El anuncio del decreto 681/25, que suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desató una fuerte reacción política. En ese marco, diputados de la oposición presentaron un proyecto para citar a Guillermo Francos con el objetivo de interpelarlo. El objetivo es avanzar con una moción de censura contra el funcionario por su rol de administrador del presupuesto nacional.

Lo que llamó la atención en el Parlamento fue la “creatividad” del Ejecutivo. La Casa Rosada promulgó la ley, pero en el mismo decreto suspendió su ejecución hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto. Sin embargo, el artículo 19 de la propia ley faculta a Francos a reasignar fondos sin afectar los servicios sociales, algo que ya realiza con frecuencia en un Gobierno que lleva dos años sin presupuesto aprobado.

Por otra parte, el Gobierno le otorgó un aumento al personal del Hospital Garrahan luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial de Javier Milei a la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica. "Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores", anunció el ministro de Salud, Mario Lugones.

La cartera sanitaria acordó con el Consejo de Administración del Garrahan una suba de $450.000 para el personal sanitario y de $350.000 al resto del personal. Según fuentes de Salud, a diferencia de la ley que impulsó el Congreso, este aumento abarca a toda la asistencia médica y no solamente a quienes se dediquen al ámbito pediátrico.

"El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses", expresa el comunicado del Hospital Garrahan.

"Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes. Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino", agregó Lugones.

La medida, se fue gestando hace semanas, luego de que el primer mandatario optara por vetar la ley que originalmente fue sancionada por dos tercios. Estos volvieron a juntarse en Diputados para insistir sobre la ley, que todavía no rige puesto que falta que el Senado se pronuncie. La Cámara alta también buscará insistir sobre la ley de Financiamiento Universitario.

Hasta ahora, el Congreso solo insistió oficialmente sobre la ley de Emergencia en Discapacidad, también correspondiente al área de Salud. El ministro Lugones afronta esta imposición parlamentaria a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fue intervenida por un hombre de su riñón, Alejandro Vilches, luego del apartamiento de Diego Spagnuolo.

En ese sentido, hoy el Gobierno dispuso en el Boletín Oficial la promulgación de la ley, pero con una salvedad: "Por imperio de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 24.629, se encuentra suspendida su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé".

Se trata de una medida sin precedentes que la oposición del Congreso buscará sancionar. Es por eso, que dentro de las opciones, se amenaza con avanzar con un pedido de moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien faculta la ley a resignar las partidas correspondientes. A esto se suma que Comodoro Py ya comenzó a recibir las denuncias penales de los legisladores por incumplimiento.