Internas en Comodoro Py: Cruces, espionaje y las causas contra CFK

Hace menos de dos semanas que Cristina Fernández de Kirchner presentó su recurso contra la sentencia en la causa Vialidad. La condena a seis años de prisión será analizada por la Cámara de Casación Federal, el mismo lugar que tiene en sus manos el futuro de otras dos causas que involucran a la actual vicepresidenta: Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

“Vialidad” no solo tiene el recurso de CFK para analizar sino también los de casi todas las defensas de los acusados y el de la fiscalía, que reclama que Cristina sea condenada a 12 años de prisión por haber liderado una asociación ilícita. No obstante, la decisión sobre el tema no llegará en 2023. Los pasos habituales para discutir una condena ya son de por si bastante amplios y se extienden cuando se trata de causas con complejidad e impacto político.

En esta situación, los recursos llegaron a la sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros fueron ampliamente criticados por el kirchnerismo por haberse reunido con Mauricio Macri tanto en Olivos como en la Casa Rosada. Ese podría ser un motivo para que las defensas pidan su apartamiento.

En el caso de Carbajo, la situación de recusación es por otros motivos. El magistrado fue uno de los que intervino en el expediente donde se confirmó la condena a Lázaro Baéz. Allí dijo que uno de los delitos precedentes para el lavado de dinero había sido la plata por la obra pública que el empresario recibió entre 2003 y 2015. Eso podría ser considerado como adelantar su posición.

Una vez que se defina la integración de la sala, deberán los jueces estudiar la cuestión, preguntar a las partes si mantienen los recursos y recién después llamar a una audiencia, lo que puede demorar meses. Esta situación, sumado al voltaje político, dejará fuera de 2023 la discusión.

Distinto parece ser el panorama para las otras dos causas que tiene la vicepresidenta en Casación, donde todos esos pasos ya han sido cumplidos. Allí se debe definir si se confirmar los sobreseimientos o si se decide que los juicios de Hotesur-Los Sauces y Memorándum deben llevarse adelante.

El clima en Py está enrarecido tras el hackeo que sufrieron varios jueces, a lo que se suma la situación de las sospechosas líneas telefónicas sacadas a nombre del presidente de la Corte Horacio Rosatti.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi es quien tiene la causa y allí se requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que elabore un amplio informe para determinar la actividad que pudieran haber tenido esas cinco líneas telefónicas. Al avanzar en la investigación, el magistrado descubrió que bajo la misma maniobra se requirieron líneas a nombre de Carlos Rosenkratz y de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata. Lo que era un comentario entre magistrados ahora avanza sobre la hipótesis de un complejo entramado de inteligencia contra miembros del Poder Judicial. 

“Se identifican 39 abonados, además de los cinco a nombre de Horacio Daniel Rosatti que impactaron en esos IMEI. Los 39 abonados tienen titularidad a nombre de 28 personas distintas. De las 28 personas identificadas, 2 pertenecen a funcionarios judiciales: María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz”, se lee en el informe. Es decir, la maniobra contra Rosatti y Rosenkrantz no es algo aislado.

Acá es donde la trama se pone espesa: Martínez de Giorgi tiene causas por intromisiones e intentos de hackeo a los celulares de otros integrantes de Comodoro Py: se trata de Borinsky y los magistrados de tribunal oral Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En sus casos, la maniobra es una operación que se repite en denuncias de los últimos tiempos: los usuarios se quedan sin señal de repente y cuando logran contactarse con la compañía telefónica, se enteran que alguien pidió un cambio de chip porque se hizo pasar por dueño de esa línea. 

Por si eso fuera poco, durante la semana pasada se generó una grieta entre magistrados por el código procesal y el modelo acusatorio. Ese sistema, que a nivel federal ya está implementado en Salta y Jujuy, pone a los fiscales a cargo de las investigaciones, algo que pega de lleno en el poder de fuego de Py. “El juez es el rey del proceso”, es uno de los lemas de los tribunales de Retiro y por eso prácticamente no delegan causas en la fiscalía.

El Comité sobre Criminalidad Organizada Trasnacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales calificó la semana pasada de “ineficaz” justamente al modelo acusatorio. En esa actividad estaba la histórica y ya jubilada jueza Liliana Catucci, exCasación Federal. A su lado y como expositor estuvo el polémico juez Juan Carlos Gemignani, al igual que el exmagistrado de Casación Eduardo Riggi. Estuvieron también Ariel Lijo y el fiscal general Raúl Pleé.

Desde el norte del país salieron al cruce fiscales federales, que sostuvieron que con este sistema se mejoraron muchísimo los tiempos en cuanto a decisiones y que todo es más transparente, uno de los puntos quizás más cuestionables dentro de la estructura de la justicia federal actual.

La “grieta” no quedó allí. Mientras varios exponentes de Py se quejaban del acusatorio, otros estaban participando de una actividad del famoso CEJA (Centro de Estudios de Justicia de las Américas). Con magistrados federales de Mendoza, Santa Fe, San Juan, San Luis y Buenos Aires se realizó un debate llamado “Avanzando hacia el Sistema Penal Acusatorio en Argentina: Reflexiones, Experiencia Chilena y Desafíos para el Poder Judicial”. Los representantes de Retiro fueron el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y el Secretario Académico de la Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (AJUFE) y juez federal Sebastian Casanello.