La agenda política en lucha permanente

El bloque de senadores del Frente de Todos, con el apoyo del presidente del interbloque José Mayans, cerró la semana con la presentación de un proyecto de ley sobre deudas previsionales para que se puedan jubilar las personas que no llegan a los 30 años de aportes como exige la ley. La iniciativa la redactaron los cristinistas Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.

Según los integrantes de la bancada oficialista en la Cámara alta, el proyecto tiene como objetivo “la inclusión” y consiste en “un plan de pago previsional” sin impacto severo en las arcas del Poder Ejecutivo. Los senadores del FdT aseguraron que el aumento del gasto era ínfimo y que sólo podría exigir un 0,02% extra. Los mismos legisladores dejaron en claro que la consulta había sido a Anses y no tenía coordinación con la cartera económica.

Los impulsores de la medida aclararon que son parte del Gobierno pero que también desde el Congreso podían presentar iniciativas propias. Y eso hace el kirchnerismo luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner expusiera a cielo abierto la discusión que mantiene por la política económica del gobierno.

La presentación del proyecto en el Senado se evidencia como una nueva forma de marcar la cancha por parte del kirchnerismo más puro en medio de la interna abierta con el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández y que comenzó la semana pasada con un proyecto del diputado Máximo Kirchner. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil resolvió un aumento final del 45% respecto al valor inicial de $33.000, a percibir en forma íntegra en los haberes de enero de 2023, cuando se alcanzará la suma de $47.850. Sin embargo, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, pidió adelantar la totalidad del aumento, para que el incremento del 45% pautado se cobre en agosto y no en enero del próximo año.

El texto también lleva la firma de Vanesa Siley, Hugo Yasky, María Rosa Martinez, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Veronica Caliva, Pablo Carro, Carlos Cisneros y Juan Carlos Alderete. En su mayoría diputados que en la discusión por el acuerdo con el FMI tuvieron votos negativos o abstenciones.

Del otro lado, el “albertismo” que no se siente “albertista” sino alineado con un gobierno al que hay que ayudar en la gestión teje en los pasillos de Diputados y sigue insistiendo por las leyes productivas que esperan desde el año pasado y que no pudieron salir ni en sesiones extraordinarias. El encargado parlamentario de impulsar las 8 leyes que serán objetivo de estos meses es el entrerriano Marcelo Casaretto, hombre del justicialismo provincial y cercano al gobernador Gustavo Bordet. 

La semana pasada avanzaron las dos primeras leyes de ese paquete económico: Cannabis medicinal e incentivos a la construcción. “Ya está todo arreglado con el Senado”, cuentan en el entorno del entrerriano que estuvo por los despachos de los principales senadores del Frente de Todos para que la media sanción no muera en la Cámara alta. En este sentido, el martes ya tiene fecha un nuevo plenario de comisiones de Industria, que preside Casaretto, y Presupuesto y Hacienda, el proyecto del Ejecutivo que sigue es la ley de Compre Argentino.

La iniciativa del PEN establece prioridades para que el Estado elija como proveedora a una empresa nacional que se exceda en los precios ofertados por multinacionales. Se elevan las preferencias de las MiPymes nacionales de un 15% a un 20%. El resto pasan del 8% al 15%. El Gobierno busca un ahorro de $500.000.000 de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros.

Casaretto, el hombre clave para el gabinete económico se presenta como un diputado con diálogo directo con el kirchnerismo y con el gobierno. Durante las últimas semanas tuvo reuniones intensas para que no se frenen en el Senado lo que salió la semana pasada y lo que queda por delante. El objetivo central son ocho leyes productivas de las cuales dos ya salieron. Quedan los proyectos de electromovilidad, de la industria autopartista y la agroindustrial, entre otras. “Antes mi rol era hablar, ahora es sacar leyes”, aseguran que dice a sus asesores.

La Cámara de Diputados tardó en activar las comisiones y el deseo oficialista es recuperar el tiempo.