En la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, quien permanece con prisión domiciliaria, ahora,  los fiscales federales pusieron la lupa en un terreno en el barrio cerrado Vida de Funes que a su entender fue adquirido con dinero proveniente de un ilícito y puesto a nombre de la esposa del exmagistrado, la funcionaria judicial de la provincia Graciela Martínez Maulión, quien también quedó imputada en el marco de la investigación por corrupción, lavado, dádivas y extorsión.

 

Durante la audiencia, presidida por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, Bailaque explicó que desconocía que el terreno pertenecía a la empresa constructora EDECA, que estaba siendo investigada en su juzgado: “Al momento de la contratación lo desconocía totalmente”, dijo el exmagistrado. La operación se concretó por 70.000 dólares y fue inscripta a nombre de su esposa.

La fiscalía sostiene que 35.000 dólares del monto abonado por el terreno fueron entregados en el despacho de Bailaque y consideran ese dinero de procedencia ilegal. Además, detectaron que el valor escriturado del inmueble representaba apenas un 40% del valor real.

El juez Rodríguez Da Cruz autorizó la ampliación de la imputación, prohibió la transferencia del terreno y estableció un embargo de 414 millones de pesos sobre los bienes de Martínez. La medida busca garantizar recursos para eventuales multas o costas en caso de que se compruebe la culpabilidad.

La fiscalía tendrá 10 meses para profundizar las medidas y continuar el proceso judicial contra el exjuez y su esposa.