La Cámara en lo Laboral le volvió a dar la razón a Marcelo Sain

La Cámara en lo Laboral de Rosario (Sala III) le dio la razón a Marcelo Sain, por segunda vez en quince días. El 3 de noviembre, anuló el fallo del juez Fabián Vega que había rechazado “in límine” –con un decreto de doce líneas- la acción de amparo del ex director del Organismo de Investigaciones del MPA en defensa de sus derechos. Y ayer, revocó el segundo fallo contra Sain, de la jueza Silvia Albertti –que igual que Vega- desestimó el recurso por “inadmisible”. La Cámara aceptó el planteo del amparista, ordenó darle trámite al recurso y dispuso que la causa pase al magistrado que sigue en la subrogancia, que será el cuarto que intervendrá en la causa. La primera fue la jueza Paula Calace Vigo, quien rechazó el expediente porque -a su juicio- no tenía “conexidad” con otro amparo que resolvió a favor de Sain, el 30 de junio. Siguió entonces Vega, luego Albertti y ahora le tocará el turno al juez en lo Laboral Nº 4.

Sain mantiene abierta la vía judicial. El 19 de octubre, pidió el amparo para evitar que la legislatura le aplicara la ley 14.016 anti Sain –hecha a su medida- y lo sacara de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA, lo que ocurrió el 4 de noviembre, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en la que los legisladores denunciantes ni siquiera tuvieron el decoro de abstenerse en la votación. Ahora, ante el hecho consumado, la pretensión es que lo restituyan en el cargo.

Apenas trascendió el amparo de Sain, el senador Lisandro Enrico –denunciante, acusador y uno de los que votó la remoción- escribió un tuit que después borró: “Si otra vez la misma jueza impide la investigación del funcionario y la aplicabilidad de la ley, luego de que fuera ratificada su constitucionalidad, vamos a solicitar que se aboque el Tribunal de Enjuiciamiento por notoria parcialidad”. Quedó claro que se refería a la jueza Calace Vigo, quien admitió el otro amparo de Sain, el 30 de junio, y frenó el primer intento para destituirlo. El Colegio de Magistrados Zona Sur denunció que la “intimidación” de Enrico, no sólo apuntaba Calace Vigo, sino a todos sus colegas del fuero laboral de Rosario, en una “causa de trascendencia pública”.

Los hechos que siguieron son conocidos. Calace Vigo se excusó de intervenir. El 22 de octubre, el juez Vega rechazó “in límine” el amparo de Sain con un decreto de sólo doce líneas. El 3 de noviembre, la Cámara anuló el fallo de Vega y pasó la causa a la jueza Albertti. Y al día siguiente, se produce lo que el propio Sain anunció como un “final cantado”: la legislatura lo removió del cargo.

Albertti dictaminó tres días después del hecho, el 7 de noviembre desestimó el amparo por “inadmisible”. Ayer, la Cámara revocó esa sentencia, ordenó que “se le otorgue trámite” al recurso y pasó la causa a un nuevo juez, que será el cuarto después de Calace Vigo, Vega y Albertti. La resolución salió por mayoría: los camaristas Félix Angelides y Lucía Aseff admitieron el amparo de Sain, mientras que su colega Eduardo Pastorino, que propuso el rechazo quedó en minoría.

Uno de los agravios que planteó la defensa de Sain es la “privación de justicia”. “Las especiales circunstancias de este caso nos indican que vamos camino a una evidente y efectiva privación de justicia, consecuencia del temor que infunden a los jueces amenazas de jury o juicio político a aquellos que admitieren cualquier amparo a favor del doctor Sain, tal como oportunamente lo hiciere público algún senador”, dice el escrito. No menciona nombres, pero es obvio que el senador es Enrico. Y los jueces, los tres que intervinieron en la causa: Calace Vigo, Vega y Albertti. “Esta sentencia (la de Albertti que revocó la Cámara), con toda obviedad, no escapa a tales intimidaciones y, si se confirma, vamos directamente a la senda de la privación de justicia”, advirtió

“Esta sentencia (la de Albertti) es un claro caso de privación de justicia. Ya van tres juecesque, por un motivo u otro, eluden su función: y esto es un amparo. No puede, ni debe, obviarse que con la reforma constitucional, el amparo adquirió el rango de ‘derecho constitucional expreso’, apuntó la defensa.

“Es inevitable destacar que éste no es sólo el ‘caso Sain'”, alertó su defensa. “Es un Poder (Legislativo) actuando sobre otro Poder (Judicial). Son legisladores incomodados que pretenden ‘cargarse’ al director del Organismo de Investigaciones del MPA” como lo hicieron. “Son operaciones políticas montadas sobre leyes dictadas vergonzosamente a medida (ley 14.016, conocida como ley anti Sain). Son actos elusivos y protectorios de algún legislador sospechado que avisa a los fiscales cual será su futuro si concretan esas sospechas”. “Son los mismos senadores que ahora destituyen a Sain y antes protegieron ignominiosamente a un par invocando ‘fueros’. Justo un legislador investigado por Fiscales (con mayúsculas) que actuaron con la asistencia del Organismo de Investigaciones dirigido por nuestro representado”, concluyó .

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