Una pareja se separó y solicitó al centro de salud la rescisión del contrato, pero el tema entró en un laberinto judicial por la falta de legislación. Ahora, el máximo tribunal realizará una audiencia pública para ponerle fin al debate.
En el deseo de querer proyectar la construcción de una familia, una pareja congeló embriones hasta el día en que decidieran tener esos hijos/as. Lo que sucedió es que, poco tiempo atrás, ellos se separaron y ahora buscan interrumpir el procedimiento y descartar dichos embriones.
Hasta el momento, esta situación no había sido planteada concretamente en términos legales. Hay un debate que estaba pendiente, porque hay una especie de vacío legal en cuanto a qué hacer con aquellos embriones que están crioconservados, cuando no hay una voluntad por parte de aquellos que decidieron conservarlos en su momento.
Los avances de la ciencia han permitido a las parejas concebir mediante técnicas de reproducción asistida. Una de ellas, implica la fecundación fuera del vientre y la posterior transferencia de los embriones a la madre, lo que deriva en el congelamiento de los embriones sobrantes.
Aunque no hay datos oficiales, se estima que miles de embriones son conservados en el país durante varios años sin resolverse sobre su destino con los consecuentes conflictos para sus titulares, sino también respecto de las clínicas o centros especializados por la falta de regulación, pero ahora la Corte puede echar luz sobre el tema.
Es que el máximo tribunal convocará a una audiencia pública para debatir el caso de una pareja que acudió a la vía judicial para lograr la autorización judicial para interrumpir la criopreservación de tres embriones y poner fin a la relación contractual.
La pareja criopreservó embriones producidos por un procedimiento de reproducción asistida, pero en 2018 decidió poner punto final a la convivencia. Transcurridos tres años desde ese entonces, concluyeron que no volverían a la relación ni intentarían tener más hijos juntos. Además, su mantenimiento significaba -en aquel entonces- el pago de u$s100 anuales.
El centro de salud, sin embargo, les informó que sólo podían “descartarlos” con una autorización judicial porque ese tema “no se encuentra legislado”. Tras un largo derrotero, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró innecesario el pronunciamiento y la Corte tendrá la última palabra.
Desde la sanción del Código Civil y Comercial hasta la fecha se han presentado en el Congreso de la Nación diferentes proyectos legislativos que han perdido estado parlamentario y que tenían por fin, con diferentes matices, regular la protección jurídica del embrión no implantado y, muy particularmente, determinar cuáles son los posibles destinos de los embriones sobrantes.
