Una burla: Los dueños de los radares circulan a 180 KM por hora

Se trata del titular de Secutrans, proveedora de cinemómetros y otros instrumentos de medición de velocidades en la provincia de Buenos Aires. Leandro Camani logró cerrar convenios con Escobar, Hurlingham, San Isidro, Malvinas Argentinas, Morón y La Matanza, a pesar de contar con equipos “que no reúnen las condiciones para prestar el servicio”, según los especialistas consultados. Los “antecedentes” de un polémico empresario, de aceitados vínculos con el poder.

El video no es nuevo. Tiene un par de años. Pero la conducta que evidencia el protagonista muestra una imprudencia poco recomendable para cualquier automovilista. Mucho menos para el titular de una firma dedicada a la instalación de los artefactos tecnológicos que deben controlar y registrar el exceso de velocidad enlas avenidas y rutas de la Argentina.

Leandro Camani, el excéntrico propietario de la empresa Secutrans, proveedora de cinemómetros y otros instrumentos de medición de velocidad en la provincia de Buenos Aires, registró imágenes con su teléfono celular mientras conducía temerariamente su automóvil importado y zigzagueaba de modo peligroso esquivando vehículos.

Las imágenes -a las que accedió Data Clave- fueron subidas a sus redes sociales en 2019 y eliminadas con posterioridad. En la secuencia puede verse con nitidez al empresario maniobrando a la salida de un túnel en la General Paz mientras el velocímetro marcaba 180 kilómetros por hora

El hecho generó la indignación de varias organizaciones que nuclean a familiares y amigos de víctimas de siniestros viales, quienes expresaron su desagrado por la situación y plantearon la incompatibilidad entre el accionar del empresario y su responsabilidad como responsable del sistema que debe controlar el exceso de velocidad.

Los municipios podrán realizar multas con radares

Para Esther Bosch, de Familiares de Víctimas de Tránsito y Malditas Picadas del partido de San Martín, “es increíble e indignante este video, necesitamos que las autoridades adopten las medidas correspondientes para prevenir y/o penalizar al responsable de este hecho y todos los que protagonizan situaciones similares”.

Bosch -cuyo hijo falleció cuando fue embestido por un colectivo conducido por un chofer que estaba usando el celular mientras manejaba- le contó a los medios que a partir de haber tomado conocimiento de las imágenes, efectuaron la denuncia ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “La ciudadanía debe tomar conciencia de que se pierden vidas en una sola mala decisión, dejando familias destruídas y arrebatándoles a nuestros seres queridos sus sueños en un segundo”, completó la mujer.

Antecedentes y contactos “de alto vuelo”

A Camani le gustan las cámaras, no solo las que registran fotomultas, sino también las que lo fotografían en compañía de gente de la “farándula”, incluso con quienes se relacionó sentimentalmente. “Es cholulo, ama el ambiente artístico y tiene muchos contactos con políticos y funcionarios”, le contó a Data Clave un colega que se desempeña en la misma actividad.

De hecho, fue pareja de Samantha Farjat y también de Nazarena Vélez, con quienes mantuvo relaciones muy mediáticas, con fotos y artículos en revistas de espectáculos y menciones en programas de chimentos. “Siempre le gustaron los autos importados y la velocidad y le encanta florearse con sus fierros y mostrar las mujeres con las que sale, como si fueran trofeos”, apuntó otra fuente que lo conoce del ambiente.

Hay varios datos curiosos que componen el derrotero que lo llevó a manejar la empresa desde la cual presta servicios a un puñado de municipios bonaerenses, a quienes los convenció de la efectividad de sus cinemómetros importados para registrar los excesos de velocidad. Como todos los que pretenden comercializar este tipo de productos en el mercado local, Camani obtuvo su certificación anual en el registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones de Tránsito. Al momento de la registración, declaró como ubicación de su sede una casilla de correo.


En las planillas presentadas por el empresario a fin de obtener el instrumento público imprescindible para garantizar que el proveedor y sus productos cumple con la normativa vigente, consta como dirección oficial de Secutrans la casilla N° 101 que se encuentra en la sede del Correo Argentino ubicado en el centro de Quilmes. Con ese documento, Camani firmó convenios en los municipios de Escobar, Hurlingham, San Isidro, Malvinas Argentinas, La Matanza y Morón, entre otros.

Otra curiosidad que se destaca en esta historia es que el dueño de la firma que suscribe millonarias contrataciones con organismos públicos, figura ante la AFIP como monotributista de categoría G. Es decir, informa que sus ingresos anuales apenas superan los 2 millones de pesos.

También hay antecedentes penales en la vida de Camani. Una de las más dolorosas, lo liga con la recordada tragedia de Beara, ocurrida en 2010, donde murieron dos jóvenes que se encontraban en un boliche de Palermo cuando se derrumbó un entrepiso habilitado irregularmente. Este hecho fue investigado por el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla, quien obtuvo la “confesión” de una serie de conversaciones privadas durante las cuales Camani se habría adjudicado ser el artífice de la habilitación ilegal del local bailable donde se produjo el incidente fatal. En la causa -donde el titular de Secutrans estuvo procesado- constan estas charlas que fueron aportadas por Fabián Rodríguez, el fallecido ex marido de Nazarena Vélez, responsable de la grabación.

Municipios en alerta

La cuestionada sociedad acumula cuestionamientos diversos por su desempeño en el control de los dispositivos para fotomultar las infracciones de tránsito. Por ejemplo, en San Isidro, los concejales Gabriel Estoroni y Carlos Juncos presentaron un pedido de información al Poder Ejecutivo sobre la situación que existe en el municipio en cuanto a la fiscalización del tránsito y solicitaron un informe que incluya la vigencia y condiciones de los convenios con las empresas con las cuales Gustavo Posse firmó contratos para la instalación de tecnología vial.

Según explican los ediles en los fundamentos de su solicitud, “en el distrito hay instalado un sistema de cámaras e equipamiento informático que se realizó en cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional y con la ampliación de convenios similares, suscriptos durante el año 2020, con la Universidad de San Martín”. Según informaron a los medios fuentes del sector, el equipamiento utilizado no cumpliría con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Estos requisitos son detallados en el decreto 1232/07 . 

Para conocer el estado de este sistema, los concejales piden el detalle de “los ingresos, egresos, instrumentos contractuales y demás información que permita evaluar cómo ha funcionado el sistema de foto multas”. Además, hacen hincapié en que el Concejo no “ha tomado conocimiento del convenio suscripto con la Universidad de San Martín, lo que habría correspondido conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal”.

El pedido de informe indaga sobre la vigencia del convenio para el control electrónico de infracciones suscripto con la UTN y pide que, en caso contrario, se informe de qué empresa u organización opera el sistema de fotomultas actualmente, qué Universidad forma parte del mismo y cuánto porcentaje neto percibe el municipio de San Isidro por el cobro de las infracciones.

Algo similar ocurre en Morón, donde bajo un convenio firmado con la UNSAM, se oculta el vínculo con la empresa que lleva a cabo la operatoria. La firma Tránsito Seguro posee el certificado para la constatación de infracciones, otorgado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, desde noviembre de 2019. Pero en la autorización se consigna que utilizará fiscalizadores de semáforos de la marca Secutrans, con lo cual se estaría produciendo una tercerización de la gestión. Desde el municipio aseguran que este acuerdo fue suscripto por la gestión de Ramiro Tagliaferro, aunque de todos modos continúa vigente.

También en Capitán Sarmiento, por ejemplo, participó de una licitación pública en la que en la primera apertura, los representantes de la firma de Camani habrían intentado cambiar la hoja de cotización tras ver que su competidor presentaba mejores precios