La UIF profundizará la hipótesis económica detrás de la quema de pastizales

La Justicia acepta como querellante en la causa a la Unidad de Información Financiera que comenzaría a profundizar en la hipótesis económica detrás de la quema.

El juez federal Daniel Alonso comenzó esta semana con las indagatorias a  empresarios de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Corrientes por su responsabilidad en los incendios que arrasaron con el ecosistema del humedal.

La investigación de la causa “Baggio” es llevada adelante por el fiscal federal Carlos García Escalada pero la decisión final siempre la tiene el juez. Entre los involucrados se encuentra Rufino Pablo Baggio, uno de los hijos del fundador de la empresa Baggio: 34 mil hectáreas para engorde de ganado están a su nombre. Otro de los imputados es Enzo Federico Vignale, un productor agropecuario que salió públicamente a defenderse de la acusación: “el incendio en cuestión comenzó en un campo lindero, y por efecto de los vientos, se propagó e invadió mi propiedad. Lamento lo ocurrido por la geografía”, sostuvo. La lista de imputados incluye también a Raúl Morist y RachinskyEsteban Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto; y José María Vicenti.

La imputación a los empresarios incluye además el delito de asociación ilícita. Ahora que la UIF es querellante podrá aportar y trabajar sobre la hipótesis de que hay detrás de la quema de pastizales en el Alto Delta del Rio Paraná. Una de las sospechas es la del posible lavado de activos, ya que los focos ígneos fueron intencionales y podrían haber tenido como finalidad “la creación de beneficios económicos de índole agrícola, ganadera o inmobiliaria“. El organismo señaló que la quema generó “un plus valor económico delictivo que provocó el aumento del precio de las propiedades incendiadas en beneficio de sus titulares, enmascarado en la simulación de un simple hecho de la naturaleza”.

Además, planteó una nueva hipótesis: muchos de los propietarios poseen sus terrenos “intrusados” y varios intentan venderlos desde hace tres años. En ese sentido, la UIF ya le pidió varias medidas al juzgado, mientras se llevan adelante las indagatorias, previstas hasta el 13 de noviembre. 

“La UIF busca reencausar la pesquisa bajo una perspectiva económica que direccione el análisis hacia el provecho ilícito buscado a través de estos delitos ambientales, y orientando la lucha contra el lavado hacia los delitos precedentes, conforme a los nuevos lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”sostuvo el organismo en un comunicado.