En los primeros dos días del juicio oral y público en contra de Esteban Alvarado, el nombre de un superior retirado de la policía provincial fue mencionado en reiteradas ocasiones en situaciones que estaban lejos de dejarlo bien. El mencionado asumió hace una década como jefe de la Policía de Rosario, cargo del que tuvo que retirarse, a pesar de permanecer allí cuatro meses, porque ocupó ese cargo al mismo tiempo que era investigado por enriquecimiento ilícito. Pero en el transcurso de su breve mandato, salieron a la luz otros detalles comprometedores que revelaron algunas conexiones incómodas.
Arismendi. Su nombre estuvo en boca de dos de los primeros testigos que hablaron en el juicio, los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala, quienes han reconocido vínculos inequívocos con individuos del crimen organizado. Ambos están en desacuerdo con Esteban Alvarado, quien desde el lunes es juzgado como jefe de una asociación ilícita, instigadora del secuestro y posterior asesinato de Lucio Maldonado y cinco cargos por lavado de dinero.
Rodrigo Ortigala es un excolaborador de Alvarado que quedó tirado en la vereda de enfrente por un tema espinoso: tenía una relación sentimental con la esposa de su exjefe y luego se apoderó de su casa a través de la coacción como represalia. Al declarar el martes, Ortigala dijo que cuando se enteró de la relación con su esposa, Alvarado, pasó por su casa en una EcoSport y le pidió que se levantara para acompañarlo a un lugar. Dijo que en cierto momento en la Ruta 9, cerca de Roldán, sacó un arma para matarlo, por lo que se pelearon y lograron sacarle el arma. Sostuvo que pensó que debía matarlo pero se detuvo en imaginar que si lo hacía, “toda la gente de Luis Medina” de la que Esteban era socio se le echaría encima.
Alvarado se fue y quedó descalzo y con un corte ensangrentado en la cabeza producto de la disputa por el arma. Sostuvo que un amigo de su hermana lo encontró y fueron a una comisaría donde dio una versión de que lo habían querido robar. Luego sostuvo a Ortigala que su suegro era amigo de Chucho Arismendi quien fue quien “arregló con Alvarado”
El testigo relató que “esa tarde Chucho llamó a la comisaría sabiendo todo. Yo (Alvarado) no lo nombré, me asusté mucho, dije que era un robo. Cuando Chucho llamó, seguramente se dieron cuenta de cómo iba el asunto. Dicen que ya está, que te vas a casa. El arma se la devolvieron a Esteban, era una Glock 40 la que él quería. Cuando la policía llegó a la casa de mi hermana, se lo di a la policía”.
Cuando Antonio Bonfatti asumió como gobernador con Leandro Corti como ministro de Seguridad como primer jefe de la Unidad Regional II, se nombró a Néstor Arismendi. La misma tarde del día en que asumió el cargo, 12 de diciembre de 2011, se dio una impactante noticia al trascender que el funcionario designado para conducir la intendencia regional provincial tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito. Estuvo en el cargo hasta el 4 de abril de 2012. La denuncia que motivó la investigación era anónima, era de 2008 y señalaba por ese delito a otros 17 empleados de la fuerza mayor de la provincia.
Casi un año después de su liberación, el entonces Juez de Instrucción Luis María Caterina lo llamó a investigación tras considerar suficientemente fundada la sospecha de que Arismendi había adquirido indebidamente bienes, que delegó en nombre de testaferros para evitar la persecución por enriquecimiento ilícito. Este excomisario siempre proclamó su inocencia, dijo que nunca tuvo propiedades en sucesión sino que compraba y vendía en distintas épocas y que probaría tal cosa.
Los detalles del caso fueron publicados en una nota de este diario el 6 de noviembre de 2013. La investigación contra Arismendi había sido iniciada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía con la diligencia asignada al hoy Fiscal de Instrucción Fernando Dalmau. Arismendi fue destinado a adquirir propiedades que ponía a nombre de terceros para evitar problemas legales.
La mayor sorpresa fue que uno de estos nombres era hijo de Leonardo Popea, un hombre residente en Funes que terminó condenado a 8 años de prisión en 2017 por operar una cocina y un laboratorio de cocaína que alimentaba quioscos en Rosario, Granadero Baigorria, Correa. , Corona y Cañada de Gómez.
Una de las principales compras ocultas es un conjunto de cuatro casas en Maipú al 900 de Rosario. Dos de ellos, según la investigación de Asuntos Internos, aparecían escriturados a favor del hijo de Popea y los otros dos a nombre de su suegra. Estas casas fueron vendidas por una mujer que ofreció un testimonio considerado muy valioso en la corte. Señaló a Arismendi como la compradora de las cuatro casas pero dijo que al momento de la escritura, en la notaría, el exjefe de la Unidad Regional II rompió la escritura de compraventa que había firmado con ella.
En el caso también apareció una propiedad de cuatro hectáreas entre Zavalla y Pérez. La casa en ese terreno inicialmente era precaria pero con el tiempo se convirtió en una magnífica vivienda, con piscina. Quien figura en el Registro de la Propiedad como propietario es cuñado del jefe de policía. En la investigación hay referencias a los testimonios de vecinos, en un lugar conocido como Camino del Retiro, quienes indicaron que tenían a Arismendi como dueño de la casa y que no conocían a su cuñado.
La causa por enriquecimiento ilícito pasó del antiguo al nuevo sistema penal en 2014, pero el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no supo precisar su destino, aunque la última fiscal a cargo del expediente de Arismendi fue Paola Aguirre. Varias de las causas contra funcionarios jerárquicos iniciadas al mismo tiempo terminaron prescribiendo.
Mariana Ortigala mencionó este miércoles en el juicio que en una reunión en febrero de 2012 en la que estuvo presente “Chucho Arismendi”. Sostuvo que en esa ocasión Alvarado le dijo que trabajaba con un montón de policías, que había pensado en matarla porque supuso que ella había hecho la conexión para que su esposa saliera con su hermano, su hermano Rodrigo, aunque luego supe que no. Y que ella le pidió que le dijera a su hermano que firmara el boleto de su casa a su favor. Dile lo que pasará si no.
En cuanto a la protección de los policías provinciales a Alvarado en ese momento, eso aparece acreditado en dos procesos judiciales. Uno del fiscal de San Isidro Patricio Ferrari quien, en 2012, entregó al entonces fiscal NN Marcelo Viena una caja de CD’s donde se exponían dos temas: que los principales negocios de Alvarado estaban vinculados a las drogas y la cobertura que recibía de la policía de la provincia. por lo que para arrestarlo solicitó la actuación de Gendarmería Nacional.
La otra investigación que reveló lo mismo fue realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que la entregó a la Justicia Federal de Rosario en 2012. Hubo 14 informes que revelaron las conexiones de Alvarado con el negocio de la droga. Y también la relación de policías provinciales con él, como Luis Quevertoque (quien fuera jefe de la Brigada Operativa Judicial que investigó Los Monos) y Cristian Di Franco. Ambos terminaron condenados casi diez años después por pertenecer a la asociación ilícita de Alvarado.
