguir esperando la hipocresía irónica de ellos para reanudar mi tratamiento”, relató con angustia la paciente en su testimonio. Su médico recién retomará sus funciones el 16 de junio, un plazo que su organismo no puede tolerar, y tampoco tiene la opción de acudir a otro profesional de la cartilla debido a las restricciones de la propia prestadora. Ante este panorama, Analía advierte que las trabas parecen responder a una estrategia deliberada de ahorro económico por parte de la entidad, señalando que “un mes que no me dan medicación para ellos es mucha plata”.
La desesperación de la vecina funense se fundamenta en un trágico historial familiar, ya que parientes cercanos fallecieron en el pasado por no acceder a un diagnóstico temprano ni a los fármacos adecuados. Mientras espera que un abogado especialista responda a su consulta para tramitar una ampliación urgente del amparo judicial, Analía expone públicamente su caso como un último recurso para visibilizar lo que considera un avasallamiento a sus derechos fundamentales. En sus propias palabras, la situación es desesperante porque “ellos de manera indirecta me fueron recortando el tratamiento, pasaron por encima del pedido médico y por encima de la firma de un juez”.
El responsable del IAPOS Nolasco Salazar
