Hay graves acusaciones contra los adjudicatarios de la concesión municipal. En la audiencia imputativa se negaron a declarar.
Tanto el Concejo municipal de Rosario como la Secretaria de Gobierno de la municipalidad fueron notificados de diversas irregularidades en el bar y heladería “Mordisco Río”. Además, hay procesos judiciales actualmente en trámite en los fueros civil y comercial, así como también una denuncia penal por estafa la cual recae en la pareja que posee hoy en día la concesión.
Según las presentaciones realizadas, inicialmente proyectaron el local comercial dos matrimonios. Uno de ellos, el denunciante, consiguió un importante préstamo para hacer las inversiones iniciales, como refacciones en el establecimiento, la compra de insumos y mobiliario para poner en funcionamiento el negocio. Aquello que había comenzado como una idea entre personas de confianza, se transformó en constantes disidencias que derivaron en el final de la relación.
“Luego de poner en marcha el local e inaugurarlo al público, cumplimentando con las diversas cláusulas del respectivo contrato de concesión comercial, se suscitaron una serie de divergencias entre los socios, que culminaron en la decisión arbitraria y maliciosa del Sr. Chamorro, a fines del año 2020, de prohibirle a la Sra. Vache el ingreso al local comercial cuya titularidad compartían, abusando de su posición por haber suscripto el respectivo contrato con la Municipalidad de Rosario”, indica el escrito presentado en ambos órganos. Las primeras tratativas comenzaron en julio de 2019, en el marco de una licitación pública por parte de la municipalidad (Nro. 2/2019) que tenía como objeto la explotación de la unidad comercial en la calle Eudoro Carrasco 2774 (Local 6), en la Rambla Catalunya. En base a la confianza que mantenían ambas partes iniciaron los acuerdos para poner en marcha el local y pospusieron la firma del documento donde quedara reflejada la sociedad, y al momento de ser otorgada la concesión, Marcelo Chamorro fue el encargado del trámite. Primero comenzó a funcionar en el mes agosto la heladería, y luego en octubre el bar. Unas semanas después todo había cambiado.
Más allá de las cuestiones personales, el documento presentado ante el ejecutivo y legislativo local, detalla que hay una serie de incumplimientos del contrato de concesión comercial que ameritarían la intervención de la municipalidad. Entre ellos figuran: el no cumplimiento de obras y reformas que incluyen la ampliación y mejoras en los sanitarios, modificación de las aberturas del lado del río, entre otras; falta de pago de los cánones locativos mensuales; incumplimiento de las obligaciones laborales comprometidas, que dio por resultado empleados despedidos o que han renunciado; hechos de discriminación con los consumidores; falta de solvencia del concesionario y la imputación de éste y su cónyuge por la presunta comisión del delito de estafa.
Durante la audiencia imputativa que tuvo lugar en mayo de este año, cuya calificación legal fue “estafa en calidad de coautores y en grado de consumado”, los imputados se negaron a declarar en presencia de su defensor. El fiscal interviniente es el Dr. Fernando Dalmau.
