EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y EL PELIGRO DE CONSIDERARLO MERCANCÍA

Autoras.- Fernanda Dalla Palma y Silvana Pioletti

El día 7 de diciembre de 2020, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo con el argumento de ayudar a los usuarios – principalmente agricultores- a gestionar el riesgo y equilibrar mejor las demandas competitivas del suministro del bien en medio de la incertidumbre que las inundaciones y sequías graves traen a su disponibilidad, todo ello a cambio de una ganancia para quienes la
comercializan.


En este contexto, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, reaccionó con un mensaje de alerta ante la cotización de este recurso esencial a través de su reciente artículo de fecha 13 de diciembre de 2020 “El agua, ¿bien común o negocio?”, en la medida en que -a su entender- este hecho supone acelerar y profundizar riesgos inaceptables en relación con “el derecho humano al agua”.

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En conclusión, el funcionario señaló los peligros de convertir al agua en una mercancía con la que se especule y adujo que es imposible fijar los valores de un bien declarado como derecho humano que, a diferencia del petróleo, el trigo u otros productos alimenticios, se trata de un “recurso esencial para la vida”.


Expresó que “…No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública”, y recalcó además su importancia en la lucha contra la pandemia de COVID-19.


La República Argentina ha tomado postura ante Naciones Unidas y ha declarado que el derecho humano al agua y al saneamiento se trata de un derecho humano que cada Estado debe asegurar a los individuos sujetos a su jurisdicción y no respecto a otros Estados, enmarcándose en la resolución 1803 de la Asamblea General relativa a la Soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y, en el ámbito regional, en el párrafo 33 de la Declaración Ambiental de Caracas del 29 de abril de 2011,
donde suscribió que “…el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Los estados de la región, de conformidad con sus respectivos marcos jurídicos nacionales asegurarán este derecho a los individuos sujetos a su jurisdicción”, ratificando la soberanía sobre sus recursos naturales.

A su vez, nuestro país adhirió a los principios rectores de Política Hídrica del COHIFE y define al agua y su ciclo como “un recurso renovable, escaso y vulnerable, como un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a
medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso. Su carácter de vulnerable se manifiesta en la creciente degradación de su calidad, lo cual amenaza la propia existencia de la vida”. En dichos principios, entiende que la preservación de un recurso natural esencial como el agua es un deber irrenunciable de los Estados y de la sociedad en pleno. Por ser así, la gestión hídrica debe considerar al ambiente en todas sus actividades, desde la concepción misma de los proyectos y programas hasta su materialización y continua evolución.


En el orden local, y en concordancia con ello, la ley de Aguas 13740 de la Provincia de Santa Fe la conceptualiza como un “bien social, ambiental y paisajístico de las generaciones presentes y futuras” y tiende a la preservación de la existencia del bien en calidad y en cantidad, aplicando para ello los principios de prevención y precaución; asegurando el acceso equitativo al agua para la satisfacción de las necesidades humanas
y sociales a través del mejoramiento de la calidad de vida, priorizando las regiones donde el recurso sea escaso.


Por lo expuesto concluimos, que en el marco normativo descripto, la cotización a futuro del agua potable como mercancía o bien transable en cualquier mercado de valores resulta en general, incompatible con la propia naturaleza intrínseca del agua entendida como bien común y esencial para garantizar el derecho humano a la vida y a su desarrollo
en un medioambiente sano.


Colofón de lo expuesto, consideramos –acorde con el relator especial de la ONU- que el agua como derecho humano básico se encuentra en el caso concreto analizado amenazada en tanto ha sido incluida en el mercado especulativo de California con olvido de su calidad de recurso esencial para la vida, pero al mismo tiempo destacamos que en la República Argentina el derecho humano al agua potable cuenta afortunadamente con una adecuada protección constitucional y convencional, que -entendemos- supone un valladar para que una situación como la descripta llegue a replicarse en el país.


En cuanto al objeto de creación del mercado de futuros del agua, se declaró que estos contratos tendrían por finalidad servir de cobertura para los grandes consumidores de agua, como los cultivadores y las empresas de electricidad, a la vez que otorgarían un indicador de la escasez de agua para los inversores de todo el mundo.

El derecho humano al agua potable fue reconocido por primera vez por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos en 2010.