El rol de Estados Unidos es clave para lograr las mejoras relativas a las condicionalidades vigentes, en el nuevo acuerdo que se busca con el organismo.
En las últimas horas de ayer el Gobierno recibió una muy buena noticia para evaluar el futuro de las negociaciones entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente para el intento de obtener ciertas facilidades en el acuerdo que se buscará cerrar con el organismo que dirige Kristalina Georgieva. Aunque la visita tenía otros motivos vinculados con la seguridad, el enviado del presidente norteamericano Joe Biden, Jake Sullivan, le garantizó al propio Alberto Fernández que su país apoyará en el momento en que el caso argentino llegue al “board” del Fondo.
A pesar que no profundizaron agenda del FMI (el temario de asesor de Seguridad Nacional que llegó a Buenos Aires era otro), el visitante le dio al jefe de Estado local un guiño para que contara con el aval de los Estados Unidos para conseguir el voto positivo, imprescindible para conseguir que el Facilidades Extendidas reloaded que busca Martín Guzmán, sea posible.
Aunque, se aclaró, siempre dentro de la prudencia. Esto se interpreta dentro de la Casa de Gobierno, como la posibilidad de poder conseguir seguramente el apoyo de los Estados Unidos para una eventual reducción de la tasa de interés que aplica el organismo; la que podría bajar del 4,05% correspondiente a los países inclumplidores, a un 1,05%; lo que reduciría el dinero a pagarle al Fondo en aproximadamente 8000 millones de dólares.
EE.UU. ayudaría además a formar el fondo de solidaridad con el dinero proveniente de los DEG residuales que recibirán los países desarrollados, dinero que podría redistribuirse en estados en desarrollo como Argentina durante el 2022; con lo que Argentina podría recibir más dinero de las características de los u$s 3.450 millones que se percibirían el 23 de agosto.
Donde no habría suerte, es en la alternativa de ampliar los plazos de pago a más de 10 años, algo que el propio FMI no está dispuesto a negociar; y que recién podría modificarse estructuralmente en el futuro. Si cambiara esta restricción, Argentina recibiría los beneficios al incluir una cláusula especial de admisión. Pero no podrá ser en el Facilidades Extendidas que se firmaría luego de las elecciones.
El apoyo de los Estados Unidos es imprescindible para lograr las mejoras relativas a las condicionalidades vigentes. Sólo con el voto positivo de este país ante el board, Argentina obtendría los cambios que busca. Sucede que EEUU detenta el 17% de los votos en el directorio del FMI, y los cambios a la estructuralidad habitual necesitan una mayoría amplia del 85% de los votos. Argentina considera que sin este país, ya se obtendría más del 60% de los votos positivos, al estar teóricamente garantizados los apoyos de Alemania, Francia, España, Italia y otros estados europeos que traccionarían a favor del país. Se sumarían Rusia, China, los países árabes (especialmente los del Golfo Pérsico, con presencia fuerte en el directorio del FMI), además de, lógicamente, toda América Latina y el África.
Se confía además que en las próximas semanas se lograrían más consensos con países clave como Canadá y lo que resta de la Unión Europea, con lo que el porcentaje se elevaría a cerca del 70%. Faltaría así conseguir sólo un 10% más para el nivel imprescindible para que una propuesta transgresora para lo que mandan y dictan los estatutos del FMI pueda ser aprobada.
Cada estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI; reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington. Cualquier acuerdo normal (stand by o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%; pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica. En el pasado reciente esta mayoría fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011.
La necesidad de lograr ese porcentaje fue lo que le jugó en contra a la Argentina en 2001, cuando se desaprobó en el directorio el último desembolso comprometido en el acuerdo vigente ante la negativa de EE.UU. de avalar la propuesta (por recomendación directa de la número dos de esos años, Anne Krueger); así como la aprobación del pacto de 2003 cuando Néstor Kirchner negoció directamente con George Bush un plan de cuotas por fuera de los tratados vigentes.
Es imprescindible que el director norteamericano avale el pedido, ya que su voto a favor o en contra (o su abstención) definirá la suerte de la propuesta argentina. En total el board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina, a través del enviado local, Sergio Chodos, ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.
