"Nosotros ya presentamos nuestra propuesta. Si los gobernadores están a favor del aumento del presupuesto que les den ellos los fondos de obras públicas", dijo una fuente muy cercana a Milei. Y agregó: "El tema de las marchas y movilizaciones no tienen solución, porque este año el presupuesto es un tema cerrado, lo tendrán que resolver ellos o se van a diluir solas".

De esta manera, después de que los rectores y centros de estudiantes decidieran levantar la mayoría de las tomas y pasar a protestas más pacíficas como el paro nacional de este jueves, el Gobierno de Milei salió por segundo día consecutivo, a bajar el tono y despegarse del conflicto con las universidades y concentró el conflicto en un "pequeño grupo violento".

"Qué quieren que hagamos si los troskos nos quieren voltear", había dicho el martes una alta fuente de la Casa Rosada, en medio de un clima de creciente violencia por los incidentes producidos entre estudiantes y militantes libertarios en algunas de las protestas.

En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este jueves ante periodistas acreditados en Casa Rosada, que la discusión por los aumentos salariales de docentes universitarios para el Gobierno "es un tema terminado, Está cerrada esa discusión", afirmó e invitó a "todos los rectores a debatir el presupuesto 2025 en el marco de la ley de presupuesto 2025, que según el gobierno, es lo que corresponde.

"El ámbito para debatir es el Congreso, no en la calle ni las universidades, la toma de universidades es un tema que reviste la absoluta ilegalidad. De todas maneras la violencia que hemos visto todos es de un grupo minoritario. La gran mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes quieren que las universidades funcionen, que se den clases. La violencia no está dentro de la lógica ni del gobierno ni de la comunidad educativa", dijo el vocero de Milei y llamó a "repudiar a los violentos".

En tanto, el Gobierno se prepara para el debate del presupuesto educativo 2025 en la comisión de Diputados, e invitó a que se presenten los rectores y los gobernadores, para definir de dónde se van a sacar las partidas para ampliar el financiamiento a las universidades. Estamos de acuerdo en ampliar, pero siempre sosteniendo el equilibrio fiscal", dicen en Casa Rosada.

En ese clima entre las protestas universitarias, el llamado al diálogo y las duras críticas de Milei acusando de "chorros a los que no se dejen auditar", el Gobierno insiste en presionar a las autoridades universitarias para que acepten ser controladas por la SIGEN, el organismo de control del Poder Ejecutivo que el procurador general, Rodolfo Barra habilitó esta semana a intervenir, mediante un dictamen que busca derogar un decreto del gobierno de Cristina Kirchner que habilitaba a esas auditorías solo a la AGN, que depende del Congreso.

Era un reclamo de los diputados aliados del PRO que reclamaron al gobierno que agilice la conformación de los organismos de auditorías y esta semana el gobierno agilizó las designaciones.