Obra Social de Judiciales: Imputaron a Aldo Tonón, el hombre de Maqueda a cargo de la entidad

Mientras toda la atención estaba puesta en los movimientos del ex presidente Mauricio Macri en el marco de su primera declaración indagatoria en Dolores, en la Capital Federal la Justicia Federal allanó este jueves la sede de la Obra Social del Poder Judicial. Fue en el marco de una causa que tiene como principal imputado a Aldo Tonón, el directivo cercano al ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, por presunto uso indebido de herramientas del organismo con las que habría ejercido persecución contra empleados de la entidad. 

Con una orden firmada por el juez Daniel Rafecas y a petición del fiscal Carlos Rívolo, efectivos policiales se presentaron en la sede central de la calle Lavalle y en la farmacia de la Obra Social una con autorización para recolectar material de prueba como cámaras de seguridad y sistemas informáticos.

De acuerdo a lo que dijeron a PERFIL fuentes judiciales con acceso al expediente, el allanamiento se dio en el marco de una causa iniciada en septiembre a raíz de la denuncia de un trabajador del organismo. En ese expediente, Tonón, el director al que le recortaron funciones tras la denuncia de irregularidades y el primer allanamiento, fue imputado por supuesto delito de uso indebido de instalaciones y dispositivos para su uso personal.

Entre el material de prueba, la Justicia analiza una serie de cámaras de seguridad y programas de computación que supuestamente habría usado Tonón para controlar los movimientos de una agente de la Obra Social con la que tendría un vínculo sentimental y de un delegado gremial, además de otros empleados del organismo. Algunos trabajadores aguardaban este mediodía que termine el allanamiento.

Hace algunas semanas, el nombre del director del organismo comenzó a resonar públicamente luego de un primer allanamiento de la Justicia a la sede del centro porteño. Posteriormente, los ministros de la Corte Suprema decidieron intervenir la Obra Social y ponerla bajo el control de Daniel Marchi, el secretario general de la Administración del Máximo Tribunal, quién ejecutó una auditoría interna que arrojó resultados sobre los desmanejos económicos y administrativos de la entidad.

A su vez, en los últimos días se designó a un nuevo director. Se trata de Mariano Althabe, quien todavía comparte el gerenciamiento con Tonón, aunque este último, indican, “tiene prácticamente todas las funciones recortadas”.

La causa penal en curso está radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y tras su renuncia en 2020 quedó, de manera interina, en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que recibió la denuncia. De la misma manera llegó Rafecas al Juzgado y tiene a cargo el expediente.

Entre los hechos denunciados están la presuntas maniobras de persecución y espionaje sobre Francisco Gutiérrez, delegado gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Tonón habría dado la orden de intervenirle una computadora y su correo electrónico.

Tiempo atrás, Gutiérrez había denunciado al directivo por haberlo trasladado a una oficina externa a la sede central de la calle Lavalle al 1600 donde debía ejercer su tarea gremial para la que lo habían elegido. La Justicia laboral tomó el caso y tras una serie de determinaciones falló a favor del denunciante al ordenarle al organismo que “proceda a la inmediata reinstalación del Sr. Gutiérrez, Francisco en el puesto y lugar de trabajo que se venía desempeñando hasta el 31 de agosto de 2020”.

Un supuesto software para controlar


Por otra parte, en el expediente que se tramita en Comodoro Py se investiga si Tonón dio una orden para controlar por medio de diferentes maniobras a Gutiérrez y otros agentes del organismo, pero puntualmente sobre una trabajadora con la que habría tenido un “vinculo sentimental con acoso laboral”, según las fuentes consultadas. 

A propósito, uno de los ejes de la investigación gira en torno a la supuesta contratación irregular de un software con geolocalizador que Tonón habría ordenado instalar en teléfonos celulares de uso laboral que estaban en manos de los trabajadores.

“Han llamado a declarar a algunos de los trabajadores que tenían el teléfono pinchado con un dispositivo de geolocalización con el que él (por Tonón) habría tenido acceso a lo que hacían fuera del entorno laboral”, reveló una persona al tanto de la investigación. 

Desmanejos que salpican a Maqueda


El descubrimiento de los supuestos desmanejos administrativos y financieros de Tonón, junto con su presunta responsabilidad en maniobras de persecución contra los empleados del organismo son hechos que salpican directamente en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de Talcahuano 550.

Es que Tonón es un hombre del riñón de Maqueda, el ministro de la Corte que lo designó hace varias décadas para manejar el organismo, algo que los trabajadores insisten con que es irregular ya que ellos deberían ser parte de la Dirección de la Obra Social. De hecho, en los últimos días el reclamo comenzó a ser visibilizado en los alrededores de la sede de la calle Lavalle, donde se colgaron varios pasacalles con la firma de la UEJN y la leyenda: “Por una Obra Social con sensibilidad y humanidad, la UEJN al Directorio”.

Los supuestos desmanejos de Tonón ya comenzaron a ser investigados hasta por la propia Corte Suprema, que ordenó que se haga una auditoría interna. Hace algunos días, PERFIL publicó algunas de las conclusiones de esa investigación.

Allí se detalló que la información a la que se accedió es parcial ya que la institución no cuenta con una herramienta de gestión de la información financiera adecuada “para dar una respuesta oportuna”, mientras que la situación presupuestaria no se pudo conocer debido a “la ausencia total de la práctica presupuestaria institucional”.

Esa irregularidad toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que el organismo maneja, según el informe, una millonaria caja de fondos, estimados en $1.232 millones promedio mensual sólo por aportes y contribuciones de 99.760 afiliados, es decir, sin tener en cuenta las inversiones financieras. Bajo la lupa interna también están algunas contrataciones supuestamente irregulares y ejercicio de la precarización laboral.