LA FISCAL REGIONAL DE ROSARIO SE REUNIÓ CON LA COMISIÓN DERECHOS HUMANOS DEL CONCEJO

En la reunión se abordaron diferentes aspectos de índole judicial sobre personas en situación de vulnerabilidad, ley Micaela y violencia de género.

En la actual modalidad mixta entre presencial y virtual asistieron a la reunión de este lunes 7 de junio,  la presidenta de la comisión, Susana Rueda, de Rosario Progresista; La vicepresidenta, Jesica Pellegrini y María Luz Olazagoitía, ambas de Ciudad Futura-FSP; Norma López y  Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ y Daniela León, de Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio.

Al comienzo,  Rueda presentó a María Eugenia Iribarren, Fiscal Regional de Rosario, quien agradeció la convocatoria. La reunión consistió en conversar entre otros puntos  sobre el abordaje de la acusación en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad

Sobre esto, lribarren respondió que el abordaje general se sostiene en reglas generales que deben seguir todos los fiscales. “El deber de fiscalía es el ejercicio de la acción penal, por eso hay reclamos que se hacen y que están por fuera de las competencias de nosotros”, precisó y afirmó: “En el caso particular de Natali R (la mujer que está privada de su libertad en la unidad carcelaria número 5 de Rosario) lo que condicionó es que existiera una condena anterior”.    

Rueda además indagó sobre el uso de la fuerza pública en los controles barriales, por las restricciones impuestas en el marco de la pandemia por el covid19. La fiscal señaló que el diseño de eso corresponde al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, sin embargo, describió que “cuando comenzaron las restricciones la policía no sabía cómo hacer cumplir la ley entonces desde la fiscalía se vieron en la necesidad de establecer algunas pautas. Se designó así a varios fiscales para evacuar consultas de las autoridades policiales”. Y continuó: “Este año ya no se podía seguir disponiendo de los fiscales para esa tarea, entonces se concentraron todas las consultas en un solo fiscal designado para tal efecto”. 

Luego, la presidenta de la comisión unificó preguntas sobre el interés de los fiscales respecto a la capacitación de la Ley Micaela y la estructura que tiene la fiscalía para el abordaje vinculado a delitos sexuales y de violencia de género.

Iribarren informó que existe una capacitación funcionando en la actualidad que cubrió el cupo de inmediato lo que implica que hay una necesidad y un interés.

En cuanto a casos de violencia de género hay cuatro fiscales a cargo y 5 funcionarios de los 10 que son secretarios de gestión y un equipo interdisciplinario, además de las áreas administrativas. También hay unidades como la de violencia sexual donde hay 6 fiscales intervinientes. Después lo que es femicidio lo atienen unidades de homicidio y son ocho. También hay cuatro en homicidios culposos donde hay denuncias por suicidio, y muchos de esos casos involucran mujeres y se atienden como posible violencia de género. 

La concejala Pellegrini informó sobre la existencia de un consejo asesor en la comisión de feminismo y expuso sobre un informe elaborado donde se advierten falencias en el abordaje en el primer momento de las denuncias por violencia de género. Además indagó sobre si hay criterios respecto a los amicus curiae, (que refiere a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio) y también si hay criterios de comunicación pública y partes de prensa sobre la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscal aclaró que los ámbitos de atención primaria como los centros territoriales y las comisarías dependen del Poder Ejecutivo y no del MPA. Sobre lo de amicus es algo que no está reglamentado pero es cuestión de decisión jurisdiccional.

Por su parte, Norma López abordó el tema de los femicidios y feminicidios en contextos de criminalidad y requirió información sobre datos de investigación respecto a los sicariatos. Por otro lado se mostró preocupada por las dificultades de mujeres en el acceso a la justicia de niñez y adolescencia, según el nivel socioeconómico en el que se encuentran. Finalmente quiero saber cantidad de mujeres y varones que accedieron a la capacitación de la ley Micaela y por último elevamos una propuesta al colegio de magistrado donde pedimos que las mujeres y víctimas de violación por la tarde tengan un espacio propio donde ser atendidas

Iribarren mencionó que en el último curso hubo un cupo de 350 personas, pero sostuvo que la formación depende de la Fiscalía General “por eso no puedo dar números preciso pero sí consultarlo”, se ofreció la fiscal.

Además señaló que existe desde el año pasado un protocolo para la investigación y litigios de casos de homicidios, y en particular sobre balaceras y sicariatos precisó que “lo investigamos como una violencia particular estableciendo unidades fiscales que puedan hacer un abordaje transversal y no quedarse con un primer autor e incluso vincular diferentes casos. También se conformó un grupo especial para este tipo de hechos.

La fiscal informó que a partir de toda esa información van modificando abordajes y perspectivas, pero cuestionó: “Nuestros recursos son los mismos e incluso menos porque se jubilan. Se van sumando investigación pero no contamos con un espacio de inteligencia policial, en Estados Unidos por ejemplo, no hay ningún fiscal que no base su trabajo en un grupo como el FBI”. Iribarren precisó que la tarea de investigación e inteligencia la realizan ellos mismos y que la falta de recursos no los detiene ni limita.

Por último, analizaron la vigencia del abordaje luego del convenio de capacitación firmado en 2019 con el Ministerio Público Fiscal, sobre lo que la fiscal Iribarren confirmó que el convenio sigue vigente y que el protocolo mencionado se hizo en base a eso.