El magistrado federal de Rosario se encuentra en medio de un escándalo judicial y es investigado por mal desempeño de sus funciones y el favorecimiento a acusados de narcotráfico en causas que estaban a su cargo. A ello se le suma el manejo de fondos de una cooperativa de Puerto San Martín, que derivó en una mutual perteneciente a los hermanos Wphei, que no está habilitada ni controlada como un banco. Asimismo sumó una denuncia hecha por la Justicia de Córdoba por dejar paralizada durante 9 años una causa por evasión que benefició por el paso de los años a "Nuevo Antepuerto SA". 

El caso Cuhna en manos de Bailaque también sufrió un freno por 7 años, a pesar de las múltiples presentaciones  y aún sigue bajo su órbita.

¿Pero por qué este caso se vincula con el actual control de los puertos? Para comenzar, Cunha está sospechado de haber ejercido el cargo de director de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) sin haber recibido el nombramiento correspondiente, de manejar recursos del Estado y de traslados injustificados de los trabajadores, entre otros hechos.

Según las denuncias, Cristian Cunha desempeñó “de hecho” un cargo desde agosto de 2016 y se puso al frente de una oficina desde donde ejerció sin haber sido nombrado efectivamente, haciendo uso de recursos públicos, modificando normativas y tomando decisiones sobre el personal, entre otras actuaciones. El diputado Carlos del Frade realizó una denuncia sobre usurpación de autoridad en el año 2017 (Exp. FRO 28859/2017), a la que se le agregó la realizada por parte de Norberto Bardey (querellante en la causa, quien desempeñaba un puesto en Villa Constitución y se vio afectado por Cunha) sobre investigación de ilícitos penales. Ambas peticiones recaen sobre el ex presidente del PRO en Santa Fe.

Las presentaciones fueron recibidas en el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Marcelo Bailaque, quien nunca llamó a indagatoria a Cristian Cuhna. “Pasó mucho tiempo ejerciendo sin nombramiento y con complicidad. Él era tesorero del PRO en ese momento. Empezó a ejercer las funciones y a todo el mundo le llamó la atención, porque le dieron vehículo, teléfono y empezó a ocupar un espacio físico. En principio pareció que podía estar nombrado, y así transcurrió un tiempo. Luego trajo a un grupo de élite formado por empleados de las empresas que iba a controlar, para justamente ser los controladores de Senasa. Está todo documentado en la causa”, explicó una fuente allegada a INFOROSARIO.

Este año, Pablo Benfatto, quien pertenece al círculo íntimo de Cristian Cunha y que coordinó el control de buques durante el gobierno de Macri, fue nombrado en el Senasa para ser el responsable de la fiscalización y el control de las operaciones portuarias del Gran Rosario. Siguiendo la investigación del periodista Fabricio Navone, durante su cargo anterior aparecieron “un montón de tercerizadas en el millonario negocio de los puertos”. Por decisión de esa administración, le quitaron a Senasa la potestad de controlar las bodegas de los barcos y se la transfirieron a empresas privadas. Mismo Benfatto es titular de Port Solutions S.R.L, una empresa que brinda servicios de desinfección y mantenimiento de tanques.

En 2022 Senasa hizo un convenio con la Oficina Anticorrupción y creó el RITE (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades) que nivela la responsabilidad empresarial de las terciarizadas con la de funcionario público. Según una fuente consultada por La Política Online, Cunha y Benfatto les dieron el negocio a estas empresas sin ninguna auditoría estatal: "Les cobraban tarifas planas a los buques para habilitarles las bodegas. A veces ni iban a chequear y decidían de manera discrecional qué barco podía cargar y cual no”.

Otra fuente agregó a nuestro medio: “Se dejó de controlar y ni siquiera rendían cuentas. Tremendo negocio. Habilitan o rechazan según cómo arreglen”.

De acuerdo a la investigación, una vez más la actuación de Bailaque favoreció estas maniobras: “Cuando Bailque quería proteger una causa no tenía ningún reparo en pasar por arriba de los códigos de procedimiento”.