“Fue terrible” expresó tras la violencia sufrida, la letrada Ana Fernández,
quien venía advirtiendo el incumplimiento por parte del municipio de
una resolución de la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó en julio
del año pasado una medida cautelar en el juicio “Asociación Civil sin fines
de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA)”, que fue incumplida por la
Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos, por lo que en agosto pasado
fue intimada nuevamente para que diera inmediato cumplimiento a la
medida precautoria dictada, ordenando la paralización de las obras en la
reserva natural Parque Rafael de Aguiar y en la isla. La resolución no fue
acatada por la Municipalidad y en consecuencia en agosto la Corte repitió
la intimación al Estado local para que frenara los trabajos.
“El municipio desoyó una vez más la orden judicial y el 18 de noviembre el
secretario de la Suprema Corte, el Dr. Martiarena y peritos, concurrieron
al lugar de los hechos y constataron las obras que se estaban realizando,
incumpliendo la resolución del máximo Tribunal Provincial. El 22 de
diciembre la Suprema Corte dictó una nueva resolución intimando al
intendente de San Nicolás Manuel Passaglia la inmediata paralización de
las obras o trabajos. También había numerosas denuncias en fiscalía
advirtiendo el incumplimiento”, explicó Ana Fernández en diálogo
exclusivo con INFOROSARIO.
El miércoles pasado, mientras se encontraba registrando los trabajos de
las maquinarias y al denunciar nuevamente los hechos, el jefe policial de la
Comisaría Primera, Claudio González le rompió la resolución en la cara y la
llevó detenida sin explicación a la seccional donde fue esposada, golpeada
y en donde permaneció cerca de 4 horas incomunicada. Posteriormente
por este accionar fue suspendido y la seccional intervenida.
En la última resolución de la Corte se notificó personalmente al
intendente Manuel Passaglia mediante un oficio, además de la
notificación a los abogados intervinientes en la causa. “Siguieron
incumpliendo la resolución y yo lo que estaba haciendo era constatarlo
para denunciar nuevamente en fiscalía y en la Corte, filmé y llamé al 911
para que le dieran intervención al fiscal. Han deforestado un bosque
nativo, lo vinieron haciendo todo el año, que es una zona calificada por ley
como de máxima protección, rompieron el albardón costero del Paraná,
rellenaron lagunas, cortaron la navegabilidad entre dos sectores del río (El
Saco y La Quebrada) y construyeron un terraplén. En estos últimos días, y
con posterioridad a la inspección de la Suprema Corte habían empezado a
hacer un puente para el tránsito vehicular para acceder a la isla,
realizando nuevos movimientos de suelo”, manifestó la letrada.
El fallo de la Corte ordenó: “Intimar al señor intendente de la
Municipalidad de San Nicolás para que dé inmediato cumplimiento a la
medida referida en el punto anterior, lo que supone la paralización de las
obras o trabajos que se ejecuten como consecuencia de lo previsto en el
Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19 y en zonas
allí comprendidas, cuya vigencia y aplicación se encuentra suspendida”.
Los hechos paso a paso
“Yo estoy desde el primer día, cuando ingresaron con las máquinas fue
con el pretexto de sacar un barco hundido, y como no pudieron luego
dijeron que iban a intentar removerlo del otro lado y ahí empezaron a
desmontar el bosque nativo. Fue tremendo todo lo que hicieron, hacían
grandes cavas en donde enterraban toda la vegetación que extraían y
después ibas y parecía que nunca había habido nada. Todo se tapaba”,
relató.
El día previo a la agresión (el martes pasado) fue a ver las obras que se
estaban realizando y notó que avanzaron con el puente. Cruzó a la isla por
el puente peatonal construido el año pasado, sacó fotos y filmó, habiendo
constatado también nuevos movimientos de suelo: “Me subí a un
colectivo que va a la playa e inmediatamente detrás mío subieron dos
policías que me interrogaron a dónde iba, qué iba a hacer y les respondí
que iba a ver las obras, a la playa. Los uniformados, dieron orden a la
chofer que no iniciara la marcha, realizaron consultas y finalmente dejaron
seguir el rumbo del colectivo”.
El miércoles 4 de enero ella pensaba ir a hacer la denuncia a fiscalía en
función de lo comprobado el día anterior. Fue temprano a la obra y desde
allí llamó al 911. “Llamé, informé que en Avenida Alberdi y el arroyo
estaban realizando obras, que si podían venir. Y luego llegó un policía que
se identificó con el apellido Almendra, yo me presenté, le dije que era la
doctora Ana Fernández, la que había realizado el llamado, y le entregué la
resolución de la Corte en donde se ordenaba la paralización de la obra y el
oficio de notificación al intendente. Mientras las obras seguían
realizándose, y yo reiteraba mi pedido de que se diera intervención al
fiscal, comenzaron a llegar unas máquinas palas que transportaban el
hormigón al otro lado del arroyo. Al rato llegó el comisario”, detalló.
“No me generó temor su llegada, porque casualmente el sargento
Almendra, quien llegó al lugar por mi llamado al 911, me había informado
que había que esperar que viniera el comisario, a quien yo conocía
personalmente, para dar intervención al fiscal. Lo vi llegar y sin decirme
nada, rompe la resolución de la Suprema Corte junto con la constancia
de notificación al intendente, me las tira en la cara y me toma con los
brazos violentamente diciéndome vamos. ¿A dónde me lleva, a dónde
me lleva, a dónde? dije en forma desesperada. Me empujaron y me
metieron en el patrullero”, añadió.
“Estoy llena de moretones y lesiones”
“Me agarraron entre varios efectivos y me llevaron detenida a los
empujones, en el patrullero me esposaron y llevaron a la comisaría, me
dejaron esposada con custodia policial en un pasillo que va a los
calabozos, querían mi celular. En la comisaría, me golpeaban contra la
pared y el comisario me decía que se iba a hacer lo que él decía. Estoy
llena de moretones y lesiones. Estuve como 4 horas detenida, e
incomunicada, el comisario me agarró del cuello, me amenazó y me
quitaron la cartera, donde estaba el celular, tirando todo en el piso”,
explicó.
La abogada había avisado al grupo de ambientalistas que a la mañana
había ido a ver las obras, pero luego no había podido avisar a nadie lo que
había pasado ya que le quitaron el celular.
“Después, cuando recuperé la libertad, vi que me habían mandado
mensajes preocupados porque no les contestaba, ya había pasado en
otras oportunidades que a otros ambientalistas los habían golpeado. No
me dejaban hablar, no me dejaban pararme y me amenazaban que si no
me iban a llevar al calabozo. Cerca del mediodía me dijeron que tenía la
libertad, pero que tenía que ir a la Policía Científica para que me viera un
médico”. Nuevamente se negaron a devolverle sus pertenencias y poder
llamar a alguien, la tiraron en el asiento de atrás de la camioneta y
esposada la llevaron a la sede de la Policía Científica. “Fue de terror. Me
decían a los gritos que estaba loca. Me revisó una médica y no me dio
ninguna constancia. Me llevaron de vuelta a la comisaría, estaba
descompuesta sin comer, ni tomar nada. Cuando llegamos, vi en el sector
donde se hacen las denuncias que estaba un muchacho que había sido
vecino mío, le mostré que estaba esposada y le pedí que por favor avisara
a mi familia. Al rato me dejaron salir. Me hicieron firmar algo que no pude
leer, porque me gritaron que no tenía que leer nada, sólo firmar y que si
no me llevaban al calabozo. Así que firmé, recuperé mi cartera y mi
celular, sin poder constatar si estaban todas mis pertenencias, y me fui
directamente a fiscalía a hacer la denuncia. Estoy llena de moretones y
lesiones, muy dolorida, sufrí un estrés tremendo, con mucha angustia”.
Mientras tanto las máquinas siguieron trabajando: “Las obras siguieron
ejecutándose por lo que sé y el puente fue inaugurado este sábado”,
afirmó.
Luego de los acontecimientos ocurridos, el ministro de Seguridad de
Buenos Aires, Sergio Berni dispuso la intervención de la Comisaría
Primera y la suspensión del comisario Claudio González.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados difundió en un
comunicado su absoluto repudio a los hechos de violencia que sufrió la
abogada, y asimismo, el Ateneo de Mujeres Abogadas de San Nicolás, el
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolás, REDASA
(Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria), la Asociación
Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asociación de Abogados
Laboralistas de Rosario, entre otras instituciones y agrupaciones sociales,
profesionales, gremiales y políticas, como así también el pueblo de San
Nicolás se han manifestado unánimemente en contra de estos gravísimos
hechos de violencia institucional y realizaron una marcha el día jueves por
las calles céntricas de la ciudad hasta la comisaría, donde hubo varios
oradores en repudio a tan violento e ilegal accionar.
