Durruti: “El barrio popular es un sector vulnerabilizado de la sociedad que no tiene acceso a la justicia”

En la reunión mensual multiactoral sobre la urbanización de barrios populares del Concejo participaron un juez y funcionarios en el marco de la comisión de Planeamiento.

Del encuentro participaron el juez de Primera Instancia de Circuito de la 1ª Nominación, Daniel González; el secretario de la Cámara de Apelaciones de Circuito de la 2ª Circunscripción, Agustín Crosio, y la coordinadora provincial del Centro de Acceso a la Justicia, Gabriela Durruty.

En el inicio del encuentro el titular de la comisión, Fiatti, agradeció la presencia de los funcionarios judiciales; mientras que posteriormente el edil Juan Monteverde, de Ciudad Futura, explicó la mecánica de estas reuniones que se realizan los primeros lunes de cada mes, con el objetivo de “coordinar acciones públicas para posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de vecinos y vecinas que viven en este siglo como si fuera el siglo XIX”.

Posteriormente la doctora Durruty, destacó la presencia de jueces de circuito que “son los que tienen injerencia en los juicios de desalojo” y mencionó acerca de los barrios populares que “hablamos de un sector vulnerabilizado de la sociedad que no tiene acceso a la justicia”.

También lamentó la coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia que no estuvieran representantes del Ministerio Público de la Acusación y de las Defensorías.

Acotó con relación a la reunión que “este no es un espacio académico, venimos a trabajar”, para recordar que los Centros de Acceso a la Justicia funcionan desde el 2007, con oficinas en distintos lugares. “Tenemos asiento en los territorios”, marcó.

De igual modo precisó que actúan ante este tipo de situaciones, cuando llega una cédula de desalojo.

El juez de Circuito, Daniel González, felicitó la idea de “la articulación temprana” para indicar que en el caso de su función “tenemos la triste tarea de proceder a dictar una sentencia de desalojo”, por lo que reiteró la idea de la articulación con otros sectores del Estado.

Indicó que “desconocemos la existencia de un mapa de los barrios populares” y mencionó que “estamos dispuestos a escucharlos” y “trabajar en estos temas”.

Recordó González que su primer día como magistrado, en el 2009, tenía “por un lado a la abogada de quien reclamaba un desalojo y por otro una nota del Concejo que solicitaba la su suspensión”, respecto a una propiedad de Ituzaingó al 600.


Asimismo indicó que “siempre en situaciones de vulnerabilidad hay un menor o una persona con discapacidad”, para destacar que “hay un asistente social que realiza trabajos de contención” y de igual modo aludió a la intervención de organismos de derechos humanos.

Por su parte el secretario de la Cámara de Apelaciones de Circuito, Agustín Crossio, agradeció la posibilidad de participar y transmitió el mensaje de los camaristas respecto al trabajo planteado.

La edila Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura, dijo que “me parece sumamente importante que el Poder Judicial conozca esta ley”, la que establece el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y particularmente hizo referencia al artículo 15º “que me parece una llave maravillosa, para éstos 4.416 con casi un millón de familias” en todo el país.

Consignó que en el 80 por ciento de los casos están hace más de 10 años y el 60 por ciento, más de 20 años. En relación a los de Rosario sostuvo que el 98 por ciento no tienen agua potable y el 97 no posee cloacas “derechos elementales”.

Dijo que la aplicación de la normativa “es de orden público. Es una herramienta que tiene que aplicar el Poder Judicial”, para agregar que “la aplicación de esta herramienta salva la situación de estas personas del desalojo”.

También mencionó la edila Pellegrini que “hay un andamiaje que se construye con políticas nacionales, provinciales y municipales” y mencionó también ejemplos de interacción con casos en Posadas, Misiones, y en Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires.

Resaltó igualmente que “cuando una familia está sindicada por el delito de usurpación, pero tiene el certificado de vivienda familiar, esta herramienta es útil, ya que no permite el desalojo y articula con otros organismos”.

En una nueva intervención Durruty destaca la asimetría en estos casos y recuerda que “ha sucedido con terrenos fiscales donde detrás de ellos había un interés inmobiliarios”.

El edil Fiatti en tanto marcó “el gran problema de la propiedad del suelo” para sumar la carencia de servicios, para destacar como una de las cuestiones prioritarias el suministro de los mismos.

Al intervenir una vecina de la organización Nuestra América, del barrio La Paloma, Sabrina, consultó sobre que “va a pasar” con el mismo dado la posibilidad de un desalojo.

El concejal Monteverde, por su parte, recordó un problema similar en el barrio “La Bombacha”, para destacar que “se evitan los desalojos, pero con un dispendio de energía social muy grande. Me parece que esa ley evita eso, y entonces utilizar esa energía para comenzar los procesos de regularización dominial”.

Explicó que el mapa que se encontraba desplegado en la mesa tiene marcados en cada barrio si hay intervenciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas SA (Assa), la provincia o el municipio y reiteró el pedido para que se incorpore esta información al InfoMapa municipal.

Consultó por su parte la concejala Verónica Irizar, del bloque Socialista, si hay un relevamiento de cuáles de los barrios populares están en terrenos privados y cuáles son los desalojos iniciados actualmente.

En los tramos finales de la reunión el edil Monteverde propone realizar difusión por parte del Concejo sobre la ley

En  tanto el concejal Fiatti, propuso trabajar en un protocolo sobre la cuestión y similar inquietud indicó el edil Monteverde.

Por su parte el juez González consideró que “es importante contar con un protocolo para estos casos y que tenga sanción como ordenanza municipal”.

Junto al presidente de la comisión, Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, participaron Juan Monteverde y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura;  Silvana Teisa, de Todos Hacemos Rosario, y Verónica Irizar, del bloque Socialista.