La disputa… El juego clandestino mueve alrededor de 1.100 millones de pesos mensuales

La cifra fue aportada por el fiscal general, Jorge Baclini, a una comisión de la Cámara de Diputados.  

En la misma jornada en que por órdenes de fiscales se hacían catorce allanamientos contra el juego clandestino en distintos lugares de la provincia, en la Cámara de Diputados la Comisión de información y seguimiento de las causas que investiga a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad mantenía una nueva reunión de la cual participaron el fiscal general Jorge Baclini y el fiscal de Rafaela, Martín Castellano.

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“Estamos muy preocupados por el volumen muy extendido de este delito. Estamos en presencia de una organización provincial o nacional y con un manejo enorme de dinero. Se calcula que el juego ilegal maneja 1.100 millones mensuales en la provincia. Es una de las principales industrias de la provincia” afirmó al término del encuentro el diputado socialista Joaquín Blanco. Cuando se le pregunta de dónde surge la cifra, informa que la aportó el fiscal general Baclini, fruto de la investigación que llevan adelante los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Blanco y Lionella Cattalini fueron voceros del encuentro que se hizo desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Los socialistas estuvieron allí con los radicales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido. Desde la pantalla seguían atentamente Matilde Bruera (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Agustina Donnet (Igualdad).

No se dejó de mencionar en la reunión que, ayer, en uno de los allanamientos de Malabrigo secuestraron 150.000 dólares. “Toda esa plata que aparece en casinos clandestinos se la intenta blanquear en lavado de activos y genera toda una economía donde participan abogados, contadores. Es algo sofisticado”, acotó Blanco quien insistió en que el objetivo de la comisión es “saber no solo la relación que existe con las fuerzas de seguridad sino como llega hasta arriba, como caen los peces gordos que le dan cobertura y salida a esta red de lavados de activos”.

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Los legisladores hablaron con Baclini la posibilidad de que el MPA genere una unidad especial provincial para investigar los delitos vinculados al juego ilegal. “No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad de un fiscal en Malabrigo, o en Vera que están enfrentando a una organización monstruosa, que maneja mucho dinero, con poder para corromper como ocurrió en la fiscalía regional de Rosario. Esta organización corrompió al fiscal regional de Rosario (por Patricio Serjal). Necesitamos reconocer el buen trabajo de los fiscales, pero dar un paso más porque estamos en presencia de un delito enormemente complejo” agregó.

El fiscal rafaelino Castellano tiene a su cargo una investigación que arrancó en 2017 y que tuvo allanamientos recién este año. “Dio algunas explicaciones de por qué había sucedido. Se habló de la presencia de fuerzas federales en los operativos, de filtraciones, de una serie de elementos que según su óptica hicieran que la investigación se retrase en el tiempo. Hay un elemento a seguir indagando, a seguir preguntando con una red muy extendida en Rafaela con muchas salas de juego. Se hicieron más de 40 allanamientos, muchos de esos lugares tenían aval o habilitación municipal con lo cual la cobertura o las complicidades recién estamos tirando el primer hilo para ver hasta dónde se llega”, especificó Blanco.

Cattalini insistió en que el juego clandestino llega a toda la provincia y se debe articular el trabajo desde la fiscalía “pero la política debe entender que los fiscales tienen que tener respaldo, que hay que tener acciones concretas de parte del Estado provincial y los estados municipales que son los que a veces hacen las habilitaciones y hay casos donde no hacen las denuncias”. La legisladora hizo notar que es una red provincial que junta mucho dinero y que el Estado debe trabajar “para abortarla”.