Gasoducto Néstor Kirchner: kilómetro cero de la traza, ¿zona de conflicto?

En el kilómetro 77 de la Ruta Provincial 7 -unos 20 kilómetros antes de Añelo- se desprende una picada que surca camino al norte y que, después de 4 ó 5 kilómetros, desemboca en una de las cabeceras de Transportadora Gas del Sur (TGS): Tratayén. De esas árida tierras nacerá el gasoducto Néstor Kirchner que recorrerá 563 kilómetros, a través de cuatro provincias, para llegar a otra cabecera de TGS, en la estación Saturno, cerca de la localidad bonaerense de Salliqueló.

Tratayén es el kilómetro cero para la traza de la obra más determinante para el país en la actualidad. Pero, ¿por qué su geolocalización es tan relevante?

La tierra desde donde partirá el caño será parte del relevamiento territorial (ley 26.160) acordado entre Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno de Neuquén, que contó con el aval de los seis consejos zonales de la Confederación Mapuche y la mediación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Allí la comunidad Fvta Xayen (Paraje Tratayen), una de las más recientes en autoreconocerse, reclama tierras ancestrales. Casi un espejo de lo que ocurrió en zona de Loma Campana (YPF) con los Campo Maripe en 2013, durante el nacimiento de Vaca Muerta.

Centralmente son dos campos, uno de las familias Formaro/Ferracioli (está última vinculada al diputado nacional Pablo Cervi a través de su esposa) y, otro, de los Galván. El antecedente fue en 2017 cuando integrantes de distintas comunidades ocuparon las tierras y fueron desalojados.

En ese sector operan al menos tres petroleras: YPF, Vista y Shell. Todas tienen tratos diferenciados y propios con las comunidades, que casi nunca son públicos.

Con la primera de las familias se llegó a un acuerdo, que aun se ejecuta, y que terminó con la absolución de 21 mapuches, que habían sido acusados por usurpación. La segunda discusión sigue abierta y el último hecho, en septiembre de 2021, fue calificado por el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, como una “ocupación” al asegurar que la familia Galván cuenta con los títulos de propiedad desde 1976.

La relación del gobierno neuquino con las comunidades ha sido, en la última década, ambivalente y sobre todo en las zonas petroleras. Sin embargo, en algún punto parecen estar virando las acciones del gobierno, como evidenció el último gesto del gobernador Omar Gutiérrez que acercó a las comunidades a una reunión privada con el presidente Alberto Fernández. La Fiscalía General, donde terminan los desacuerdos entre las partes, también fue transformando su mirada.

Medios locales consultaron a propietarios de las tierras y no ven con optimismo el inicio de las obras. Pese a las palabras del presidente, que prometió escuchar a las comunidades, imaginan un escenario con reclamos y conflictos.

Los Fvta Xayen se suman a otras comunidades, como Wirkaleu (Sauzal Bonito), Kaxipayiñ (Loma La Lata) y Campo Maripe (Loma Campana), que el gobierno no quiso incluir en su momento en la ley de relevamiento territorial pese a que con cada prórroga de la ley se prorrogan también sus plazos.


Las tareas de relevamiento comenzaron el mes pasado con 12 comunidades que tenían el trámite avanzado, pero con las urgencias que el nuevo gasoducto el tema deberá ser abordado sin dilaciones.

Habrá que ver si finalmente existe un camino de diálogo y la foto termina siendo auspiciosa para los tiempos del gasoducto o si fue un hecho más de la coyuntura.

Pero la llave no solo será el relevamiento. Gabriel “Rolo” Cherqui, vocero de la zonal Xaunko e integrante de la comunidad Kaxipayiñ, lo anticipó antes de reunirse con el presidente Fernández esta semana en Neuquén: solicitarán el derecho a la consulta previa, libre e informada, algo que la Legislatura neuquina todavía no legisla.

La Corte Suprema asistió en razón a las comunidades con el caso de Villa Pehuenia en un fallo del año pasado, que obliga al Estado neuquino garantizar la participación de los pueblos originarios en el Municipio.

El precedente, que es jurisprudencia, provoca temor entre quienes demonizan cada acto de las comunidades, pese a que en Vaca Muerta si bien siempre se mostraron activas, nunca mostraron hechos de violencia organizada como en otras regiones.

Gasoducto, una obra atrasda

Más allá de la hipótesis de un conflicto que amenaza con el retraso de una obra estratégica, lo cierto es que el proyecto -que finalmente se licitará a mediados de mayo y comenzará a construirse en septiembre- ya arranca tres años tarde y no por protestas.

El antecedente se remonta al 30 de julio de 2019 cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó la licitación. La convocatoria tuvo dos prórrogas, en noviembre de ese año y en marzo de 2020, pero finalmente se canceló el 30 de diciembre de ese año.

La principal objeción a ese proyecto fue la concesión de 35 años con prórroga de 10 para el constructor del gasoducto. Pero también fue el acceso al financiamiento, tras los coletazos de la crisis económica de 2018. Sin embargo, la principal piedra fue política porque el expresidente Macri salió debilitado de las PASO y deahí en más su gobierno se encaminó a un traspaso de mandato, donde sus adversarios no le iban a reconocer su legado y los suyos seguramente no iban a dejar una obra para que otro corte las cintas.

Comunidades mapuches: “Venimos a exigir que se cumpla la consulta previa”

El presidente Alberto Fernández inició su visita en Neuquén recibiendo a representantes de las comunidades mapuches, un encuentro que fue mediado por el gobernador Omar Gutiérrez. “Nosotros no venimos a pedir nada, venimos a exigir que se cumpla con la consulta previa e informada que establece el artículo 169 de la OIT y las legislaciones vigentes”, dijo Gabriel Cherqui a este medio tras la reunión.

Para un gran sector de la industria, la foto de Fernández y las comunidades con el aval de Provincia es un hecho alentador e “imposible de imaginar” con otros mandatarios. Incluso el jefe de Estado lo terminó de ratificar en un breve cruce con la prensa donde dijo que “fue una presentación muy correcta, donde nos pidieron simplemente que escuchemos su opinión cuando iniciemos obras como las del gasoducto”. En el mismo sentido se expresó el secretario de Energía, Darío Martínez, al explicar que Iaesa -la empresa estatal que licitará y manejará al concesión del gasoducto- “tiene la orden de cumplir con todos los pasos que deban darse”.

El titular de la firma estatal, Agustín Gerez, dijo a este medio durante la visita a Vaca Muerta que “eventualmente trabajaremos en conjunto con ellos en el marco de nuestros programas”.

El temor inicial en la industria sobre la consulta previa e informada es que derive en un proceso deliberativo que demore los tiempos que necesita una obra urgente para el país. El antecedente, ya mencionado, es el fallo de la Corte contra el Estado neuquino en el caso de Villa Peuhenia y su participación en el Municipio que, pese a ser de abril de 2021, aun el gobierno no lo instrumenta.