El Parlamento Europeo decidió poner en stand by por al menos un año el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, firmado hace solo cuatro días en Paraguay y lo remitió a la Justicia del bloque luego de una votación en Estrasburgo. Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera que iba a haber un voto muy ajustado.
La resolución implica que el tratado quedará paralizado de manera efectiva hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se expida sobre su validez legal.
La decisión fue adoptada en una votación muy ajustada en Estrasburgo: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. El resultado confirmó las advertencias previas sobre un desenlace reñido y dejó en evidencia las profundas divisiones internas dentro del Parlamento respecto del pacto con el bloque sudamericano.
El encargado de analizar el texto será el TJUE, que deberá determinar si el acuerdo es compatible con los tratados y principios jurídicos de la Unión Europea. Hasta que los jueces emitan su opinión, la tramitación del tratado quedará congelada, lo que en los hechos posterga cualquier avance en su ratificación.
Durante el debate parlamentario se aprobó una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur respeta los lineamientos legales de la UE. En particular, se puso bajo la lupa el mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que varios eurodiputados consideran potencialmente riesgoso para la autonomía regulatoria del bloque europeo.
Otro de los puntos centrales del cuestionamiento es la base legal elegida para su aprobación, que permitiría que los capítulos estrictamente comerciales del acuerdo sean ratificados sin necesidad del consentimiento de los parlamentos nacionales, una vía que genera fuertes resistencias políticas dentro de algunos Estados miembros.
La decisión no fue bien recibida por la Comisión Europea. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, sostuvo el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, al ser consultado sobre el congelamiento del acuerdo.
Gill remarcó además que no se trata de objeciones nuevas. “Estas cuestiones ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile”, señaló el vocero, en un intento por restarle gravedad al planteo elevado al tribunal europeo.
Según el propio TJUE, este tipo de opiniones consultivas suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque la corte puede acelerar los plazos si considera que las circunstancias lo ameritan. “El tribunal tiene el control total sobre los procedimientos y puede, cuando sea necesario, dar prioridad a una solicitud de opinión”, señala el texto de la moción aprobada.
