Se recibió a integrantes de la Asociación Civil Familiares Víctimas de la Inseguridad, en pos de ampliar la discriminación positiva en la generación de empleo, con la posibilidad de empleabilidad a familiares víctimas de violencia urbana.

Se presentó, entre otras, Romina Paredes, referente de la organización, quien perdió a su cuñado, y luego indirectamente a su pareja. Al igual que las otras expositoras que la procedieron en el uso de la palabra solicitó que se incluya – de alguna forma – a los familiares víctimas de la inseguridad en los cupos laborales que disponga el Estado local.

Otro proyecto anterior, más laxo en cuanto al requerimiento, propone una mayor empleabilidad y vínculo con el municipio. Reclamó que los sistemas oficiales de carga de datos para empleo “es una arteria poco potable”.

“Queremos trabajar y no una ayuda económica. Hemos perdido la dignidad laboral, estamos psicológicamente afectados”, indicó y reiteró el reclamo por empleo digno.

Otro de los testimonios fue el de Manuela Lucero, hermana de otra víctima que dejó 5 hijos. Se encuentra de sus sobrinos, sin trabajo, y coincide en la necesidad de empleo, sin subsidios ni entrega de dinero.

“No hay seguimiento de a los familiares de víctimas. El área municipal ayuda con cursos, etc. No tiene que ser ayuda temporal para un curso, queremos trabajo”, agregó.

También brindó su parecer en el mismo sentido Andrea López, familiar de una fallecida víctima de la violencia, al igual que la hermana de Fabián Iunissi asesinado en calle Mendoza al 4600. En el mismo tenor reclamó la falta de acompañamiento, los escasos recursos, etc

“Hay que ver en cada familia como se desempeñaba el familiar que ya no está, el rol que cumplía. Nadie quiere subsidio, queremos ganar dignidad que solo se consigue con trabajo”, agregó.

Al respecto se refirió la titular de comisión, Norma López, del bloque Justicia Social  tras escuchar los diversos testimonios. En primer lugar consideró legítimo el reclamo; subrayó la importancia del acompañamiento psicológico y el abordaje de salud mental, por lo que ofreció realizar las gestiones ante los organismos provinciales competentes.

“Su lucha es de mucha dignidad. Vamos a hacer una reunión con el director de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas, Gonzalo (Bonifazi)”, sugirió López.

Luego marcó la importancia de involucrar al municipio para arribar a una resolución concreta. “Si no es cupo laboral que sea condiciones de empleabilidad”, manifestó.

Por otro lado, indagó Hernán Calatayud, de Volver a Rosario, por la composición de la Asociación Civil que tiene entre 10/15 familias afectadas en forma directa, y 8/10 personas que reclaman empleo urgente. “Un formato cooperativo les daría la oportunidad de llevarlo para distintas oportunidades y lograr desarrollo”, sugirió.

Por su parte, Julián Ferrero, de Ciudad Futura planteó la posibilidad de un programa de reinserción laboral y la necesidad de articular políticas públicas con la dirección de Empleo y con el Área de atención de Víctimas. “No es lo mismo reinserción que cupo laboral”, esbozó.

Sobre el cierre los familiares de víctimas reclamaron la posibilidad de acceso a un trabajo temporal, en caso de no lograrse la posibilidad de un trabajo formal estable; y precisaron que cualquier persona con derechos vulnerados, como ocurre con el cupo laboral trans, tiene derecho a acceder a un empleo.