El 31/03/21 venció el DNU 320 que protegía la vivienda por alquiler en pandemia. Esta norma suspendía la ejecución de desalojos, pero no la tramitación de las causas, que en este tiempo continuaron igual hasta dictarse las sentencias que quedaron listas a la espera que caiga el DNU para ejecutarse.
El Juzgado Federal hizo lugar al pedido del Gobierno Nacional y rechazó ayer la medida cautelar argumentando que no está acreditado que quienes están por ser desalojados en este contexto atraviesen un “peligro particularizado” y que la cautelar tiene un objetivo similar al del amparo, que ese Tribunal tiene que resolver de un momento a otro.
“Evidentemente, en cuestión de alquileres prevaleció la presión rentística y la especulación inmobiliaria a la salud de la población.
“Es terrible que el Gobierno Nacional sostenga la continuidad de desalojos de vivienda en estos momentos y que lo fundamente y se lo reclame al Poder Judicial con 35.000 contagios por día”, sostuvo Gervasio Muñoz.
Previo al vencimiento del DNU, la Federación de Inquilinos Nacional interpuso dos pedidos de acceso a información pública al Gobierno Nacional.
En éstos se le consultó sobre la evaluación del impacto sanitario y epidemiológico por la reactivación de desalojos y las medidas de prevención y protección previstas en favor de inquilinos/as con sentencias de desalojo a ejecutarse en lo inmediato.
En respuestas oficiales, el Gobierno nos dijo que:
– El Ministerio de Salud no fue consultado sobre la reactivación de desalojos;
– No sabe qué cantidad de personas corren riesgo de ser desalojadas; – No sabe, de ese total, que población es vulnerable;
– No se evaluó el impacto sanitario de desalojos en pandemia ;- No cuenta con ningún plan para evitar contagios por desalojos ;
– No cuenta con ningún plan activo para resguardar la vivienda en pandemia.
“Desde Inquilinos Agrupados presentamos, entonces, el amparo con la cautelar en resguardo de la salud y la vivienda de inquilinos/as del país con riesgo a contagiarse y perder la vida por la ejecución de desalojos en pandemia sin previsión ni protección estatal de ningún tipo!.
El amparo apunta a definir la inconstitucionalidad de ese estado de riesgo y a asegurar un plan en resguardo de la salud y la vivienda de esta población durante la pandemia.
“Luego, y hasta tanto el amparo estuviese resuelto o el Gobierno efectivice el protocolo de actuación en protección de estas personas, pedimos al Poder Judicial que ordene la inmediata suspensión de los desalojos”.
Este planteo fue rechazado ayer por el Juzgado, tardíamente bajo argumentos dogmáticos como que tratará lo mismo con el amparo que tiene para resolver.
“La decisión sobre la cautelar está alejada de esta realidad, al punto que ni siquiera menciona al virus. Llega con más de 40 días de demora, tranquila desde la virtualidad en momentos en donde quienes están con sentencias de desalojo ni siquiera pueden circular para buscar un alquiler.
Claro que vamos a apelarla, mientras esperamos que el Juzgado en lo inmediato resuelva el amparo”, concluyeron desde Inquilinos Agrupados.
