“No existe rebelión fiscal alguna” comunicaron desde la empresa tabacalera que fue acusada de mantener una deuda millonaria con el fisco. Advirtieron que letrados de otra jurisdicción formularon la denuncia en su contra y que forma parte de una maniobra de otra empresa del tabaco que pretende intimidar magistrados.
Bronway Technology S.A es una empresa rosarina que existe desde el año 2007 y que en 2016 comenzó las tratativas para ampliarse al rubro tabacalero, debido a un descenso en su actividad comercial y para mantener las fuentes de trabajo. Luego de un proceso que llevó dos años y una inversión importante en maquinaria importada adquirida mediante créditos, la AFIP otorgó la autorización respectiva. “No es verdad que Bronway en conocimiento de un impuesto interno ya vigente quiso obtener un beneficio fiscal ya que la modificación a la ley es sobreviniente al complejo y largo proceso de puesta en marcha para operar”, respondieron desde la empresa, ante la acusación que mantiene una deuda con el Estado por impuestos impagos por 100 mil millones.
“Es importante señalar que Bronway S.A es la contribuyente número uno de la ciudad de Rosario ya que tributa mensualmente una suma que se aproxima a los mil millones de pesos y que emplea de modo directo más de 200 personas y casi 5000 de modo indirecto. No existe otra empresa a nivel local que llegue a ese nivel de tributación y pocas con esa cantidad de empleados”, manifestó un portavoz de la firma tabacalera.
La resolución del 29 de diciembre de 2022 de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que se suspenda la aplicación de la Resolución General 5290/2022 (Impuestos internos, determinación e ingreso del gravamen a los cigarrillos) a la empresa: “Bajo ningún punto de vista implica que se haya la eximido de abonar los tributos, por el contrario, Bronway continúa tributando sobre el 70% del precio de sus productos, como el resto de todas las empresas del sector en la República Argentina. Pretender que abone un porcentual distinto es directamente colocarla fuera del mercado frente a sus competidores que gozan de medidas cautelares y resoluciones judiciales en otras jurisdicciones del país”.
Por la Ley 27.430 de Reforma Tributaria de 2017 se sustituyeron las tasas de impuestos internos correspondientes a productos como cigarrillos, transformándose en un importe fijo actualizable por la inflación. También introdujo la figura del impuesto mínimo para los cigarrillos como a otros productos de tabaco. La reforma fiscal fijó la alícuota de impuestos internos a los cigarrillos en 70%, con la potestad del Poder Ejecutivo de subirla hasta 75%.
En torno a las acusaciones que recibieron, voceros informaron que “el reclamo que realiza la empresa frente a la Justicia Federal es totalmente legítimo y ya tuvo recepción por parte de la Justicia Federal de Capital Federal (entre otras) otorgando igual medida a la solicitada a Tabacalera Sarandi y Espert, dos empresas que venden cigarrillos de bajo costo y que no pagan el impuesto mínimo, porque la Justicia entendió, como lo sostiene Bronway, que la ley es inconstitucional. El planteo de Bronway es idéntico al de las otras empresas tabacaleras en funcionamiento”.
“Tampoco se ha logrado ningún fallo express ni ninguna habilitación de feria escandalosa. La esencia medular de una medida cautelar exige que la Justicia se expida urgentemente por el daño que podría causar la demora”, agregaron.
Según trascendió en otro medio, los jueces Guillermo Toledo y Osvaldo Facciano fueron denunciados por presunta corrupción por fallar a favor de la tabacalera. En este sentido dejaron en claro: “No existió ninguna maniobra sospechosa llevada adelante por los Dres. Facciano y Toledo, más que aplicar criterios de Derecho y Justicia, sobre todo teniendo en cuenta que el camarista que habilitó los días y horas inhábiles autorizando a emitir pronunciamiento fue el Dr. Fernando Lorenzo Barbara que integra la sala junto al Dr. Aníbal Pineda”.
A su vez manifestaron: “La denuncia penal en contra de dos magistrados honorables y de dilatada experiencia y trayectoria por parte de dos abogados del fuero de San Martín de la provincia de Buenos Aires (que ni siquiera son parte del proceso, ni letrados de AFIP) responde a una maniobra diseñada por la Tabacalera Sarandi a cargo de Pablo Otero, que pretende a través de múltiples medios trabar la medida cautelar a favor de Bronway S.A intimidando magistrados”.
Al mismo tiempo, destacaron que la Justicia Penal de Rosario ya ha comenzado a investigar esta situación de intimidación a partir del descubrimiento de que los letrados de la mencionada jurisdicción formularon la denuncia y que han sido abogados defensores de distribuidores de la Tabacalera Sarandi en una causa que se instruye en la Justicia Federal de Mar del Plata por contrabando y falsificación.
Ante esta situación argumentaron que “no existe rebelión fiscal alguna. Lo que se pretende es la igualdad de trato para todas las tabacaleras y que se garanticen los derechos básicos de la Constitución Nacional como son los de ejercer toda industria lícita, el de trabajar y el de igualdad ante la ley entre otros. Tampoco es cierto que el Fondo Especial del Tabaco se esté quedando sin recursos, ya que mensualmente se cumple con este tributo, que no depende del impuesto interno en lo más mínimo, ya que se calcula de un modo absolutamente distinto”.
Finalmente, fuentes de la empresa Bronway S.A sostuvieron que “es totalmente falso que sus directivos o alguna persona vinculada a la empresa cuente con algún procesamiento o condena”. Y agregaron: “Se han articulado falsas denuncias penales en contra de la empresa en la jurisdicción de la Cámara Federal de San Martín (casualmente donde tiene asiento Tabacalera Sarandi) con el fin de erosionar su credibilidad y crear un manto de sospecha frente a las autoridades, no obstante, tanto la empresa como sus directivos fueron sobreseídos”.
