El oficialismo presentó el proyecto para modificar la ley de alquiler y gravar las viviendas vacías

Diputados del Frente de Todos (FdT), encabezados por José Luis Gioja, formalizaron la presentación de la iniciativa. Entre otros aspectos, contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos, así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.

Diputados del Frente de Todos (FdT), encabezados por José Luis Gioja, formalizaron hoy la presentación de un proyecto para modificar la actual Ley de Alquileres, y que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.

La iniciativa impulsada por Gioja propone además que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual, y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.

El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo tanto de inquilinos como de propietarios.

Entre las modificaciones, esa ley estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.

“Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación”, sostuvo Gioja en los fundamentos de la iniciativa.

El exgobernador de San Juan agregó que “pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los Estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler”.

La iniciativa incluye además un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la gestión pública de alquileres sociales, que debe ser diseñado por el Consejo Nacional de la Vivienda. Este sistema ofrecería a los inquilinos precios más bajos que los del mercado inmobiliario privado.

Actualmente, los precios de los alquileres son la principal restricción a la hora de acceder a un inmueble. “Si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garantías o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primera -y en muchos casos la mayor- barrera de ingreso”, sostiene el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).

La principal explicación que ofrecen a la suba de precios es la falta de unidades para alquilar. Esto se debe a la baja rentabilidad que deja a los propietarios el alquiler hace que sea más redituable ponerlos a la venta. Según se estima oficialmente, hay 120.000 viviendas publicadas en venta en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio histórico es 50.000.


El proyecto de Gioja también ordena al Consejo Nacional de la Vivienda elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar a los inmuebles vacíos, que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados. Además, con esta iniciativa el oficialismo se adelantó a una movida de Juntos por el Cambio, que pensaba convocar para la semana que viene a una sesión especial en Diputados para impulsar un proyecto que derogue la ley vigente.

Eso había anticipado el diputado radical, Mario Negri, en declaraciones a Radio Rivadavia. El cordobés afirmó que “vamos a convocar a una sesión especial muy pronto, aunque no tengamos número, porque ya nos hemos cansado de insistir”. “La vamos a convocar para que se ponga en evidencia a ver quién va y quién no va”, desafió.

Actualmente, el equipo de Massa continúa trabajando en un proyecto similar, con la diputada Marcela Passo a la cabeza, que se retrasó en los últimos meses. En el medio, hubo meses agitados por el proyecto de Presupuesto 2022, el intento de extraordinarias y el acuerdo con el FMI.

En principio se buscará modificar dos ítems principales dentro de la ley con los que el mercado no está contento. El primero será la fórmula por la cual se actualizan los contratos de alquileres una vez al año. El otro punto será la duración de los contratos que con la nueva normativa se extendió de dos a tres años.

Según una encuesta realizada por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, ocho de cada 10 propietarios consideraron que la Ley de Alquileres los perjudicó: un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. En tanto, un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP.