Nuevo round: Carpetas, carpetazos, papeles y papelones

Hoy en Rosario 12 nuevo capítulo del culebrón del Ministerio Seguridad y los lesgisladores – fiscales.

“Nosotros esperábamos por las declaraciones del propio Fiscal General y por lo que trascendió en los medios, las famosas carpetas. Se hablaba de más de mil carpetas; no vimos ni una. No había ni una sola carpeta que diese algún indicio de espionaje ilegal o algo fuera de lo que son las funciones propias del Ministerio de Seguridad”, dijo ayer Hernán Martínez, abogado del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Es que ayer en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos  se realizó la apertura y  digitalización de la documentación secuestrada en los allanamientos en la sede de la cartera de Seguridad en el marco de una causa por supuesto espionaje ilegal durante la gestión Sain. En este procedimiento, que duró más de nueve horas, estuvieron presentes los abogados defensores de las personas investigadas y el resultado de esa medida generó un contrapunto entre los letrados y los fiscales a cargo de la investigación. Ayer mismo el letrado volvió a objetar los allanamientos por “ilegales e irregulares”, y dijo que los fiscales “entraron a la pesca” a las oficinas del Ministerio. Sin embargo el propio MPA Santa Fe distribuyó a última hora del lunes un texto donde se afirma que “se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre la que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos, siete bolsas de consorcio con documentos destruidos, otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del ministerio de Seguridad de la provincia”. “No es lo que hablamos con los fiscales Ezequiel Hernández,  Mariela Jimenez ni el regional Carlos Arietti” retrucó ayer el abogado Martínez.

En esa linea el letrado afirmo que “se lo acusa a Sain de llevar adelante investigaciones fuera de las funciones propias del ministerio de Seguridad, no vimos una sola carpeta que responda a ese delito. De ahí a que se haga espionaje hay una gran distancia. Se deja trascender un montón de información que no surge de la causa, y la realidad es que desde propio Ministerio dicen que no dieron información alguna”, aseguró Martínez

Asimismo, el abogado remarcó que “Quiero pensar que el MPA (Ministerio Público de la Acusación) no se maneja de ese modo, lo único que generan es un gran descrédito, no solo en Sain, sino también en Nadia Schujman, a quien iban a investigarla por asociación ilícita, generan una gran angustia e incertidumbre. Nos citaron para la lectura de los derechos de imputados sin que exista una atribución fáctica. Es un proceso inusual plagado de irregularidades”.

En base a lo relevado Martínez, indico que “el próximo paso para los fiscales es llamar a la declaración imputativa, esto genera que los fiscales tengan un plazo de 15 días, que vence el 21 de diciembre”. Ayer sin embargo trascendió periodísticamente que los plazos podrían estirarse y que la audiencia podría pasar para después de la feria judicial. 

Por otra parte, el abogado Juan Lewis que patrocina a los ex titulares de la Agencia de Control Policial, Schujman y Diego Rodríguez también reveló que “entre el montón de documentación secuestrada no se encontró ni una sola carpeta o perfil fuera de una investigación oficial ni nada de ese espionaje que tanto se ventiló en los medios”. Y agregó: “Es una investigación incontrolada, los fiscales están haciendo lo que se les da la gana y nadie les pone coto”.

El letrado dijo que puede haber información que no le hayan brindado, pero después de los allanamientos Schujman y otras cuatro personas que representa se presentaron en Fiscalía y se pusieron a disposición de la Fiscalía. Incluso uno de ellos que no estuvo en el allanamiento puso a disposición sus celulares y pidieron saber cuales eran los elementos en su contra. Los fiscales no mostraron absolutamente nada, refirió.

Lewis conceptualizó como “extraño” que los convocaran a la instancia de apertura de sobres del material secuestrado porque pidieron el apartamiento de los fiscales y explicaron por qué no había objetividad en ellos, en referencia a Hernández, Jiménez y su jefe regional Arietti. Y contó que hasta el momento el planteo no fue resuelto por el fiscal general Baclini.

A lo que sumó que en una pesquisa se investiga una hipótesis, un hecho concreto. “Acá lo que le dijeron es: estamos investigando una infracción a determinados artículos de la ley de inteligencia pero nada más…”. Explicó que no les informaron en qué consiste la acción, que están imputando, por lo cual es un poco difícil participar en estas medidas porque no se sabe que están buscando. “Más allá de ello, todo lo que encontramos es perfectamente regular”, aseguró.

El letrado habló de una excursión de pesca. Dijo que en el derecho procesal se da cuando un fiscal sale a investigar a una persona y no sabe bien por qué y para qué. “Le intervienen los teléfonos, le hacen allanamientos, lo investigan de todas las maneras posibles pero sin una hipótesis concreta, total algo van a encontrar”, explicó, para añadir de inmediato: “Es absurdo, es un hostigamiento ilegal, las investigaciones de pesca están prohibidas; quien debe controlar es un juez y estos fiscales están eludiendo la intervención de un juez que controlen lo que están haciendo”.


Lewis dijo que lo hacen por la misma razón por la cual el 26 de noviembre, cuando se hicieron los allanamientos, no pidieron autorización judicial, ni se sometieron a los controles, como por ejemplo la citación de dos testigos de actuación objetivos.

Rosario 12