El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió un sumario para investigar el desempeño del juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal N°4 de Rosario y quien supo encabezar un juzgado de la ciudad de Santa Fe, actualmente acéfalo.

La apertura de la investigación se dio a raíz de un pedido realizado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, en el marco de los alegatos de cierre del juicio contra Esteban Lindor Alvarado, condenado por asociación ilícita e instigar un homicidio y a su vez por el contrabando de un cargamento de marihuana que fue hallado en la provincia de Río Negro.

En aquel pedido, los fiscales solicitaron al tribunal que se remitieran las actuaciones del caso al Consejo de la Magistratura para que desde el organismo nacional se evalúe por qué Bailaque no autorizó medidas de prueba para investigar en el ámbito de la Justicia federal a Esteban Lindor Alvarado entre el 2013 y 2015.

El órgano que realiza los concursos para seleccionar jueces federales del país dispuso investigar a Bailaque por una denuncia que presentaron los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y María Eugenia Iribarren. Los funcionarios judiciales acusan al magistrado por omitir pedidos de producción de prueba contra Alvarado, hace más de una década, cuando se consolidaba como un actor relevante del narcotráfico en Rosario.

La causa contra Bailaque se basa en la declaración del Comisario General Emilio Lencina, cuando se desempeñaba como comisario general de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quien declaró que el juez Bailaque se habría negado a intervenir la línea telefónica de la organización de Alvarado y recién hizo lugar a la medida meses después del pedido. En el juicio que se le siguió a Alvarado hace dos años y que concluyó con una condena para jefe narco por homicidios, extorsiones y lavado de activos.   

Lencina reveló entonces que Bailaque se negó reiteradamente a intervenir teléfonos de tres personas involucradas en narcotráfico.

El magistrado lo hizo un año después de la evidencia que así se lo recomendaba. El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, también acusó a Bailaque de incumplir sus obligaciones procesales en las causas que se instruían sobre Alvarado.  

La conducta del juez lo dejó bajo sospecha por lo que los fiscales de provincia, al analizar que durante años las investigaciones contra Alvarado permanecieron “dormidas”, decidieron solicitar al tribunal que juzgó al capo narco de Rosario que remita las actuaciones del juicio al Consejo de la Magistratura de la Nación.

En ese organismo, el miércoles por la tarde, se dispuso la apertura de un sumario administrativo y que se notifique al magistrado federal para que designe un abogado y así pueda aportar pruebas y defenderse.

El desempeño del juez federal también supo estar sujeto a revisión cuando estuvo al frente del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe e intervino en la causa que investigó a la narcotraficante santafesina, Lorena Melgarejo, y su pareja, Claudio Pulga Casco. Ambos condenados por financiar la llegada a un campo del departamento San Justo de una avioneta con estupefacientes.

Tanto Melgarejo como Casco estuvieron prófugos y en plena búsqueda, el fiscal federal, Walter Rodríguez, solicitó a Bailaque allanar un domicilio Crespo al 7900 de la ciudad de Santa Fe, ya que en ese entonces (era el 27 de junio del 2020) circulaba la información de que Melgarejo se encontraba en una propiedad.

No obstante, el magistrado negó el pedido porque consideró que previo a permitir el ingreso de los efectivos antinarcóticos al domicilio, la Fiscalía debía explicar “de qué manera obtuvo la información” sobre que Melgarejo estaba en esa vivienda.

El rechazo del pedido de allanamiento fue recurrido por el fiscal Rodríguez a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al sostener que la decisión del juez podría producir “la consolidación de un precedente inaceptable de gravedad institucional” y que comprometería y produciría un impacto en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

Pero el planteo fue rechazado por los jueces de la Cámara, Guillermo Toledo y Fernando Barbará, quienes bancaron a Bailaque, ya que entendieron que el juez “no rechazó” el allanamiento, sino que “exigió el aporte de mayores datos para proceder en consecuencia”.

En paralelo, el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez federal por el pedido de allanamiento negado a la Fiscalía. Sin embargo, el organismo nacional desestimó la denuncia contra Bailaque.