El Paradigma ambiental y la capacitación obligatoria de los funcionarios públicos en Argentina: La ley Yolanda

Dra, Pioletti, Silvana Daniela – Dalla Palma, Fernanda

Como fuera mencionado recientemente en nuestra publicación realizada en editorial Juris -DJURIS708-, el día 15 de diciembre de 2020 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la ley Yolanda bajo el número 27592, estableciendo que todos los empleados y empleadas de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deberán recibir una capacitación
obligatoria en materia ambiental.


El nombre de la ley conmemora a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina y de América Latina, designada en 1973.

El Senado aprobó la "Ley Yolanda": capacitación ambiental obligatoria en  honor a una tucumana - Tucumán - el tucumano


En su artículo 1o dispone: “Objeto. La presente ley tiene como objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública”.


Como podemos observar la normativa tiene en miras desarrollar en sus destinatarios una mirada integral con perspectiva de desarrollo sostenible con énfasis en el cambio climático,

En relación a la búsqueda de una definición de dichos términos, podemos entender al “cambio climático” como “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad del clima observadas durante periodos de tiempo comparables.”

Ley Yolanda: educando al funcionario - Semanario de Junín


Haciendo una particular referencia a los principios internacionales que rigen el cambio climático en relación con el llamado “desarrollo sustentable” podemos afirmar que: “tras el principio de desarrollo sustentable (también denominado principio de desarrollo sostenible),
radica en la posibilidad de satisfacer las necesidades actuales de la población sin mermar los recursos para las siguientes generaciones en orden a que estas últimas también puedan satisfacer sus necesidades. De las conclusiones evacuadas por la comisión Brutland en 1983, debemos destacar que se logró instalar en el foro mundial el concepto de desarrollo
sostenible, la que definió a este principio como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” -“El Cambio Climático y su Regulación en el Derecho Internacional”, ILAN MOTLES
ESQUENAZI, IGNACIO PORTE BARREAUX, Profesor Guía DRA. ANA MARIA MOURE PINO, UNIVERSIDAD DE CHILE,


Facultad de Derecho Departamento de Derecho Internacional, 2016.-
En ese orden, en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Como hemos señalado en trabajos anteriores, el paradigma ambiental nos propone una “concepción sistémica; búsqueda de una coordinación en el funcionamiento entre los sistemas económico, social y natural; comunicabilidad de los principios entre el Derecho Público y Privado; existencia de bienes colectivo”(…)“El paradigma ambiental se basa en una
idea de interacción compleja que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana”1 y esta ley claramente contribuye a su amplificación en todos los órdenes del estado.-


La norma dispone que la autoridad de aplicación deberá establecer dentro de los noventa (90) días posteriores de su entrada en vigencia “…los lineamientos generales destinados a las capacitaciones resultantes de lo establecido en la presente ley, procurando que dichos lineamientos incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos.” Asimismo, en su artículo 5 establece que “los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección 1 Derecho Ambiental. Ricardo Lorenzetti- Pablo Lorenzetti pag. 36/37. editorial Rubinzal Culzoni 2018. de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.


Resulta destacable la posibilidad de participación pública que se dará en el proceso de confección de los lineamientos generales a las instituciones científicas especializadas en la materia y a la sociedad civil y sus organizaciones.


Cabe remarcar que cada organismo al que pertenezcan los funcionarios a los que se dirige podrán fijar el “modo y forma” en que se establezcan estos cursos.


En su página web, que será de acceso público, difundirá el grado de cumplimiento de la disposiciones en cada uno de los organismos dependientes de los poderes referidos, asimismo publicará un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado.


Estos cursos comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la ley, es decir que proyecta que para el 15 de diciembre de 2021 ya estén establecidos los programas que la instrumenten en los distintos órganos indicados como responsables.


Por otro lado, contempla la posibilidad de imponer una sanción disciplinaria para las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley, pero deja abierto a la reglamentación el tipo de sanción disciplinaria que se elegirá. Los
funcionarios serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate y el incumplimiento de dicha intimación será considerado “falta grave”, siendo posible como sanción adicional hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web de la autoridad de aplicación.

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La ley Yolanda promueve la implementación de instrumentos de capacitación y concientización sobre la problemática del cambio climático para ser aplicadas en los tres Poderes del Estado Nacional, con el objeto de que dichas herramientas doten a todo aquellos que directa o indirectamente inciden sobre el diseño y aplicación de las políticas públicas y la normativa vigente en nuestro país, de toda la información necesaria acerca de la magnitud y alcance del problema en la Argentina y en el mundo.


Se espera que esta normativa ponga en práctica y fortalezca el vínculo entre la comunidad científica y la gestión pública, reforzando las dimensiones participativas y las prácticas compartidas de conocimiento y de estímulo a la corresponsabilidad para transitar el mejor camino hacia una Argentina donde la preservación del ambiente y el desarrollo sostenible
constituyan el común denominador de todas las políticas públicas.
Colofón de lo expuesto, entendemos que La ley 27592 resulta una herramienta valiosa para la República Argentina puesto que desarrolla y amplifica el paradigma ambiental al involucrar a los tres poderes del Estado nacional para que “diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con perspectiva ambiental” apostando así por la construcción de un modelo de “desarrollo sostenible” que fortalece en definitiva “la responsabilidad ambiental en la función pública”, reflejando sus disposiciones fielmente las enseñanzas de Yolanda Ortíz en el sentido de que “…Lo fundamental de la ecología es el reconocer la interrelación
de todos. Si tenemos en cuenta esa solidaridad que hay en la interacción, todos somos uno.


Podemos ser muy diversos, pero somos uno como humanidad.”