Faltan al menos 64 jueces federales en cuatro zonas clave atravesadas por el narcotráfico

En pleno conflicto con el Ejecutivo y el kirchnerismo duro que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema pone el foco en la selección de jueces federales en las zonas más afectadas por la narcocriminalidad -narcotráfico y lavado de activos de la venta de drogas-. En el despacho del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, elaboraron un mapa que evidencia que el poder político no ha tenido la voluntad de fortalecer a la Justicia federal en los territorios más calientes del país, según confiaron fuentes de la Corte a los medios.

El mapa sería una demostración de que el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar y sancionar a los jueces federales de todo el país, no funciona. Las trabas políticas para nombrar jueces y agilizar el avance de las investigaciones y juicios orales y públicos no es sólo responsabilidad de los políticos. 

Los jueces, abogados y académicos también tienen representantes en el organismo que se encarga de la elección de magistrados y las negociaciones entre estos sectores con oficialismo y oposición también logran frenar el avance de los concursos, según reconocen fuentes del Consejo y el poder Judicial.

Las próximas cuatro semanas serán centrales en la disputa entre el máximo tribunal y el oficialismo: la selección de jueces está en el centro del conflicto político. El kirchnerismo tiene plazo hasta el 15 de abril para sancionar una nueva ley que reconfigure el Consejo de la Magistratura. Si no logra una nueva norma que se adecue al último fallo de la Corte, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumirá la presidente del Consejo y los jueces sumarán poder en una instancia clave de la integración del Poder Judicial. Es un lugar que el oficialismo no quiere que Rosatti ocupe pero los números en el Congreso no ayudan.

La información que contiene el mapa elaborado por la Corte no sale del cuarto piso del Palacio de Justicia.

Las cuatro zonas más calientes del país hay al menos 64 vacantes en juzgados y tribunales federales con competencia para investigar y juzgar al narcotráfico y la narco criminalidad. Es casi el 27% de las vacantes del país en distintos fueros (penal, civil, comercial, de familia, contencioso administrativo).

Rosario preocupa especialmente a la Corte. Rosatti es de Santa Fe (también Ricardo Lorenzetti). San Martín, en el Gran Buenos Aires, y la ciudad santafesina están entre las más afectadas por la falta de jueces federales, pero también otras zonas clave de las fronteras con Paraguay y con Bolivia; y de la provincia de Buenos Aires.

La Corte mantiene su mapa puertas adentro y los resultados publicados en esta nota surgen del cruce de información de distintas fuentes aportada desde la Corte y otras instancias judiciales; el Ministerio Público Fiscal; informes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que dirige el fiscal Diego Iglesias, y que identifican las zonas del país donde se investigan los casos más graves de narcocriminalidad; cifras publicada en el portal del Consejo de la Magistratura, que muestra las vacantes en trámite ante el organismo, ante el Ejecutivo y el Senado; y el sitio oficial de la Corte, que despliega la agenda judicial del país, provincia por provincia, indicando en cada juzgado o tribunal si los cargos tienen titulares o no. La información puede ser parcial o estar desactualizada si los datos publicados no son correctos. 

San Martín

El principal territorio caliente del mapa del narcotráfico con mayor cantidad de vacantes es la jurisdicción de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que volvió a ser noticia durante el verano por el caso de la cocaína adulterada que le costó la vida a 24 personas.  Abarca no sólo la localidad de San Martín, sino también otros puntos calientes del Conurbano bonaerense: Morón, Tres de Febrero, San Justo, San Isidro, Hurlingham, Mercedes y Moreno. Todas protagonistas en los últimos años de casos icónicos del narco y narcomenudeo: del homicidio del Unicenter al triple crimen de la efedrina, pasando por figuras como Mameluco Villalba o la guerra narco de bandas dedicadas a la venta de cocaína y marihuana. 

San Martín tiene 12 vacantes. Le faltan dos jueces federales, cuatro camaristas y seis jueces de tribunales orales. Es más de un tercio de su poder Judicial, dijo el presidente del Consejo, Alberto Lugones.


Rosario

Rosario tiene cinco vacantes, una cifra alta para una jurisdicción pequeña y marcada desde hace más de una década por la guerra narco. El 25% de la Justicia federal de primera instancia está vacante, ya que de los cuatro juzgados federales de la ciudad, el número 1 no tiene magistrado y la terna está esperando en el Ejecutivo, según el sitio del Consejo de la Magistratura. 

También falta el 50% de los cargos de tribunales orales federales, los encargados de llevar adelante los juicios y dictar los veredictos en casos de narcotráfico. La jurisdicción tiene sólo dos tribunales orales federales y uno está vacío. El Ejecutivo tiene pendiente nombrar dos cargos para que el tribunal número 2 pueda funcionar adecuadamente. 

Además, faltan dos camaristas que revisen las sentencias de los jueces de primera instancia y permitir que avancen las investigaciones. Sus nombramientos dependen del Ejecutivo y el Senado, según publicó el Consejo de la Magistratura.

La provincia de Santa Fe es una de las más afectadas por la falta de jueces y juezas federales. Además, de las cinco vacantes de Rosario, necesita otros cinco jueces más en otros puntos de la jurisdicción judicial, que incluyen a las ciudades de Santa Fe y San Nicolás (esta última por cuestiones de ubicación geográfica depende de Santa Fe), pero la zona que más preocupa a la Corte es Rosario. 

Fronteras

La frontera con Paraguay es una de las fronteras más afectadas por el tráfico de drogas, según los informes de la Procunar. También el territorio lindante con Brasil. En Misiones faltan tres vacantes de distintas instancias. El juzgado federal de Puerto Iguazú, en la triple frontera, ni siquiera está conformado y este jueves se volvió a aplazar el nombramiento de su titular en el Consejo de la Magistratura.  

Formosa y una parte de Chaco necesitan seis jueces más y Corrientes tiene dos vacantes.

En Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, faltan seis jueces: uno de tribunal oral, un camarista de apelaciones y cuatro jueces de primera instancia, dos de ellos en zonas neurales: Orán y Tartagal, que se acaba de sumar, ya que a principios de marzo falleció el juez titular, Carlos Martínez Frigoni.

Aeropuertos y puertos

En jurisdicción de la Ciudad de Buenos, dos fueros centrales también carecen de jueces suficientes: los tribunales de Retiro (los penales federales de Comodoro Py -donde se investigan y se juzgan los grandes casos narco del territorio porteño- y los Penales Económicos, encargados de investigar los casos de contrabando y lavado de activos).

En los tribunales de Retiro faltan seis jueces penales económicos y ocho en Comodoro Py, tanto de primera y segunda instancia como de tribunales orales. El fuero tampoco tiene fiscal general titular que intervenga ante la Cámara Federal porteña para las apelaciones. Además, en Penal Económico faltan cuatro fiscales titulares.

Además de San Martín, hay otras jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires que preocupan a jueces y fiscales: Mar del Plata -zona portuaria- tiene cinco vacantes; y La Plata tiene 11, incluyendo uno de los dos juzgados federales de Lomas de Zamora que tienen competencia sobre todo lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También necesita dos fiscales generales ante la Cámara de Apelaciones.

Juzgados sin jueces

Este jueves, durante un plenario del Consejo de la Magistratura, los representantes de los distintos sectores -oficialismo, oposición, jueces, abogados y académicos del derecho- debían votar las ternas a 18 cargos en juzgados y tribunales de distintos puntos del país, incluidos algunos de los puntos que la Corte tiene marcados en su mapa del delito, en la frontera con Paraguay. 

Sin embargo, los consejeros no lograron ponerse de acuerdo en nada. Ninguna de las ternas llegará por ahora al Ejecutivo para que el presidente Alberto Fernández elija a sus candidatos y envíe sus pliegos al Senado, donde finalmente los jueces y juezas son nombrados, de obtener la aprobación con mayoría simple de los senadores.

Los representantes de los jueces -liderados por el magistrado Ricardo Recondo- y de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires -Diego Marías- solicitaron postergar el tratamiento de todas las ternas hasta que el Consejo termine de conformar su nueva integración, ordenada por un fallo de la Corte Suprema en diciembre, que entendió que la actual conformación es inconstitucional porque no representa de manera equilibrada a todos los sectores. La Corte les dio tiempo hasta el 15 de abril para adecuarse al fallo y sumar seis nuevos miembros, aunque nunca dijo que el Consejo debía dejar de funcionar hasta entonces. 

El presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones -alineado con el kirchnerismo-, pidió este jueves que se sometieran a votación la ternas que tenían unanimidad de consenso entre los distintos sectores, como los juzgados federales y un tribunal  de Clorinda, Puerto Iguazú y Formosa, en la frontera con Paraguay, una de las zonas clave del mapa del delito. El magistrado agregó: “(Comodoro) Py tiene cubierto (sólo) dos tercios de los tribunales federales y San Martín tiene menos de dos tercios”. 

La falta de jueces de todas las instancias no es exclusivo del fuero penal federal. El Consejo también está a cargo de otros fueros con competencia nacional. Lugones se refirió el jueves a otros fueros que son esenciales en el funcionamiento de la Justicia y la garantía de los derechos de las personas, en especial los niños y niñas. “El 25% de los juzgados de familia de la Ciudad de Buenos Aires están sin cubrir, son juzgados donde hay planteos unánimes -es decir que todas las fuerzas y sectores estaban de acuerdo con los candidatos de las ternas-, entonces, ¿cuál es el motivo para no votar hoy?”, se preguntó el presidente del Consejo ante sus colegas. 

“Yo tengo que responder la semana que viene al presidente de Casación (Nacional) -Gustavo Bruzzone- y le tengo que explicar por qué no aprobamos un concurso que venía por unanimidad”, en referencia a las ternas para cubrir cuatro juzgados nacionales del fuero civil que tienen competencia exclusiva en temas de familia y capacidad de las personas.

 Los consejeros Diego Molea y Graciela Camaño adhirieron al planteo pero quedaron en minoría. El Consejo pospuso la votación de las ternas que estaban listas para ser enviadas al Ejecutivo y sometió a votación aquellas en las que los distintos sectores no se habían puesto de acuerdo. El oficialismo no consiguió los dos tercios de los votos del plenario (necesita nuevo votos para aprobar las ternas) y todo quedó en la nada.

*Este artículo se corrigió el lunes 21 de marzo a las 08:38 para aclarar que Rosatti y Lorenzetti son de Santa Fe.

Gentileza eldiarioar

Por Emilia Delfino