El juez de Cámara de Rosario, Gustavo Salvador, resolvió otorgar la libertad bajo fianza a los cuatro exdirectivos de Vicentín que permanecían detenidos desde marzo, cuando fueron arrestados en el marco de la causa que investiga el vaciamiento y las estafas millonarias contra la histórica agroexportadora santafesina.
El juez Gustavo Salvador aceptó el pedido de excarcelación tras una audiencia de revisión. Siguen imputados por asociación ilícita, fraude y lavado.
La medida alcanza a Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos. Los cuatro quedaron en libertad bajo condiciones restrictivas, tras abonar una caución de u$s1 millón cada uno.
Tras días de audiencia en las que se escuchó a todas las partes, el camarista Gustavo Salvador definió que los ejecutivos no sigan tras las rejas. El argumento central de la defensa de los imputados es señalar que al estar la compañía intervenida y conducida judicialmente, ya no existe el “riesgo procesal” de que los ejecutivos estén libres. Además, les prohibió salir del país.
"Valoro el apego a las garantías constitucionales que mostró el camarista, pero el criterio para apreciar si se las afectaba estuvo equivocado", señaló uno de los querellantes de la causa, el abogado Gustavo Feldman. "Hubo mala intepretación del derecho y de los hechos", insistió el letrado.
El abogado querellante resaltó que lo importante es que el juez "dejó viva la imputación porque la consideró verosímil", ya que sólo rechazó algunas pruebas, como facturas, que mostraban que los ejecutivos habían usado fondos de la empresa para solventar sus gastos personales en abogados.
"Tampoco hubo en la investigación violación del secreto fiscal o bancario", dijo haciendo alusión a que los datos sobre el desvío de fondos (de una empresa que se decía sin caja para pagar salarios) salieron de los libros contables de la emrpesa,
En efecto, en la asamblea imputativa del 28 de marzo, que terminó con cuatro directivos de Vicentín en prisión preventiva, los fiscales informaron que “ entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044, que actualizados llegan a $6.000 millones".
¿Y para qué gastos personales se llevaron esos fondos? Según Fiscalía, los usaban para el pago de honorarios de abogados penalistas que deberían haber financiado ellos de su bolsillo y no con fondos de la empresa porque los letrados no representan a la firma y las acusaciones penales pesan sobre ellos a título personal.
"Todo esto dará lugar a la evaluación por parte de la jerarquía del MPA en cuanto a interponer o no un recurso de inconstitucionalidad a la Corte", completó Feldman sobre la decisión de segunda instancia.
