Perotti arranca el año con tarifazos, 60% en Aguas Santafesinas

El gobierno de Santa Fe arranca el año con aumentos escalonados en las boletas para recortar los subsidios. También, habrá incrementos en las tarifas de la luz.

A contramano del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que mantiene en el freezer las tarifas de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos); el gobierno de Omar Perotti se apresta a aprobar un ajuste del 60% para las facturas de la compañía provincial de agua potable y desagües cloacales que, en principio, regiría solamente para la primera mitad del año.

El aumento tarifario en curso para la estatal provincial ASSA (Aguas Santafesinas SA) se suma al incremento hasta el 38,2% para el primer cuatrimestre del año que la administración de Perotti está a un paso de aprobar en las boletas de la empresa eléctrica provincial (EPE).

Sin la Casa de Moneda a mano para emitir y desembolsar cada vez más subsidios como viene haciendo la gestión de Alberto Fernández y sin chances de abultar la carga impositiva provincial, al gobierno santafesino no le queda otro camino que asumir el costo político de actualizar las tarifas de los servicios públicos con subas que no le pierdan pisada al avance inflacionario.

Distinto es el caso, al menos hasta ahora, de empresa estatal AySA que depende del gobierno nacional y presta servicios a la población de la Capital Federal y 17 partidos del Gran Buenos Aires. La compañía conducida por la exdiputada provincial bonaerense Malena Galmarini tiene el cuadro tarifario congelado desde mayo de 2019.

En 2021, las autoridades de AySA habían diseñado un esquema de ajuste con subas bimestrales del 10% durante un año, un aumento diferencial para Puerto Madero y tarifa social para 250.000 hogares. La propuesta había obtenido el visto bueno del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y cuando llegó el momento de ponerle el gancho y llamar a audiencia pública, las autoridades de Obras Públicas decidieron archivarla y mantener a la empresa en pie con más subsidios. Según los datos relevados por la ASAP, AySA recibió en 2021 unos $ 26.800 millones de subsidios para cubrir gastos corrientes y $ 78.987 millones para obras e inversiones. Para este año, los números incluidos en el Presupuesto que fue rechazado en Diputados preveían un desembolso de subsidios operativos por $ 47.772 millones y una asistencia de $ 146.267 millones para mantenimiento y obras de expansión y mejoras.

En el caso de la santafesina ASSA -que presta servicios en las 15 ciudades más importantes de la provincia y actúa como proveedora mayorista de agua potable a cooperativas y entes municipales- el último aumento tarifario aplicado en enero de 2021 fue del 32% y correspondió a un tramo del ajuste de 2019 que el anterior gobierno socialista de Miguel Lifschitz había dejado pendiente por las elecciones de ese año.

En la audiencia pública realizada esta semana, la conducción de ASSA encabezada por Hugo Morzán solicitó al gobierno provincial un aumento tarifario del 60% segmentado en dos etapas: 40% en enero y el 20% a partir del bimestre siguiente.

Desde que fue creada en 2006 para ocupar el lugar de la ex concesionaria privada que controlaba el grupo francés Suez, la empresa ASSA ha venido recibiendo subsidios del Tesoro provincial para cubrir alrededor del 25% de sus gastos operativos. Por la pandemia y los atrasos tarifarios acumulados en los últimos años, ese nivel de aporte estatal saltó al 34% ($ 2.000 millones) en 2020 y al 46% ($ 4.390 millones) en 2021.

Según el planteo de las autoridades de ASSA, en caso de no implementarse el aumento tarifario solicitado del 60%, la provincia tendría que desembolsar durante 2022 unos $ 11.254 millones de subsidios para poder cubrir el 70% de los gastos operativos corrientes.


Costos, por las nubes
Entre los datos que figuran en la actualización tarifaria pedida por ASSA (cuyo mayor accionista es el Estado provincial con el 51%; seguido por los municipios de la concesión con el 39% y los empleados con el 10% restante por medio del Programa de Propiedad Participada PPP) hay cinco ítems relevantes que proyectan los mayores costos que deberían a afrontar durante este año tanto las empresas provinciales del sector, como AySA en el AMBA.

Los técnicos de ASSA estimaron que los gremios reclamarán un aumento salarial no inferior al 79%. Por el lado del servicio eléctrico, el ajuste en las boletas podría trepar hasta el 77%. En el caso de insumos químicos, los cálculos arrojan una suba promedio del 66% por el incremento de precios por inflación y la devaluación del tipo de cambio. En tanto, en el rubro “mantenimiento y reparaciones” el aumento anual llegaría al 58%. Y en el capítulo de “trabajos y servicios de terceros”, el alza promedio se ubica en el 66% con tres renglones que presentan subas llamativas: 70% en seguros; 109 % en pasajes y hotelería y 4.959% en los gastos correspondientes a “cortes y reconexiones de servicios” que estuvieron más de un año suspendidos por la pandemia.

Además del aumento en juego para ASSA, la administración perottista tiene en las gateras la actualización tarifaria solicitada por la eléctrica provincial EPE que prevé para enero incrementos del 22% al 24%. A partir de abril se agregarán nuevas subas del 10,3% y 11,5% y una fórmula de ajuste semestral atada a los costos operativos y salariales.

Para amortiguar el impacto de los aumentos, la EPE propuso un esquema de “segmentación social de la demanda” que contempla tres variantes: la “Tarifa Solidaria Provincial” (TS1)—30% de descuento para los que tienen ingresos por debajo de dos salarios mínimos–; la “Tarifa Social Provincial” (TS2) – bonificación del 60% a usuarios con ingresos menores a un salario mínimo – y la “Tarifa para la Inclusión Eléctrica” (TS3) que consiste en una tarifa plana independiente del consumo para usuarios con ingresos inferiores a un salario mínimo y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).