"Este nuevo Código permite el uso de las figuras y procedimientos aprobados en esta Cámara y solicitadas por el gobernador, Maximiliano Pullaro, para hacer frente a uno de los mayores problemas de los santafesinos: la inseguridad", aseguró el diputado oficialista, Dionisio Scarpin.

En esa misma línea, indicó que es necesario adaptar las normas procesales a las leyes solicitadas por el exministro de Seguridad, y aprobadas en la Legislatura, "para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico".

Entre los puntos que generaron más polémica de la profunda reforma del Código Procesal Penal de la provincia sobre todo en Diputados, se destacan la eliminación de las audiencias para ciertos casos, la extensión de los plazos de las detenciones previa a la imputación y que la policía retome atribuciones para desarrollar un control autónomo de los procesos penales.

Además, la norma elimina la feria judicial en este fuero. El cambio apunta a que no se resienta el servicio de justicia durante los recesos de verano e invierno.

"La feria judicial no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del cincuenta por ciento (50%) del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda", estipula el texto de 24 páginas y 48 artículos.

La iniciativa votada este miércoles 27 por la Legislatura constituye el mayor cambio del andamiaje penal en la provincia desde 2014. Ese año entró en vigencia el nuevo sistema, pasó del esquema inquisitorio al acusatorio y desplazó el centro de gravedad de la investigación de los jueces a los fiscales.

Después de un intenso ping pong entre ambas Cámaras, que cambiaron el día de sesión al miércoles para poder aprobar la norma antes de Semana Santa, la reforma se convirtió en ley.

En el Senado la iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad. En Diputados cosechó en la votación en general 33 votos positivos entre los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, el peronismo, Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar.

En tanto, se registraron dos votos negativos, de Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, y hubo 14 legisladores ausentes.

En la votación en particular, integrantes de la bancada de Juntos Avancemos - como Alejandra Rodenas, Marcos Corach, Sonia Martorano y Verónica Baró Graff -, del bloque referenciado en Amalia Granata, Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz se abstuvieron o votaron en contra de ciertos artículos del proyecto.

Por ejemplo, los referidos al allanamiento (artículo 9) y al allanamiento sin orden judicial (artículo 10), el recurso del hábeas corpus (artículo 36), y la institucionalización de las figuras de agente encubierto, revelador e informante y la entrega vigilada (artículo 39).