Se reunieron en la Casa Rosada algunos mandatarios provinciales y otros lo hicieron por Zoom. Entre los peronistas ausentes: Uñac, de San Juan; Rodríguez Saá y de San Luis, además de los habituales Schiaretti, de Córdoba y Perotti por nuestra provincia. Entre los causales del pedido figuran desde la violación de la ley de Etica Pública y la Constitución Nacional, hasta el mal desempeño de sus funciones, según comunicaron.
Tras el anuncio del pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el presidente Alberto Fernández se reunió con mandatarios provinciales en Casa Rosada.
Tras el encuentro, el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, detalló “la firma de un pedido de juicio político” por “mal desempeño de sus funciones” contra los cuatro jueces del máximo tribunal, y no solamente respecto de Rosatti.
“Junto a gobernadores y gobernadoras hemos tenido una reunión con el señor presidente con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño de funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el mandatario provincial.
“Esta Corte tiene una manifiesta parcialidad, los fallos son para favorecer a una parcialidad política”, planteó Capitanich, quien fue uno de los primeros en llegar a la convocatoria a la que también asistieron de forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfran (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
También se sumó Rubén Dusso, vicegobernador de Catamarca, en lugar de Raúl Jalil; mientras que Alicia Kirchner (Santa Cruz) lo hizo de forma virtual. “Con el Presidente de la Nación, la mayoría de los gobernadores, solicitamos a la HCDN, el inicio del “proceso” de juicio político a los integrantes de la Corte, por no respetar la competencia constitucional de los poderes legislativo y ejecutivo, poniendo en peligro la democracia”, dijo la mandataria santacruceña.
Más allá de apoyo de los gobernadores, el jefe de Estado no tiene los números en el Congreso para lograr la destitución. Desde Juntos por el Cambio ya sepultaron cualquier posible negociación: “En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se degrada día a día, el único objetivo que los desvela un 1° de enero es tener una Justicia sometida”.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresó su rechazo a la medida y advirtió que “el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad”, al tiempo que planteó que “es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado”.
“Así como no pudieron con la reforma judicial, la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán”, afirmó la coalición opositora a través de un comunicado.
