Se trata del juez federal de Rosario con una prisión domiciliaria y acusada de mal desempeño. Si el gobierno de Javier Milei la acepta quedará preso.
El juez federal Marcelo Bailaque, investigado por extorsión y narcotráfico en Rosario, renunció este miércoles y el presidente Javier Milei deberá definir si acepta la renuncia. La dimisión fue oficializada mediante una nota fechada el 10 de junio de 2025, y dirigida al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
De ser aceptaba implicaría la perdida de los fueros y que se concrete la detención domiciliaria que fue ordenada en tres causas penales en las que está acusado por extorsión y vínculos con el narcotráfico.
La presentación de la renuncia ocurre mientras el Consejo de la Magistratura evaluaba su desempeño, tras las denuncias y el avance de un expediente disciplinario que lo tenía bajo la lupa. En ese marco, Bailaque decidió anticiparse a una eventual destitución y optó por presentar su dimisión.
El trámite administrativo ahora queda en manos del Poder Ejecutivo, que deberá aceptar formalmente la renuncia, siguiendo el procedimiento habitual para los magistrados federales.
La situación de Bailaque es crítica: enfrenta tres causas penales en su contra, con imputaciones gravísimas y pedidos de prisión preventiva. Si el Poder Ejecutivo acepta su renuncia, el juez perdería sus fueros y debería cumplir prisión domiciliaria, tal como dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Bailaque también está siendo investigado por una causa por extorsiones, junto con el financista Fernando Whpei y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. Durante la imputación los fiscales acusaron al magistrado y a estas dos personas de tramar una estrategia judicial para perjudicar al empresario Claudio Iglesias, al que le pidieron una coima de 200.000 dólares.
Además, Bailaque está imputado por otro episodio oscuro, en el que favoreció a su “amigo” Whpei con la administración de los fondos de una cooperativa que estaba intervenida por su juzgado.
Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
