El magistrado sostiene que existen al menos cuatro acciones judiciales vinculadas al mismo proyecto —entre ellas las promovidas por concejales de Ciudad Futura, organizaciones ambientalistas y el concejal Juan Pedro Aleart— y considera que todas tienen un origen común: el Decreto 715/2026 y el proceso licitatorio impulsado por la Municipalidad de Rosario. Por eso planteó que deberían tramitar de manera unificada para evitar fallos contradictorios.
En su fallo, Juárez ordenó suspender los efectos del Decreto Nº 715/26 y de todos los actos administrativos derivados de esa norma. La medida regirá hasta que un juez competente resuelva la cautelar solicitada por los demandantes o declare inadmisible la acción.
