El Banco Central advierte a inversores sobre los riesgos de los criptoactivos

El auge de las criptomonedas en los últimos años, la dinámica que exhiben sus precios, su tecnología subyacente y alcance global, han llevado a que diferentes organismos nacionales e internacionales emitieran recomendaciones al respecto. 

En este sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de un comunicado conjunto alertaron sobre eventuales implicancias y riesgos de los criptoactivos. También recomendaron prudencia, a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores. 

Entre los principales riesgos, el BCRA y la CNV advirtieron:

•No son dinero de curso legal. Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental y, tal como se mencionó, no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria.

Elevada volatilidad. Se observa que las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos. Incluso los denominados criptoactivos “estables” (stablecoins), que han sido diseñados para mantener su valor con respecto a otro activo o canasta de activos, muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria. Asimismo, el valor de los criptoactivos depende de su grado de aceptación, por lo que puede verse afectado por la ocurrencia de eventos adversos a nivel global.

•Las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar disrupciones operacionales (p. ej. interrupciones en la continuidad de los servicios o fallas de sistema) durante las cuales las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias y, como resultado no poder realizar operaciones, situación que podría reflejarse en pérdidas económicas. Más aún, dichas plataformas pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de las personas usuarias, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos –y en consecuencia la totalidad del capital invertido- sin posibilidad de recuperarlos.

Ausencia de salvaguardas. Los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros. En la actualidad no existen en Argentina criptoactivos ni tokens cuya adquisición o tenencia puedan beneficiarse de ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión. 

Fraude, información incompleta y falta de transparencia. La información provista por los proveedores de servicios de criptoactivos puede ser compleja o incompleta y no revelar adecuadamente los riesgos que enfrentan las personas usuarias e inversoras. En muchas ocasiones los precios se forman sin información pública que los respalde. Asimismo, asociado a la falta de información, los usuarios que realizan operaciones con dichos proveedores podrían estar exponiendo sus datos personales más allá de su intención.

•Por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad que existe para su monitoreo y análisis, es necesario alertar sobre los potenciales riesgos asociados al incumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y respecto de la normativa cambiaria vigente.

•Carácter transfronterizo de las operaciones. En algunos casos, los distintos actores implicados en las operaciones con criptoactivos no se encuentran establecidos en Argentina, por lo que un eventual conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades argentinas.