La escribana María Paula Bruera fue nombrada jefa del área. La autoridad de aplicación estará compuesta por una Unidad de Control integrada a su vez por otros profesionales especializados en la materia.

El intendente Pablo Javkin firmó un decreto a través del cual designó a María Paula Bruera como jefa de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.
La Agencia posee como principales funciones la de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.
La Agencia trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.
En el momento de la designación, Javkin destacó el trabajo de la abogada que posee en el derecho penal y la criminología. “Se ha especializado a través de la Procuración del Tesoro en lavados de activos, además ha participado del trabajo legislativo. Creo que son todas cuestiones prioritarias en esta tarea. Es una oficina que se crea en un acuerdo que ratifica toda la ciudad. Paula seleccionará su equipo en el transcurso de la próxima semana, tal cual los requisitos de la ordenanza. Además, Paula ha hecho un trabajo en un área clave que es la de concesiones a nivel municipal”, dijo el intendente.
Por su parte, la jefa de la Agencia, María Paula Bruera, señaló: “Estoy muy contenta del trabajo de los concejales, el Ejecutivo, los conozco y sé del trabajo que realizaron en la Comisión de Gobierno, para una construcción colectiva de esta ordenanza. Esta ordenanza es muy importante para poder hacer frente a los desafíos que reciben los gobiernos locales para frenar las situaciones que perjudican a los vecinos de la ciudad. Estamos trabajando en cada repartición, cuál es la documentación establecida, que ya se está pidiendo, se están desarrollando algunos procedimientos, también las capacitaciones de las reparticiones para enfrentar de manera más fuerte este trabajo que ya realizaban. La agencia también los apoyará en todas las dudas que tengan”.
Y agregó: “Debemos apoyar a los vecinos que hacen las cosas bien y no perjudicarlos con requisitos innecesarios, y al que hace las cosas mal, dificultar la tarea y que desista de lavar activos de manera ilícita en esta ciudad”.
La autoridad de aplicación estará compuesta por una “Unidad de Control” integrada a su vez por otros profesionales especializados en la materia que tienen un perfil técnico. Un contador y un abogado, además de interactuar con los equipos de cada una de las secretarías que tienen a su cargo los trámites específicos.
Perfil profesional de María Paula Bruera
Bruera es abogada y escribana, tiene cursada una maestría en gestión e implementación de políticas públicas que le facilita llevar adelante la articulación de los procedimientos, protocolos y convenios que se requieren, ya que la Agencia anti lavado es una herramienta de prevención de política criminal.
En lo referido a lavado de activos cuenta con una capacitación en la especialización que dicta la Procuración del Tesoro.
Dentro de su experiencia, además de haber formado parte durante años de equipos de asesores en materia legislativa, pudo interiorizarse de los diferentes desafíos que enfrentan las ciudades y sus vecinos, los últimos años estuvo a cargo de la Dirección General de Concesiones, en la cual llevó adelante procesos licitatorios y formó parte de comisiones evaluadoras multidisciplinarias cuya tarea es el análisis de patrimonios, documental y flujos de fondos, entre otras.
Solicitud de información por parte de la Agencia
Se establecen nuevos criterios y rubros sobre los que la agencia tendrá mayor control.
De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendrá, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitación, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguientes rubros:
- Venta o alquiler de vehículos, motos o embarcaciones.
- Armerías.
- Casas de juego, apuestas o casinos (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos).
- Espectáculos públicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
- Hoteles, hotel y alojamientos transitorios (cuando la inversión supere los 18.800.000 pesos).
- Estacionamientos y cocheras (cuando el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
- Guarderías náuticas (cuando el plan de inversión supere los 18.800.000 pesos),
- Restaurantes y bares (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad).
- Entidades financieras.
- Agencias de viajes.
- Licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas).
La Agencia no va a demorar o intervenir en la habilitación o los trámites de aquellas personas físicas o jurídicas que no tengan vínculos con este tipo de delitos. El plan de digitalización permitirá darle celeridad a quienes busquen emprender e invertir en Rosario con fines y fondos lícitos.
Pautas generales para detectar una operación sospechosa
- Inconsistencias entre una situación de exteriorización de activos y el perfil patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica.
- Situación de transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias, la posición de administración fiduciaria, con una frecuencia o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad.
- Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes.
- Operaciones o hechos económicos desarrollados por personas físicas o jurídicas que pertenezcan a otra persona humana o jurídica, que no justifique o no pueda justificar las mismas.
- Inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.
- Actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales.
- Constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo.