El juez Marcelo Bailaque presentó este martes su renuncia ante el Ministerio de Justicia, la cual deberá ser aceptada o no por el Poder Ejecutivo. En el caso de ser aceptaba implicaría la pérdida de los fueros y que se concrete la detención domiciliaria que fue ordenada en tres causas penales en las que está acusado por extorsión y vínculos con el narcotráfico.

En diálogo exclusivo con INFOROSARIO, la legisladora Lionella Cattalini, quien ya había denunciado penalmente a Bailaque en agosto de 2024 y pedido su destitución en noviembre, expresó: “La decisión de Bailaque tiene que ver por un lado con asumir la responsabilidad, la culpabilidad, porque nadie renuncia a un cargo tan importante si no hay claros indicios de que va a perder, ser condenado o destituido”.

“Creo que lamentablemente este proceso demoró mucho. Se inició en 2022 y recién ahora hubo avance en el Consejo de la Magistratura. Entonces lamento eso, porque de alguna manera favoreció a la impunidad. Hoy sigue siendo juez y tomando decisiones, es algo gravísimo e inexplicable”, continuó.

En cuanto a la expectativa del proceso, la diputada provincial, sostuvo que la causa Bailaque debería ser un punto de inflexión para la Justicia: “Falta que sea condenado y vaya preso. Las pruebas son contundentes, lo decimos los que lo denunciamos, lo dijo un juez, una Cámara que ratificó la imputación y la prisión preventiva, no hay mucho más que discutir. Bailaque renunció en primer lugar porque es culpable y porque quiere acogerse al beneficio jubilatorio. Entiendo que lo lógico sería que el Consejo de la Magistratura avance, pero teniendo en cuenta todas estas demoras es una situación contradictoria. Porque sería justo que sea destituido y que no pueda cobrar esa jubilación, pero también hay antecedente de demoras en el proceso que nos hacen dudar de lo que podría pasar”.

En este sentido, Cattalini indicó también: “Lo ejemplificador sería que se lo echara. Tiene que dejar de ser juez”.

Finalmente subrayó: “Algunos lo protegieron y permitieron que un juez imputado con prisión preventiva dictada y confirmada, siguiera tomando decisiones y hoy se acoja al beneficio jubilatorio como si fuera uno más. Creo que hay que hacer una reflexión de por qué el Consejo de la Magistratura permitió que esto ocurriera”.