La ciudad de Villa Constitución tiene en su territorio uno de los 20 puertos fiscalizadores de pesca de la provincia, organismos creados por ley y administrados por los municipios que cumplen la función de controlar la actividad pesquera en sus territorios _sobre todo en cuanto al tamaño de las piezas_ y de cobrar una tasa por las presas extraídas, que debe volver a los mismos pescadores en tiempos de veda. Pero en la cabecera del departamento Constitución, este puerto está siendo puesto en tela de juicio, porque no estaría cumpliendo con el rol para el que fue creado. Así lo entienden, o sospechan, los concejales de la ciudad, que aprobaron un pedido de informes para saber de qué se trata. Se le cuestiona al Puerto Fiscalizador su lejanía física con el lugar de extracción (el mismo río), su poca capacidad de control, y su contribución, por acción u omisión, a la depredación de la fauna ictícola.
El problema es local, pero puede ser un disparador. Hay puertos fiscalizadores en toda la bota santafesina, y quizás el de Villa sea el primero en quedar bajo la lupa.
Villa constitución tiene algunas particularidades. Primero, que por la extensión de su costa agrupa a unas 200 familias viviendo de la actividad pesquera. Pero además, alberga en su ejido al único frigorífico del país que exporta carne de pescado para consumo directo. Además, y por el volumen de pesca que se da en el lugar, existen los acopiadores, que son quienes reciben los pescados y los envían al frigorífico, constituyendo un eslabón de la cadena productiva de no poca importancia, y que también está en la mira.
En este contexto se levanta el Puerto Fiscalizador, un organismo que debiera observar el tamaño de las presas, confeccionar y controlar las guías de pesca; es decir, la cantidad de piezas que entrega cada pescador. Y cobrar una tasa por kilo de pescado que se recoge. De acuerdo a la ley, de lo recaudado por tasa de fiscalización el 30 por ciento debe ir a la provincia, y el 70 por ciento al municipio, que lo tiene que usar para atender a los pescadores en los períodos de veda. En este proceso está lo que se llama la “guía de pesca”, un documento que el acopiador debe pasar por el Puerto Fiscalizador y abonar la tasa.
Empero, y claro, para poder cumplir esta función, el organismo debería funcionar en el territorio donde se genera la producción misma, es decir, en la costa, adonde los pescadores llevan las presas. Pero resulta que no. El Puerto Fiscalizador se encuentra lejos del río, sobre la ruta 90. Y este parece ser el “pecado original” del sistema, porque trae consecuencias para los pescadores y para el río mismo.
“Al estar alejado del lugar concreto de fiscalización, el puerto recibe la información de los acopiadores. y sin poder constatar la veracidad de sus dichos, lo que le admiten tiene carácter de declaración jurada”, afirma el concejal Víctor Secreto, autor de la norma que aprobaron sus pares. El Concejo Municipal sospecha de que los datos que se aportan no se condicen con la realidad. “No tengo los datos exactos, pero sabemos que el último año los números que figuran en concepto de cobro de tasas están muy por debajo de lo que nosotros y los pescadores creemos que hubiese correspondido recaudar, al menos en el último año”, estima Secreto..
El pedido de informes
Y por eso es el pedido de informes que elevaron los concejales, en medio de la situación actual del río Paraná y la emergencia que atraviesan los pescadores. Dicen que el decreto municipal Nº 4.337 establece una distribución de los fondos recaudados en concepto de Tasa de Fiscalización para los productos de pesca comercial. Afirman que por ley 11.314 (artículo 7) esa tasa debe distribuirse en un 70 por ciento para la municipalidad o comuna con Puerto de Fiscalización que haya firmado convenio, y del 30 por ciento para el Ministerio de la Producción, el cual debe aplicarse exclusivamente a tareas de control y desarrollo de la actividad pesquera.
Pero asegura también el pedido del Concejo que ese 70 por ciento que recibe el municipio debe ser destinado a los pescadores del río, contribuyendo a su crecimiento, teniendo en cuenta la compleja situación que se encuentran atravesando debido a la bajante.
Y aquí viene el asunto. La presencia del Puerto Fiscalizador es muy importante, ya que le permite al municipio recaudar y llevar un control de la tenencia de licencias de pesca comercial o acopio de pescado, así como de controlar el tamaño de las piezas que se extraen del río.
Víctor Secreto, autor del pedido que aprobaron los concejales villenses.
Recuerdan los concejales que en la ciudad el Puerto Fiscalizador se encuentra funcionando “provisoriamente” sobre ruta 90 en dependencias de Bromatología municipal, una ubicación muy alejada del río. Esto les lleva a preguntarse “de qué manera se realizan los controles de las guías de pesca”, y a considerar que “la actual ubicación no permite (al organismo) realizar su tarea con eficacia“. Dicen que “imposibilita el control de los recursos extraídos del río por los diferentes pescadores y la recaudación de las guías de pesca de los acopiadores”. También creen que la bajante histórica del Paraná “complejiza el control de los recursos naturales favoreciendo la depredación del río y poniendo en riesgo la biodiversidad“
El 15 y 21 de septiembre se realizó el operativo de inscripción y renovación de las licencias de pesca comercial, y de los permisos de pesca de subsistencia año 2022. Cumplieron los trámites de alrededor de 200 pescadores.
Si bien la constitución del Puerto Fiscalizador data de 2011, y se había adelantado entonces su posible emplazamiento sobre el río, en 2018 se anunció su construcción en áreas de la Unidad 1 del Puerto de la ciudad, lo cual no se llevó adelante.
En conclusión, los conejales quieren convocar a las autoridades de Producción y Desarrollo Económico locales a una audiencia en la cual esperan que aporte lo recaudado por las guías de pesca correspondiente al período 2021/2022, que informen sobre el destino del 70 por ciento que le corresponde al municipio por la tasa y por el fondo de “Reconversión Pesquera y Asistencia a Pescadores”. También quieren saber en qué situación están las tratativas para determinar una ubicación específica del Puerto Fiscalizador en una zona costera de la ciudad.
Desde el vamos
El 12 de enero de 2011, La Capital publicó un artículo donde anunciaba para febrero de ese año la creación del Puerto Fiscalizador. En aquella ocasión, funcionarios provinciales, municipales y del Sindicato de Pescadores ponían en marcha el sistema informático que sería utilizado para fiscalizar la actividad pesquera en esta ciudad, como paso previo al inicio operativo del “Puerto”. Los pescadores celebraron la iniciativa y reclamaron la instalación de una cámara frigorífica para convertirse en los verdaderos dueños del producto de su trabajo.
Por entonces se anunció que el organismo funcionaría en dependencias de Bromatología municipal, pero quien era en el momento titular de Desarrollo Económico local, Horacio Cucchiari, evaluó que si bien el asentamiento definitivo debería ser consensuado con todos los actores involucrados en la actividad, el club Bartolomé Mitre tenía una ubicación privilegiada para que se instalara el emprendimiento.
“El gobierno provincial hace tres años que está trabajando con el sector más vulnerable de la pesca, que son los pescadores. Ellos son el sector al que más se le ha puesto énfasis para que se visibilice su labor y creen una identidad como trabajador”, señaló en aquella oportunidad Carmen Tardivo, entonces responsable del área Caza y Pesca de la provincia.
Pasaron los años, y el Puerto Fiscalizador sigue en el mismo lugar. Y ahora muy observado.
LC
