La Libertad Avanza y Vida y Familia presentaron a fines de diciembre un amparo planteando la inconstitucionalidad de varios puntos de la convocatoria a la reforma de la Constitución santafesina. La presentación fue radicada ante la jueza Civil y Comercial de Rosario, Susana Gueiler, y los cuestionamientos apuntan a tres puntos de la ley sancionada por la Legislatura. Primero, un cierto exceso por parte de los legisladores al determinar el sentido en el que tienen que concretarse las modificaciones; segundo, el sistema de la elección de los convencionales y tercero, la exclusión de los miembros del Poder Judicial para ser convencionales.

Posteriormente a la realización de la audiencia, el diputado Nicolás Mayoraz manifestó a INFOROSARIO: “Estamos muy conformes, el juez y la Fiscalía de Estado le dieron relevancia a un tema clave como es este, los cuestionamientos tienen peso y seriedad para justificar que se habilite la feria como se hizo y que se discuta. El juez quería escuchar a las partes, tanto a nosotros como a la Provincia de Santa Fe”.

En diálogo exclusivo con nuestro medio continuó: “Nosotros planteamos en la audiencia que esperamos que la Legislatura revise los puntos que cuestionamos. Queremos una reforma constitucional pero entendemos que esto está mal planteado, desde el momento que lo que hace es meterse en cuestiones que le corresponde resolver a los convencionales y no a la Legislatura, que es el contenido de la reforma. Si no los legisladores se estarían convirtiendo en convencionales”.

El diputado libertario indicó que “fundamentalmente el mayor problema que planteamos es que hubo un acuerdo de Pullaro para garantizarse su reelección y entregó un punto que para nosotros es clave, que es el de la posibilidad de ir a un sistema unicameral. El cuestionamiento es que esta reforma se hizo a las apuradas, de espaldas a la sociedad, no se discutió y estamos hablando de un órgano muy sensible de la política como es la Legislatura. Es la tercera más cara del país, con un sistema bastante arcaico del manejo de los fondos discrecionales que los senadores tienen para repartir en sus provincias y en definitiva no ha servido para que los Departamentos más postergados tuvieran algún tipo de mejora. Creemos que esa discusión se debió dar”.

Consultado por los plazos para obtener una respuesta por parte de la Justicia, Mayoraz informó que “el amparo puede que se resuelva la semana que viene o a principios de la otra, pero aspiramos a que antes de fin de mes tengamos una sentencia de primera instancia como para ir avanzando en nuestro planteo” y agregó: “somos optimistas, el juez escuchó los cuestionamientos que hicimos”.

Uno de los puntos que objetaron desde LLA tiene que ver con el formato de elección de los convencionales. “No tiene ninguna explicación, porque la Constitución santafesina es clara en cómo se tienen que elegir, tiene que ser por lista única y acá estamos hablando de una lista que para elegir 50 por un lado y por otro uno por Departamento. Es como que Pullaro dice dame la reelección y te doy la garantía de disputar solo en el Departamento. Es una ventaja innegable que no está en la Constitución y va en perjuicio de la ciudadanía. Solo se explica por el acuerdo de casta de Pullaro con los senadores”, apuntó el diputado.

Por otro lado, el legislador nacional mencionó la discriminación miembros del Poder Judicial  y expresó que “la Constitución dice que no hay incompatibilidad con cargos municipales, provinciales y nacionales. Cualquier ciudadano puede ser convencional”.

Finalmente destacó: “Tenemos mucha expectativa de que esto se resuelva positivamente, vamos a participar de la contienda electoral, pero creemos que la reforma no se puede tratar de esta manera tan desprolija, a las apuradas y mal hecha como se hizo en este caso. Esta elección se hará al mismo tiempo que las PASO, por eso decimos que la ciudadanía sepa lo que va a votar y elegir. Parece una cosa hecha a propósito para evitar una discusión seria”.

Desde posiciones encontradas,  LLA y la Provincia plantearon en la audiencia sus posiciones, sin posibilidad de acercamientos. Mientras, la Justicia deberá definir si algunos artículos son inconstitucionales.