Nuevo Código Penal: Habrá en Rosario tres equipos de defensores oficiales en forma simultánea

Cómo se organizan los defensores para encarar el nuevo sistema que comenzará a regir el 6 de mayo.

La puesta en marcha del sistema acusatorio en el Departamento Judicial de Rosario, que anunció de apuro el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, implica una serie de cambios que alcanzan a jueces, defensores oficiales y fiscales.

Con el nuevo sistema los fiscales llevan adelante las pesquinsas, los jueces controlan y los defensores públicos asisten a quienes no tienen abogados particulares. Uno de los principales cambios es la oralidad.

En audiencias públicas se informan sobre los pedidos de arrestos, allanamientos y medidas en marcha, con la presencia de todas las partes. Por eso pasar de un sistema escrito como el actual al oral implica una serie de adaptaciones.

En esa línea, la Defensoría General de la Nación (DGN) aprobó, mediante la Resolución DGN Nº369/24, el “Proyecto piloto de unidades de defensa” para la jurisdicción federal de Rosario, con el fin de reorganizar el servicio de defensa pública frente a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Desde el 6 de mayo, cuando arranque el nuevo sistema, en todo suceso delictivo que se cometa en la jurisdicción federal de Rosario se aplicará el sistema acusatorio; mientras que las causas penales que se encontraban en trámite allí de manera previa continuarán su desarrollo bajo las reglas del actual Código Procesal Penal Nacional. 

“Esto hará que coexistan tres escenarios de litigio que la defensa pública deberá cubrir adecuadamente, estos son la defensa penal bajo el sistema acusatorio, bajo el procedimiento actual y en materia no penal”, explicó la Defensoria.

Se indicó que las políticas específicas que la DGN ejecutará, ante el inminente cambio funcional que produce la aplicación del CPPF, consisten en la formación de unidades y equipos de defensa. El proyecto busca garantizar la asistencia jurídica integral y a promover la defensa de los derechos fundamentales de las personas reproduciendo la experiencia observada en la jurisdicción federal de Salta, donde el nuevo procedimiento se encuentra vigente con éxito desde 2019.

Defensor/a Público/a de Coordinación

Para cumplir con estos objetivos, también se activó, a través de la Resolución DGN Nº362/24, la figura del/de la Defensor/a Público/a de Coordinación, quien tendrá la responsabilidad de supervisar el trabajo y gestionar las necesidades de todas las estructuras de la defensa pública federal de la jurisdicción.

La elección de esa figura surge de una terna propuesta por los/as magistrados/as de la jurisdicción y es elegida por la Defensora General de la Nación en función de sus antecedentes y experiencia, la duración en su función es de un año y podrá ser reelecta.

De ella dependerán la totalidad de recursos materiales y humanos disponibles para la defensa pública en la jurisdicción.

Para ejercer esa función de coadyuvar “en la organización de la defensa pública y garantizar la adecuada prestación del servicio en los distintos escenarios de litigio, se designó a la Dra. Rosana Andrea Gambacorta, actual Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia N°1 de Rosario, quien asumirá a partir de la efectiva puesta en funcionamiento del CPPF”.

A partir de lo previsto en este proyecto piloto, las defensorías públicas oficiales se convertirán en unidades de defensa de las cuales unas se dedicarán a los casos penales iniciados desde la implementación del CPPF; otras se encargarán, hasta su finalización definitiva, de los casos pendientes que se rigen bajo el código actual; y otras que se destinarán para todas las intervenciones sobre asuntos de otras materias no penales. 

Los/as magistrados/as y/o defensores/as públicos/as coadyuvantes brindarán asistencia técnica en el ámbito de litigio asignado, desde el inicio del caso hasta su finalización, para lo cual recibirán colaboración del personal técnico jurídico y administrativo.

De ese modo, la ciudad de Rosario contará con cuatro de estas unidades:

  • Unidad de defensa acusatorio (supervisor Dr. Fabio Hernán Procajlo)
  • Unidad de defensa penal remanente (supervisor Dr. Julio Enrique Enzo Agnoli)
  • Unidad de defensa en materia no penal (supervisora Dra. Rosana Andrea Gambacorta)
  • Unidad de defensa Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Capacidad Jurídica Limitada (supervisora Dra. María Fernanda Tugnoli)

En la ciudad de Santa Fe se crearán tres unidades de defensa:

Unidad de defensa acusatorio (supervisor Dr. Pablo Andrés Vacani)

Unidad de defensa penal remanente (supervisor Dr. Fernando Sánchez)

Unidad de defensa en materia no penal (supervisor Dr. Mariano Rosatti)

Asimismo, se creará una “Unidad de defensa pública”, que tendrán competencia múltiple, para cada una de las ciudades de Rafaela (supervisor Dr. Eduardo Marcelo Cerda), San Nicolás (supervisor Dr. Héctor Silvio Galarza Azzoni) y Venado Tuerto (supervisor Dra. Silvina Andrea Costa).

Por último, también se conformará un “Equipo de defensa en materia de ejecución penal” para brindar asistencia técnica efectiva y adecuada a toda persona en cumplimiento de pena y/o de reglas de conducta, con independencia del sistema (CPPF o Ley Nº 23.984) y la etapa procesal en que ello suceda. 

Este equipo se dividirá en dos sedes funcionales -una en la ciudad de Rosario y la otra en Santa Fe-, en atención a la particular problemática penitenciaria existente en la provincia de Santa Fe.

 

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